216 familias se encuentran en lista de espera en Pamplona para una vivienda de emergencia social

Un total de 99 unidades familiares han accedido a alguna de las viviendas de emergencia habitacional del Ayuntamiento de Pamplona en los últimos tres años, gracias a la incorporación de nuevos inmuebles disponibles, así como a la reducción de un 30% de viviendas tomadas por okupas, según ha explicado en rueda de prensa la concejala de Servicios Sociales, quien ha precisado que aun así, las demandas son mayores que la disponibilidad de recursos.

En estos momentos, el registro de solicitantes de viviendas de emergencia cuenta con 216 unidades familiares en lista de espera, a las que se han sumado en los últimos meses otro centenar, pendiente todavía de valoración para saber si se ajustan a los criterios de acceso a este tipo de soluciones de vivienda de emergencia. Los criterios de acceso y el baremo que ordena la lista de espera vienen regulados en la ordenanza municipal de viviendas de emergencia, que recoge entre otros: empadronamiento y residencia efectiva en Pamplona con una antigüedad de dos años, y no superar un tope de ingresos ni disponer de un patrimonio cuyo valor sea superior al 1,5 del IPREM. También se contemplan elementos de discriminación positiva, que deben ser debidamente motivados, como ser familia monoparental, tener menores a cargo, discapacidad y/o dependencia, o ser víctimas de violencia de género, entre otros.

De hecho, según ha detallado Caballero, el fondo de emergencia ha aumentado de 130 a 171, tras la rehabilitación de 41 viviendas para su uso por las personas con necesidades urgentes. En lo que va de legislatura, el Consistorio está invirtiendo 2,9 millones de euros en rehabilitar viviendas para soluciones habitacionales, "un 1,3 más que en la legislatura anterior", aunque no ha explicado cuántas de estas rehabilitaciones devienen del mandato prececente.

Estos datos han sido presentados hoy en rueda de prensa por la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, y la directora del área, Olivia Elizari.

El Ayuntamiento de Pamplona ha intensificado la labor de acogida, en respuesta a la creciente demanda en los últimos años. Una demanda que se ha visto condicionada por la crisis fruto de la pandemia del COVID-19, que" ha agudizado situaciones de pobreza y necesidad económica y social", ha dicho la responsable del área. El Consistorio, que cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros para sufragar el programa de vivienda de emergencia social, ha ejecutado ya el 73% (2,9 millones, incluidos cerca de 800.000 euros del segundo semestre de 2019 y la previsión a cierre de 2022) para ampliar y mejorar la oferta de espacios habitacionales.

De hecho, además de las 41 viviendas ya terminadas, a lo largo de este año se van a incorporar otras nueve, y en 2023 se espera que sean 12 más, todas ellas en San Pedro, de forma que el fondo sumará desde 2019 un total de 62 viviendas reformadas más, para destinarlas a unidades familiares vulnerables.

El acceso de 99 unidades familiares a una vivienda de emergencia ha sido posible, por un lado, porque se ha producido una rotación de 50 unidades beneficiarias, que han encontrado otros recursos o han salido de la situación de vulnerabilidad que les había permitido el acceso a ellas; y, por otro, gracias a la incorporación de los nuevos inmuebles reformados. El resto de viviendas de que dispone el fondo están ocupadas por unidades familiares que habían accedido a ellas en años anteriores.

Otros recursos disponibles

El fondo de viviendas de emergencia habitacional, que terminará con 180 viviendas a final de año, es uno de los recursos del Ayuntamiento en materia de vivienda social, pero no es el único. De hecho, el Consistorio cuenta con herramientas de apoyo a mayores, a mujeres víctimas de violencia de género y a personas sin hogar. En concreto, dispone de 143 apartamentos para mayores de 65 años, 50 plazas para personas sin hogar en situación de calle y 19 viviendas para mujeres víctimas de violencia. En total 392 viviendas y recursos en favor de colectivos especialmente vulnerables.

Además, el Ayuntamiento ha incrementado este año un 286% el presupuesto destinado a la cobertura habitacional de unidades familiares que se ven en la calle, pasando de 70.000 a 270.000 euros, con el objetivo de sufragar gastos de pensión o establecimiento hotelero para dar cobertura a situaciones de emergencia social que deben ser resueltas de forma inmediata para evitar que familias con menores se encuentren en situación de calle.

Por otro lado, en los últimos años se ha incrementado la cesión de viviendas a entidades sociales para cubrir las necesidades residenciales. Así, además de la cesión de cuatro viviendas en junio de 2019 a la asociación Apoyo Mutuo, se han cedido cinco viviendas para unidades familiares y jóvenes migrantes no acompañados y el piso del Paseo de Sarasate para crear una residencia para personas con discapacidad intelectual. Igualmente, se ha cedido el chalé de Caparroso para unidades familiares solicitantes de protección internacional y refugio, que están en situación de máxima vulnerabilidad.

Recuperación y rehabilitación

La ampliación de la red de viviendas disponible para el uso por personas en situación de vulnerabilidad va de la mano de la recuperación y rehabilitación de viviendas municipales en desuso y, en ocasiones, ocupadas. En este sentido, el Consistorio dispone de un protocolo de actuación ante viviendas municipales ocupadas, en colaboración con las áreas de Seguridad Ciudadana, Hacienda, Servicios Sociales, y Proyectos y Conservación Urbana, junto con los servicios jurídicos municipales. Las actuaciones varían en función del tipo de ocupación y las necesidades de las personas que han ocupado la vivienda.

El protocolo y la colaboración entre las distintas áreas ha permitido reducir un 30% el número de inmuebles ocupados, que han pasado de 48 en agosto de 2021 a 34 este mes de septiembre. En este último año se ha procedido a la desocupación de 14 viviendas que, tras las reformas y actuaciones necesarias, podrán incorporarse a la red de recursos municipales para personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad y necesidad.

Parte de la labor de rehabilitación corre a cargo, además de los diferentes programas de Empleo Social y de las Escuelas Taller del Ayuntamiento, que permite a personas vulnerables acceder a una formación y un puesto de trabajo, que les abre la puerta a su incorporación al mercado laboral. En esta legislatura, las personas participantes en estas iniciativas han colaborado en la rehabilitación de siete viviendas, que han pasado a formar parte del fondo de vivienda de emergencia.