8-M | Y al fin, ‘Yo sí te creo’

El 8M llega este año en plena resaca de la sentencia del caso Alves, una resolución aplaudida y celebrada desde los feminismos por el cambio de paradigma que supone en el tratamiento de la violencia sexual. El motivo, que esta sentencia pone en primer plano dos conceptos reivindicados históricamente por el movimiento: el consentimiento y la credibilidad de la víctima. “La sentencia es el resultado de años de lucha, en las calles y de los feminismos”, analiza Violeta Assiego, abogada y activista de derechos humanos. Una lucha que tuvo un punto de inflexión en el tratamiento de la violación de La Manada en los Sanfermines de 2016. “Hay un recorrido hasta la sentencia del caso Alves, aquí influyen muchos cambios y muchas modificaciones en los protocolos y en las leyes que se dieron a raíz de La Manada”, apunta Assiego. De hecho, Yo sí te creo, No es No y No es abuso, es violación fueron las consignas de las multitudinarias manifestaciones que siguieron a las polémicas sentencias de la Audiencia Provincial de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

La ley del solo sí es sí es uno de los frutos de esta lucha. Elimina el abuso y considera agresión cualquier delito sexual sin consentimiento. Pero en el caso de la violación de Dani Alves han influido también otros protocolos y leyes. Es el caso del protocolo No Callem, aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2018 para abordar las violencias machistas en el ocio nocturno. “Toda la actuación de los empleados (de la discoteca) no hubiera sido posible sin el protocolo No Callem. Esto es muy relevante. Se ha puesto el foco en el ‘sí es sí’, pero no se ha hablado nada de dos referencias importantes, una de ellas es este protocolo. Ni siquiera en Pamplona, tras la agresión de La Manada, se puso en marcha un protocolo de estas características”, explica Assiego.

La segunda referencia que destaca la abogada es la ley catalana contra las violencias machistas de 2020, “que hace énfasis en que el consentimiento no solamente es revocable sino que tiene que estar delimitado en cada practica sexual”. “La actuación de los Mossos es fundamental, el hecho de que precintaran el baño y aconsejaran a la víctima que fuera al hospital a hacerse el reconocimiento médico es fundamental, denota que habían recibido formación y que estaban concienciados con este tipo de agresiones”, sostiene. Y, por último, destaca un punto de la ley del solo sí es sí relevante en este caso, el derecho de las víctimas a que se recojan muestras biológicas sin necesidad de denuncia.

Para la periodista y escritora Cristina Fallarás, esta sentencia es “revolucionaria”. “Hay una frase de la víctima de La Manada que a mí me aterra: que es cuando dice a mí me hizo más daño todo el proceso que lo que viví en el portal. Esto da una idea clarísima de hasta qué punto estaban jodidas las cosas”, reflexiona. “En el caso Alves, no sólo la sentencia es buena. Fíjate en los pasos: la chica lo interpreta como violación, se lo dice a sus amigas, se lo comentan al personal de la discoteca, el personal de la discoteca no solo las cree sino que tiene un protocolo determinado para estos casos, llaman a la policía y la policía no solo las cree sino que la acompañan a las pruebas periciales”, resume. “Esto hace unos años era impensable. De hecho, era impensable que no te pudiera follar Dani Alves cuando le diera la gana”, agrega.

En 2018, en medio de la movilización social por el tratamiento judicial al caso de La Manada, Fallarás impulsó la campaña #Cuéntalo, para que las mujeres relataran en redes sociales sus testimonios de violencia sexual. “De repente, millones de mujeres hemos relatado las violaciones que hemos sufrido. Por primera vez tenemos una memoria colectiva de la violencia machista”, explica Fallarás.

Sin embargo, hace justo una semana, Instagram cerró su cuenta. “Van a actuar contra nosotras, creer que se da un paso tan importante como el que hemos dado en cinco años y que no va a tener una respuesta brutal del patriarcado es una bobada. No cierran la cuenta porque yo haya dicho una barbaridad, la cierran porque hay relatos de mujeres que están contando su vida y la vida que cuentan no les gusta”, defiende. “Nunca les molestó que habláramos de techo de cristal, de cuotas, que habláramos de listas cremallera, todo eso más o menos se ha ido cogiendo bien, y de repente hablamos de consentimiento y ponen el grito en el cielo. ¿Por qué será? Porque estamos hablando del acceso a nuestros cuerpos”, concluye Fallarás.

Pena mínima

La lectura de la sentencia del caso Alves por parte de los feminismos es positiva, no cabe duda, en cambio, hay un aspecto en el que reconocen que hay que seguir trabajando y que señala una vez más al sistema judicial. El tribunal ha condenado al futbolista prácticamente a la pena mínima, cuatro años y medio, a pesar de que contaba con una horquilla de entre cuatro y doce años. La propia víctima se ha mostrado satisfecha porque se le ha dado la razón, aunque descontenta por la condena. De hecho, la fiscalía ya ha anunciado que va a recurrir para lograr una pena mayor. “Los jueces tienden a ser muy conservadores a la hora de imponer penas altas en los casos de violencia sexual”, reconoce Assiego.

Un aspecto que ha generado controversia ha sido el de la reparación económica, utilizado como atenuante para rebajar la pena. “Se denuncia un 8% de las agresiones, y los estudios dicen que se condena entre un 5 y un 30%. La inmensa mayoría de la violencia sexual es impune, o porque no se denuncia o porque si se denuncia no se condena. Esto lanza el mensaje de que si te condenan puedes reducir la pena mediante dinero, y no hace falta que sean 150.000. Muchas veces son cantidades alrededor de 1.000 euros. Y con eso ya te aplica el atenuante, no por adelantar el dinero sino por mostrar la voluntad de asumirla”, explica Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género.

“El argumento de la reparación económica es controvertido, porque es una reparación económica elevada, pero la víctima, que es la que tiene que tener la agencia, entiende que no hay una reparación emocional o psicológica. Es algo que todavía nos queda por avanzar, el hecho de que los tribunales sean capaces de escuchar qué es lo que repara más a las víctimas”, concluye Assiego.