A juicio el dueño de una hamburguesería de Donostia por fraude

La Fiscalía de Gipuzkoa pide dos años de cárcel para el responsable de una hamburguesería donostiarra, que cerró en 2017, al que acusa de defraudar a la Seguridad Social por presuntamente eludir el pago de las cuotas correspondientes a varios empleados y de no haber dado de alta en el sistema a otros. Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, "a pesar de tener a trabajadores contratados", la citada hamburguesería habría dejado de pagar las cuotas a la Seguridad Social "en su totalidad" con "impagos" tanto de la cuota obrera como de la empresarial.

Asimismo, desde agosto de 2011, el procesado habría omitido "totalmente" su "obligación" de comunicar a la Seguridad Social los "conceptos retributivos" abonados a sus trabajadores "a los que pagaba en general en metálico" sin que "hasta el cese del negocio" llegara a comunicar, "como era su deber", las bases de cotización. El encausado tampoco habría respondido a los requerimientos que le hizo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que aportase la citada documentación.

"Igualmente -prosigue el texto-, en algunas ocasiones el acusado tenía empleadas a personas a las que no había dado de alta en el sistema de la Seguridad Social, lo que se constató en las inspecciones realizadas en el local comercial" explotado por la hamburguesería.

El documento aclara que el encausado presuntamente "efectuaba los pagos a proveedores y los cobros a clientes en metálico con el fin de ocultar su actividad y eludir el pago de las cuotas debidas a la Seguridad Social". Una "dinámica de ocultación" que, como indica la Fiscalía, "obligó a la Tesorería General de la Seguridad Social a acudir al sistema de bases estimadas para el cómputo de las cantidades adeudadas".

De esta forma, se determinó que entre octubre de 2013 y octubre de 2017, las cuotas supuestamente defraudadas ascendieron a 57.231 euros, excluidas las sanciones administrativas y costas. La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de defraudación a la Seguridad Social por el que pide dos años de cárcel para el procesado y que su empresa abone una multa de 80.000 euros. Asimismo, demanda que ambos indemnicen a la Seguridad Social en la cantidad que se acredite en la vista oral o en la ejecución de la sentencia.