Estafan a un matrimonio vasco más de 400.000 euros para crear un "medicamento de cannabis sustituto de la morfina"

Hicieron creer a sus víctimas que tenían "un gran negocio entre manos" consistente en la elaboración de medicamentos derivados del cannabis para el tratamiento de "terapias crónicas", uno de los cuales podría llegar a convertirse en el fármaco llamado a sustituir a la morfina.

Los dos presuntos autores de este engaño, con el que habrían estafado más de 400.000 euros por separado a dos afectados (un hombre y una mujer) con el fin de que formaran parte de su empresa, se sentarán este lunes en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa.

La Fiscalía pide para ellos más de seis años de cárcel, junto a distintas multas económicas, y que compensen a sus víctimas con las cantidades defraudadas incrementadas con los correspondientes intereses legales.

Según recoge el documento de acusación provisional al que ha tenido acceso EFE, los dos procesados crearon en diciembre de 2013 una empresa para la "fabricación y comercialización de productos sanitarios y farmacológicos".

Relación de confianza

Posteriormente, durante 2015, "prevaliéndose de la relación de confianza que mantenían" con sus dos víctimas, presuntamente les "hicieron creer" que tenían "un gran negocio entre manos" generándoles la creencia "errónea" de que su empresa "contaba con productos patentados y registrados" y que disponía de las "preceptivas autorizaciones" destinadas a su producción, venta y distribución "a nivel alimentario, cosmético y farmacológico".

Asimismo, habrían elaborado un "plan de negocio" para hacer ver a los damnificados que "su finalidad era la capitalización y desarrollo" de la empresa, que "podría reportar" a los estafados "enormes beneficios económicos a corto plazo".

Entre los argumentos utilizados, uno de los inculpados habría asegurado a una de las víctimas que "se trataba de desarrollar productos derivados del 'CBD'", un cannabinoide que "por su baja concentración en 'THC' estaba fuera del listado de sustancias psicotrópicas y "del que auguraba que sería el medicamento que sustituiría a la morfina" dados "sus reducidos efectos secundarios".

Le habría transmitido asimismo que el producto "contaba con el amparo y autorizaciones del Ministerio de Sanidad", para lo que supuestamente le llegó a exhibir "un documento suscrito" por este organismo.

En distintas reuniones, los encausados trasladaron luego a esta víctima que "tenían registrado en exclusiva la investigación y producción del 'CBD' durante 36 meses a nivel mundial" a nombre de su empresa y le habrían garantizado que en caso de invertir en la compañía "recuperaría el capital desembolsado, multiplicado por ocho o diez, en un plazo máximo de dos años".

Los procesados le mostraron además "documentación sobre plantaciones, instalaciones, maquinaria, laboratorio, personal y cómo se desarrollaba el negocio" y le facilitaron dos muestras de sendos productos destinados a la cosmética y a elaborar cremas para aliviar el dolor.

Autorizaciones necesarias

En esta misma línea, los encausados se habrían dirigido luego a la segunda víctima y a su marido en varias reuniones para explicarles que disponían de "todas las autorizaciones necesarias" para este mismo proyecto y entregarles un resumen del "plan de negocio".

Además, les habrían ofrecido documentación en la que "se afirmaba que los productos eran pioneros, estaban registrados y patentados" y contaban con "acreditación para su producción, distribución y venta" a nivel "alimentario, cosmético y farmacológico en formato de crema, cápsulas o monodosis sublinguales".

Se trataría, según ellos, de unos productos con "efectos antiinflamatorios, anticonvulsivantes, neuroproctectores" y "sobre el sistema inmune y las células tumorales".

Durante las reuniones, los procesados "lograron labrarse una relación de confianza" con el matrimonio, al que instaron a "empezar cuanto antes" las inversiones porque "tenían una molécula que valía mil millones" y podrían quedar "fuera del negocio".

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito continuado de estafa por los que reclama seis años y ocho meses de cárcel para uno de los acusados y seis años y tres meses para el segundo procesado.