A partir de hoy, si no hay un cambio de criterio a última hora, prácticamente la totalidad de las explotaciones agrícolas podrán volver a quemar residuos vegetales. Aunque había dudas de que la Cámara Alta no lo admitiese, finalmente, el Senado aprobó una enmienda que establece que los restos de cosecha, de poda o rastrojos no sean considerados residuos, ello en el marco de las medidas de la nueva PAC.
Previamente, como recuerda la UAGA (Unión Agroganadera de Álava), el Congreso aprobó levantar la prohibición de quemar restos de poda y vegetales a las explotaciones agrícolas y forestales de menos de 50 trabajadores y que facturen menos de 10 millones; eso suponía la práctica totalidad de las explotaciones agrícolas existentes. Para explicar el contexto, como consecuencia de la entrada en vigor el pasado 10 de abril, de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con carácter general, se prohibió la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario y silvícola, permitiéndose la quema solamente con carácter excepcional.
COAG, coordinadora en la que se integra la UAGA, junto con otras organizaciones profesionales agrarias, siempre han sido contrarias a esta limitación de quema de restos de poda; pues estas prácticas tradicionales, siempre con autorización y cumpliendo con la normativa vigente en materia de prevención de incendios, suponen una correcta gestión de dichos residuos, tanto por el necesario control de plagas, como por el ahorro en el uso de fitosanitarios, sin tener un efecto negativo para el medio ambiente.
Petición conjunta
Fruto de estas peticiones conjuntas del sector, el Senado aprobó dicha enmienda, para que “los restos de cosecha, de poda, maleza, pajas, rastrojos no sean considerados residuos a los efectos de esta ley”. Asimismo, dispone que la autoridad competente de las comunidades autónomas pueda autorizar las quemas controladas de estos restos con las debidas garantías en relación con el uso del fuego.
Esta situación era especialmente esperada en Álava, en la zona de viñedos de Rioja Alavesa, ya que los restos de poda en las cepas ya realizadas, junto a las que se amontonarán a partir de enero, pueden suponer no solo un problema sanitario, sino también una gran ocupación de suelo en las propias explotaciones. l
UAGA
Pide negociación colectiva
Azucarera. La asamblea de remolacha de la UAGA ha vuelto a manifestar su queja porque a punto de finalizar la campaña, Azucarera sigue firme en su postura de eliminar la negociación colectiva de la contratación para el año próximo. Varias han sido las medidas de presión para tratar de lograr que la empresa entrase en la vía de la negociación colectiva, pero la compañía siempre ha insistido en su voluntad de negociar directamente con los productores. UAGA y otras organizaciones denuncian que si se hubiera logrado esa negociación, los agricultores que entregan sus remolachas en Miranda de Ebro se habrían beneficiado de unas mejores condiciones y precio para el próximo año. Pero en todos los casos, Azucarera respondió que eliminaba a los colectivos como interlocutores en las negociaciones. De hecho, según informan desde la UAGA, para intentar presionar a los agricultores, desde Azucarera han envíado un mensaje telefónico de texto individual para que los cultivadores se apunten a la oferta individual con un precio de 60 euros por tonelada antes de que expire el plazo de la oferta, fijado para el 31 de diciembre.