El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del joven detenido este pasado domingo por la Policía Municipal como autor de una agresión sexual con violencia a una menor de 12 años en un piso de la capital navarra. El delito está penado con entre 10 y 15 años de prisión.
En la comparecencia celebrada este lunes, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión provisional del N.B., de origen magrebí, petición a la que se ha adherido la acusación particular. La defensa, por su parte, ha abogado por la puesta en libertad y ha planteado que se interpusieran medidas menos gravosas, como el control telemático.
En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez sin embargo considera pertinente la prisión provisional al considerar que existe “un inminente riesgo de fuga, ya que, de la documentación que consta en el atestado, se comprueba que es extranjero, sin arraigo familiar, social ni laboral”.
Piso de una asociación
En concreto, según consta en el auto, cuando el investigado era menor de edad estuvo acogido en un centro de Marcilla y, actualmente, vive en Pamplona en un piso de una asociación de ayuda, con cuatro chicos más, con supervisión de educadores.
En cuanto a los indicios de criminalidad, la magistrada señala que la prueba preconstituida realizada este lunes a la menor “resulta creíble”. La víctima, añade, “presenta un relato coherente y sin contradicciones”.
Evidencias compatibles
Además, la juez resalta que las diligencias que se han realizado —las investigaciones policiales y los reconocimientos médicos y forenses— constatan evidencias compatibles con los hechos denunciados.
“Existen indicios de que el investigado pueda haber cometido una presunta agresión sexual sobre una menor de 12 años y 11 meses” y de que “dicha agresión pueda haber sido realizada con violencia”, asegura la juez, que califica los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual (violación), que puede ser castigado con “altas penas de prisión, en concreto de 10 a 15 años”.
Respecto al investigado, la juez destaca su “nula colaboración para la obtención de muestras de ADN y el análisis del contenido del teléfono. También indica que se ha acogido a su derecho a no declarar y, por tanto, no ha prestado una versión de descargo de los hechos imputados.