El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha declaro este martes por la mañana "a la espera" de un comunicado del exministro José Luis Ábalos para saber qué piensa hacer con el escaño tras estallar el 'caso Koldo' que implica a un asistente en una trama de cobro de comisiones por contratos de material anticovid.
El PSOE dio este lunes un plazo de 24 horas a Ábalos para que renunciara al escaño y, por la tarde, el exministro dejó su puesto de presidente de la Comisión de Interior para el que le propuso el Grupo Socialista, pero siguió con su acta.
Al vencer el plazo del ultimátum, tanto al inicio como al final de la reunión semanal del Grupo Socialista del Congreso, Santos Cerdán fue preguntado por la situación de Ábalos, pero ha dicho no tener respuesta y se ha remitido a un comunicado que el exministro le había anunciado que iba a hacer publico.
Según ha asegurado la Cadena SER, Ábalos ha decidido no dimitir y ha preferido pasare al Grupo Mixto del Congreso, pero el PSOE por ahora no se pronuncia y sigue esperando el comunicado.
Tras el ultimátum de la Ejecutiva del PSOE, Ábalos registró este lunes en el Congreso su dimisión como presidente de la Comisión de Interior, cargo por el que percibía 1.598 euros mensuales adicionales, por gastos de representación, aunque se ha negado a dejar su acta como diputado.
Comisión de investigación
La Ejecutiva del PSOE también acordó este lunes impulsar la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre las compras realizadas por las administraciones públicas de material sanitario durante la pandemia. Una iniciativa que no investigaría solo el Caso Koldo. Esta misma mañana, el Grupo Socialista ha registrado en la cámara la solicitud de esta comisión de investigación para esclarecer "los hechos, responsabilidades y enseñanzas" sobre la contratación de material sanitario en la pandemia que realizó la Administración del Estado y sus distintos organismos y otras administraciones públicas.
En el marco del caso Koldo García, la comisión también quiere estudiar y valorar "posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro".
De este modo, de acuerdo con el escrito de solicitud, se investigarán los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes Administraciones públicas.
Según el texto, resulta "intolerable siempre cualquier irregularidad o delito en la contratación pública, pero especialmente reprochable el aprovechamiento para lucro personal de aquel drama de la pandemia" que causó la muerte a tantas personas.
La comisión, cuya duración será de cuatro meses prorrogables a partir de su constitución, estará formada por tres representantes de cada grupo parlamentario de más de cien diputados, dos por cada grupo con un número superior a ocho e inferior a cien, y un representante de cada uno del resto de grupos.