La Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma han anunciado que este viernes que tanto la Abogacía del Estado como los servicios jurídicos de la administración autonómica están "valorando" recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que Ha declarado ilegales las expulsiones exprés de menores marroquíes solos, ejecutadas en agosto del año pasado, al margen de lo previsto en la legislación de Extranjería.
Fuentes de la Delegación, cuya titular era la competente para gestionar la repatriación de niños migrantes foráneos no acompañados, han indicado a Europa Press, como el portavoz del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán (PP), en rueda de prensa, que la sentencia se está "estudiando" para decidir en consecuencia, aunque el Ejecutivo local ya ha avanzado que su "intención" es llevar el caso hasta el Alto Tribunal.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ordenó a mediados de febrero a la Delegación "el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados" en un veredicto que tendría incidencia directa sobre 8 de los 55 que fueron expulsados durante cuatro días. La administración ya ha advertido que no atenderá al veredicto hasta que este sea firme, momento en el que la defensa de los niños representados por la Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios prevé solicitar la extensión de su contenido a todos los devueltos a Marruecos en idénticas circunstancias.
La sentencia del Tribunal Superior de Andalucía
El TSJA ha refrendado íntegramente el "fondo" de la primera condena sobre el proceder de la administración, que a su juicio fue "exento de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes".
Además, la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía incide en que "los actos propios de la Administración demandada [la Delegación del Gobierno central] hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó". Según su interpretación, el carácter "súbito y masivo e ilegal" de la crisis migratoria de mayo de 2021 en el marco de la que los menores habían accedido sin compañía a Ceuta "en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley".
La Delegación y la Ciudad basaron sus primeros recursos en la existencia de una situación "de emergencia humanitaria" en Ceuta causada por la entrada irregular de unas 12.000 personas en 72 horas en territorio español y en la existencia de un Acuerdo bilateral entre Madrid y Rabat de 2007 para el "retorno asistido" de menores solos. Para el TSJA, sin embargo, "además de no individualizar los expedientes de retorno por cada menor afectado", se omitieron "todos los trámites esenciales y cautelas procedimentales de obligado cumplimiento para la repatriación".
La Fiscalía ha denunciado por la vía penal por un presunto delito continuado de prevaricación tanto a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, como a la vicepresidenta Primera del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, acusadas de saltarse la legislación vigente "a sabiendas".