Una década después, el Constitucional abre una etapa con una mayoría progresista que tiene sobre la mesa las dos últimas reformas del CGPJ, la ley catalana que elimina el 25% de castellano en las aulas y asuntos de gran trascendencia social como la eutanasia o la ley del aborto, todo en pleno curso electoral. Pero también gran parte de la agenda social del Gobierno de Pedro Sánchez, impugnada en múltiples recursos por PP y Vox, como la Ley de Infancia, la ley Celaá y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que resolverá un pleno de siete progresistas y cuatro conservadores, a falta de que el Senado nombre a un nuevo magistrado–previsiblemente conservador– tras la salida de Alfredo Montoya por motivos de salud.
Hay dos cuestiones que sobresalen. Una es el recurso del PP contra la Ley del Aborto que data de 2010. El expresidente Pedro González Trevijano se comprometió al inicio de su mandato a finales de 2021 a llevar a pleno la ponencia que recayó en aquel momento en el conservador Enrique Arnaldo, tercer ponente de la patata caliente del tribunal. Sin éxito. La imposibilidad de llegar a un acuerdo justificó que ningún presidente elevara a pleno este recurso, pero fuentes jurídicas señalan que “esta cuestión ya no puede esperar más” por responsabilidad y por el trasfondo social, moral y hasta religioso que toca este asunto. El otro asunto de enjundia es el de la Ley de Eutanasia, que entró en vigor en junio de 2021, que recurrieron por partida doble el PP, que defiende la falta de consenso político y social así como la infracción del derecho a la vida, y Vox que considera que la norma es “una derrota de la civilización” y la victoria de la cultura de la muerte. La derecha también impugnó la reforma educativa de la Lomloe que, en opinión de los recurrentes, no garantiza que el español sea lengua vehicular en todo el país, cuestión que específicamente resolverá el tribunal cuando revise la ley catalana que evita la aplicación del 25% del castellano. La agenda social la completan los recursos de ambos partidos contra el traspaso del Ingreso Mínimo Vital a la CAV y Nafarroa, y el recurso de la formación de Santiago Abascal contra la Ley de Infancia.
CGPJ
La acción del Gobierno será escrutada también a través de las dos reformas del Consejo General del Poder Judicial: aquella que impide los nombramientos cuando el CGPJ esté en funciones y la llamada contrarreforma que devolvió las competencias al Consejo para hacer nombramientos, pero solo para el Tribunal Constitucional. Precisamente, una tercera reforma provocó recientemente una fractura y una crisis institucional sin precedentes cuando el pleno paralizó la tramitación de dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio tribunal, un hecho insólito en las Cortes Generales y en la historia del TC. Ahora bien, es previsible que en esta cuestión se produzca un giro de 180 grados con la nueva composición del tribunal que tiene que resolver la cautelar y el fondo del asunto, aunque esto no urge.
Reforma laboral
Y es que resulta más prioritario resolver los dos recursos de Alberto Rodríguez, una contra la sentencia del Supremo que lo condenó por agredir a un policía durante una manifestación, y otra contra el acuerdo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que comunicó la retirada de su escaño tras su condena. Otra decisión de Batet está sobre la mesa del tribunal, esta vez relacionada con la votación de la reforma laboral en el Congreso que recurrieron el diputado Alberto Casero –cuyo error votando telemáticamente a favor del texto fue crucial para sacar adelante la norma con un solo voto de diferencia– junto al PP y Vox. Más reciente es el recurso del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, por considerar que invade sus competencias.