Abren un expediente que contempla hasta un millón de euros en multas al ‘Aita Mari’

La Capitanía Marítima de Valencia, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno español, ha abierto un expediente sancionador contra la ONG Asociación de Salvamento Marítimo Humanitario, propietaria del ‘Aita Mari’, por siete infracciones a las leyes del mar que podrían superar el millón de euros. El expediente fue incoado ayer por el capitán marítimo Felipe Cano Navarro. Los responsables del buque humanitario vasco tienen quince días para presentar alegaciones contra la propuesta de sanción, mientras el PNV ha registrado una pregunta parlamentaria para que el Gobierno español explique las razones de este proceder contra el 'Aita Mari'.

Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando el ‘Aita Mari’, en el marco de una de sus misiones en el Mediterráneo, fue objeto de control por parte de las autoridades portuarias de Palermo (Sicilia). Al buque vasco se le aplicó un procedimiento de inspección basado en el Memorando de París (un sistema de control portuario armonizado entre varios estados) y a resultas de él, según se relata en el expediente, se le detectaron “26 deficiencias, quince de las cuales fueron consideradas lo suficientemente graves como para justificar la inmovilización del buque”.

Dos meses después, la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima inició el procedimiento administrativo para dilucidar si las deficiencias registradas por las autoridades italinas en base al Memorando de París “eran constitutivas de infracciones administrativas en el ámbito de la marina civil” española. No ha sido hasta dos años después, concretamente el 5 de diciembre del año pasado, cuando la Dirección General de la Marina Mercante remitió la documentación a la Capitanía Marítima de Valencia instándole a activar el expediente sancionador.

Según se expone en la calificación jurídica del proceso, son siete las infracciones sujetas a sanciones que, en conjunto, podrían sumar la cifra de 1.080.000 euros. Los incumplimientos de las leyes marítimas que se le imputan al ‘Aita Mari’ son las siguientes: 1. Falta de registro de las pruebas y ejercicios del aparato de gobierno en el diario de navegación del buque; 2. Omisión de no tener registros de las horas de trabajo o descanso de la gente del mar en un buque; 3. Omision de no tener un plan de viaje; 4. No disponer a bordo de las cartas náuticas necesarias para el viaje proyectado o encontrarse estas desactualizadas; 5. Falta de un cuadro o tabla con la organización del trabajo a bordo del buque; 6. Falta de disponibilidad inmediata de dos balsas salvavidas, debido a que varios aros salvavidas estaban estibados en un soporte vertical fijo muy cerca de la posición de lanzamiento; 7. Falta de familiarización de la tripulación con las tareas asignadas para casos de emergencia a bordo del buque, concretamente durante la realización de los ejercicios de lucha contraincendios.

El expediente señala como responsable a la Asociacion de Salvamento Marítimo Humanitario, propietaria del ‘Aita Mari’, un antiguo buque atunero reciclado para navegar en aguas del Meditarréneo con el fin de auxiliar a los migrantes y refugiados que se lanzan al mar para alcanzar las costas europeas en busca de un futuro que no tienen en sus países.

49 días retenido en Palermo

El proceso contra el ‘Aita Mari’ tiene su origen el 6 de mayo de 2020, cuando tras recibir autorizacion para desembarcar en Palermo a las 44 personas que había rescatado, fue obligada a pasar una inspección. El ‘Aita Mari’ permaneció retenido en Parlermo 49 días y segun informó entonces la ONG vasca, se vio obligada a abonar 55.000 euros “en tasas portuarias especiales, de inspección y suministros”, sin opción al recurso. Salvamento Marítimo Humanitario denunció que de resultas de esa inspección se les imputaron “ciertas deficiencias en el barco que no corresponden con su categoría ni con sus dimensiones”.

Según el expediente incoado ahora, Italia permitió zarpar al ‘Aita Mari’ “una vez fueron rectificadas las deficiencias observadas”. Añade el documento que como algunos de los supuestos defectos no se podían subsanar en Palermo, se le autorizó partir hacia su base en el puerto de Pasaia con el compromiso adecuarlos a la normativa del mar.

Entra las 26 deficiencias registradas por las autoridades del puerto italiano, se pueden añadir a las antes mencionadas otras como no disponer de un “plan de gestión de basuras”, carecer de “certificado internacional para prevenir la contaminación por aguas sucias”, transportar más personas que el número permitido por el ‘Certificado nacional de seguridad del equipo’, no tener listas parta su uso balsas salvavidas inflables o posesión de “carne y varias porciones de jamón caducadas” en el frigorífico