Medio centenar de personas se han concentrado este miércoles frente a la escalinata del Congreso y han manchado con tinta roja biodegradable la fachada de la Puerta de los Leones en protesta por la pasividad del Gobierno ante la crisis climática y en contra de una ley que consideran insuficiente.
El movimiento 'Rebelión Científica' se ha movilizado ante el Congreso y ha realizado una acción de desobediencia civil no violenta coincidiendo con la publicación de la última parte del informe del IPCC, el principal análisis científico sobre cambio climático.
Decenas de manifestantes, en su mayoría científicos, se han sentado frente a la fachada principal del Congreso gritando consignas como "No hay planeta B" o "Sin planeta no hay futuro", mientras que otros concentrados portaban una pancarta que decía: "Alerta Roja. Escuchad a la Ciencia".
En apoyo a este acto, el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde ha salido para compartir las reivindicaciones de los manifestantes, que le han recriminado que su partido se haya "rendido" y no haya impulsado una mejor ley contra el cambio climático.
Hasta once furgones de la Policía han acudido al lugar para desalojar a los manifestantes mientras que los servicios de limpieza han comenzado a limpiar ya la fachada.
En una octavilla, los manifestantes se definen como personas pertenecientes a la comunidad científica, reprochan la inacción política frente a la crisis climática y explican que pasan a la acción porque sus avisos "no han sido escuchados" pese a que la humanidad está ante su "mayor reto".
"La inacción política es criminal. Ya solo nos queda rebelarnos", recalcan en su "alerta roja" para pedir un cambio de sistema.
Entre los participantes en la protesta estaban el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Fernando Valladares y Jorge Reichman, de la Universidad Autónoma de Madrid.
La acción forma parte de la 'Semana de la Rebelión Científica' que cerca de mil científicos han organizado en más de 25 países con motivo de la publicación este lunes, 4 de abril, del último informe del Panel de Expertos de Cambio Climático de la ONU que reclama una acción inmediata en todos los sectores para limitar los peores efectos del calentamiento global.
Con esta acción, el movimiento Rebelión Científica pretendía simbolizar el estado de trágica emergencia que establece el sexto informe del IPCC y que el secretario general de la ONU llamó un "código rojo" que, de no actuar, conduce a una "senda suicida para la humanidad".
La Rebelión Científica está formada por miembros de la ciencia y la academia que en 2020 decidió actuar frente a la inacción política a la crisis climática y ecológica con acciones de desobediencia civil no violenta para forzar los cambios necesarios.
Hasta el 9 de abril, en 25 países celebrarán huelgas académicas, divulgaciones científicas, ocupaciones de universidades y acciones de desobediencia civil. En el Estado español, más de 1.000 personas ya han firmado un manifiesto en el que invitan a la comunidad científica, a todos los colectivos y actores sociales y a toda la ciudadanía, a pasar a la acción.
"Llegó la hora de exigir unos cambios que, de no producirse, van a ocasionar una cantidad inimaginable de sufrimiento. Un sufrimiento que puede ser evitado. Sólo si asumimos que nuestro maravilloso planeta tiene límites, y que somos nosotros y nosotras quienes nos tenemos que adaptar a ellos", exponen en el manifiesto.
El científico rebelde Fernando Valladares ha defendido que los movimientos sociales se nutren de los datos e informes que hacen los científicos y por ello hay que darles su apoyo y dar la cara por ellos.
Por su parte, la astrofísica Elena González Egea, también de Rebelión Científica ha subrayado que los científicos llevan décadas avisando de la magnitud del problema. "Para que se nos escuche y se actúe en consecuencia, nos vemos obligadas a emplear la resistencia civil no violenta", justifica.
En concreto, piden al Gobierno español que las recomendaciones consensuadas de la comunidad científica se conviertan en objetivos vinculantes, con mecanismos institucionales que garanticen la participación real de la ciudadanía, como prevé el convenio europeo de Aarhus desde 2005.