El Gobierno vasco suma el respaldo de Elkarrekin Podemos-IU a la futura Ley de Memoria

Que Euskadi cuente con una Ley de Memoria Histórica y Democrática que centralice todas las políticas en este ámbito y que se complemente con la normativa estatal es uno de los objetivos fundamentales de la presente legislatura. También ampliar los acuerdos más allá de la mayoría absoluta que suman PNV y PSE en el Gobierno vasco, y en ambos flancos se dio ayer miércoles un nuevo paso con el acuerdo alcanzado por el gabinete de Iñigo Urkullu con Elkarrekin Podemos-IU que garantiza el apoyo de la coalición a la futura ley memorialista vasca.

Este pacto se suma a otros suscritos por ambas partes en cuestiones no menores como las leyes antipandemia, de igualdad, de juventud y en la reforma de la RGI. Los parlamentarios de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi y Jon Hernández dieron a conocer ayer miércoles el entendimiento fruto de la aceptación de “la mayoría” de sus 60 enmiendas al texto que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en julio de 2021. Se espera atraer también a EH Bildu al acuerdo, mientras siguen las conversaciones con este grupo, y no se descarta incluso que PP+C’s se destape al menos con una abstención, teniendo en cuenta el desmarque explícito de los postulados de Vox que protagonizó durante el debate en junio del año pasado de las enmiendas a la totalidad presentadas por estos dos grupos.

En una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, Gorrotxategi y Hernández se felicitaron por un acuerdo que redunda a su juicio en una ley “mejor y más justa” que “supera la reparación moral para ofrecer una integral” a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. No solo los fallecidos, ya que como novedad se ampliará el catálogo a heridos, represaliados, “voluntarios internacionalistas” y “guerrilleros antifranquistas”, además de las mujeres, cuyo sufrimiento será recogido de manera específica.

De este modo, también se abre la puerta a conceder indemnizaciones económicas “cuando proceda”, aunque el “trabajo técnico” de definir las cantidades se hará más adelante y debería contar con el asesoramiento de grupos memorialistas y ser “equiparables” a las indemnizaciones recibidas por otras víctimas de la violencia, según la coalición. La ley “garantizará el ejercicio de la reparación económica” y establecerá que todos los años los presupuestos destinen dinero para cumplir con ella, de manera que “se evite que un gobierno decida no aplicarla”. “No estará sujeta a disponibilidad presupuestaria”, aseguraron.

A su vez, se llevará a cabo un censo de víctimas del levantamiento militar y de la dictadura, en el que se incluirá tanto a fallecidos como a supervivientes. “Pensamos que no puede haber víctimas de primera y de segunda. Son víctimas las represaliadas por el franquismo durante la guerra y las represaliadas durante los 40 años de dictadura”, aseguró Jon Hernández.

No prescripción de delitos

Miren Gorrotxategi, que enmarcó el acuerdo en la “oposición firme y constructiva” de su grupo que ha tenido como resultado pactos anteriores como el de la RGI, afirmó que “no hemos conseguido todo lo que quisiéramos, pero sí hemos conseguido cosas importantes”. Defendió que la futura Ley de Memoria recogerá la necesidad de cuantificar “quiénes y cuántos fueron los afectados por el fascismo en Euskadi, no solamente las personas muertas, sino también el resto de las víctimas”.

Añadió que se ha introducido en el texto “la impronta de la legislación internacional referida a la no prescripción de estos crímenes”. Se buscará por tanto la aplicación de la ley conforme al derecho internacional y humanitario, por el cual “los crímenes del franquismo ni prescriben ni pueden ser amnistiados”, según la portavoz parlamentaria. Se adoptarán asimismo medidas de reparación jurídica respecto a la nulidad de las condenas franquistas.

Hernández admitió que una ley autonómica no “puede implementar la imprescriptibilidad ni la no amnistía”, aunque sí lo hace el derecho internacional y el objetivo es que el texto vasco se interprete conforme a estos principios. Apostilló que en la futura ley se va a incluir “la obligación de las administraciones públicas de colaborar con la Justicia internacional y con las víctimas en el acceso a la Justicia”.

Por otra parte, se diseñará un plan para la eliminación de símbolos franquistas que incluya no solo los escultóricos, sino los arquitectónicos como edificios y escudos, aunque como estos son de difícil desaparición, se optaría por una “resignificación” de los mismos. En este sentido, se contempla endurecer el régimen sancionador para quien destruya o dañe los espacios de la memoria histórica.

Se establecerá la obligatoriedad de que exista al menos un columbario de la dignidad en cada uno de los territorios de la CAV; el banco de ADN no se limitará a las víctimas de la guerra sino que incluirá a todas las del franquismo, y la toma de muestras de familiares será gratuita; y se garantizará la accesibilidad a los archivos relativos a la memoria histórica y se sancionará su destrucción u ocultación.