El Gobierno español movió ayer lunes ficha y ofreció un plan de 43 medidas con las que pretende dar respuesta a las demandas de agricultores y ganaderos y alcanzar así un acuerdo que ponga fin a las movilizaciones del campo de los últimos meses. La propuesta trasladada a las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag, que ahora deberán analizar, recoge medidas de flexibilización de la PAC, en línea con lo aprobado por los países de la Unión Europea, junto a otras nuevas como la prórroga de la normativa de sanidad ganadera y de fertilización.
Pero entre las novedades destaca el anuncio de créditos ICO por valor de 700 millones de euros, de los cuales 200 millones estarían enfocados a jóvenes que quieran desarrollar la actividad agrícola. “Hemos presentado 43 medidas que constituyen un conjunto sólido de medidas que responden a las principales preocupaciones del sector. Esto es un diálogo y un trabajo que avanza con el compromiso del Gobierno. Hablo de hechos y no de palabras que pensamos cumplir si las organizaciones agrarias lo estiman oportuno. Nos parece que es una propuesta ambiciosa del Gobierno”, señaló ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la presentación del plan.
El titular de Agricultura avanzó que este paquete de medidas se enmarca en siete ámbitos: simplificación y flexibilización de la PAC; cuestiones relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva, y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas.
Entre las propuestas se incluyen medidas de flexibilización en la aplicación de las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales sobre gestión de labranza, coberturas de suelo, rotación de cultivos y barbechos, que podrán tener aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024, de forma que sea ya efectiva para las solicitudes de ayudas cuyo plazo está actualmente abierto.
Además, en el plan se eximen de controles a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie, lo que beneficia a unos 345.000 agricultores, el 55% de los perceptores de ayudas de la PAC en el Estado. Igualmente, flexibiliza y simplifica los criterios para la aplicación de ecorregímenes y propone a la Comisión Europea la eliminación de la obligatoriedad de presentar fotos georreferenciadas con las solicitudes de ayuda para demostrar el estado de los cultivos. También flexibiliza la aplicación del real decreto sobre nutrición de suelos y establece el principio de inspección única, en coordinación con las comunidades autónomas, para evitar que una misma explotación sea sometida a más de una en un año.
Además, el plan incluye reforzar Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), cuyo consejo asesor se reunirá mañana, con su transformación en Agencia Estatal. Otro de los ámbitos en los que actuará el Gobierno es en los seguros agrarios, donde garantiza que se seguirá apoyando al sistema de seguros. “Estamos dispuestos a llevar la subvención a las pólizas al máximo posible, pero contando con el apoyo de las comunidades autónomas”, indicó Planas.
Asimismo, el Gobierno español también se compromete a defender en todos los foros comunitarios que en los acuerdos comerciales con terceros países se incluyan la aplicación de cláusulas espejo para que los productos que se importen estén sometidos a las mismas condiciones de producción que la UE exige a sus Estados miembros. En este sentido, Planas confió ayer en que la UE apruebe las cláusulas espejo, aunque precisó que dependerá de cómo quede la composición del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea tras las elecciones. En todo caso, “estamos más cerca de ayer y que anteayer para que las cláusulas espejo sean una realidad”, señaló.
Entre las medidas propuestas por el ministerio se incluye el compromiso de exigir a los alimentos importados límite cero de residuos de productos no autorizados en la UE. Además, se contempla el reforzamiento de los controles en frontera de las importaciones y el establecimiento de un grupo de trabajo permanente con las organizaciones agrarias para hacer un seguimiento de las importaciones y las exportaciones.
Al detalle
200 millones
Relevo generacional. Respecto a las medidas fiscales, de financiación y laborales, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció ayer la creación de una línea de crédito MAPA-ICO-Saeca de hasta 700 millones de euros, de los cuales 200 millones de euros irán para los jóvenes agricultores y el relevo generacional del sector. Los 500 millones restantes serán para “garantizar operaciones de crédito” de agricultores y ganaderos.
15%
Impuestos. El plan establece el mantenimiento de la fiscalidad del gasóleo agrícola, la deducción de un 35% de la factura de los carburantes y combustibles de uso agrario, y de un 15% de la de fertilizantes. Asimismo, propone una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023 en el método de estimación objetiva del IRPF; y adaptación del cómputo de los ingresos para aplicar el límite máximo de tributación.