Amnistía Internacional ha alertado este jueves de que la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición podría "criminalizar la protesta pacífica" al sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados.
Amnistía ha hecho esta advertencia el día en que se toma en consideración la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para modificar el Código Penal, un cambio que la organización ve con preocupación porque incluye "elementos de ambigüedad que deben ser corregidos".
A su juicio, con la redacción actual, la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos podría acarrear "limitaciones indebidas al ejercicio del derecho a la protesta", por lo que ha pedido a los grupos parlamentarios "precisión" para evitar que la norma "imponga restricciones a la libertad de expresión, reunión y manifestación”.
Amnistía ha reclamado claridad para que quede claro que “solo” se castigarán "actos de violencia e intimidación graves contra las personas" en las manifestaciones.
Porque, tal y como está planteada, permitiría castigar como desórdenes públicos agravados no ya alteraciones del orden público reales y efectivas, sino simplemente "la mera posibilidad de haberlo puesto en peligro".
Amnistía se ha quejado de que la iniciativa legal mantenga la tipificación como delito de la invasión y ocupación de sedes de empresas o instituciones, pero además especifique que esos actos se sancionarán aunque se lleven a cabo sin violencia ni intimidación.
Es decir, se castigarían protestas si producen "una perturbación relevante de la actividad normal" de la entidad, un concepto que Amnistía considera ambiguo. Por ello, considera necesario aclarar qué es "violencia en el contexto de manifestaciones" y establecer "un umbral elevado de daños a los bienes para considerar el procesamiento", con el fin de limitarlo a "casos graves".
Entre los aspectos positivos de la reforma, la organización ha aplaudido la eliminación del delito de sedición por el que fueron condenados, entre otros, los dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, lo que supuso "una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica".
También ha aplaudido que se suprima la sanción penal a la difusión de mensajes que "sirvan para reforzar la disposición a cometer desórdenes públicos", incorporada en el Código Penal de 2015, lo que puede llevar a "sancionar declaraciones y opiniones expresadas antes de los desórdenes públicos".