AI denuncia un "serio retroceso" del derecho a la protesta en el Estado español

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves el "serio retroceso" del derecho a la protesta en el Estado español en los últimos siete años, y ha pedido al Gobierno que garantice el ejercicio de la manifestación pacífica con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal.

Lo hace en su informe 'Derecho a la protesta en España. Siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España', en el que esta organización muestra la necesidad de cambiar el rumbo legislativo, policial y judicial para garantizar el derecho de manifestación pacífica.

Cree AI que este retroceso en el ejercicio del derecho a la protesta se debe a factores como la reforma del Código Penal, la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana -conocida como ley mordaza-, el "amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad" de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones pacíficas y la utilización abusiva de armas como pelotas de goma o las balas de 'foam'.

Amnistía alude en su informe a la "frecuente" interpretación de los tribunales a favor de la versión policial, las contradenuncias de policías contra manifestantes o periodistas que denuncian abusos, y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

"Esta combinación de leyes y prácticas que no cumplen con los estándares internacionales de libertad de reunión pacífica o de expresión ha dado lugar a sanciones arbitrarias, a la criminalización de manifestantes pacíficos y periodistas que estaban ejerciendo su trabajo... así como a un uso no proporcional de la fuerza contra manifestantes pacíficos y un preocupante efecto desmovilizador de la protesta pacífica", denuncia el director de AI en el Estado español, Esteban Beltrán.

El informe analiza los diferentes "obstáculos" que enfrenta el derecho a la protesta pacífica en el Estado español, entre ellas la Ley de Seguridad Ciudadana, que considera el "epicentro de las mordazas".

En esta norma, AI identifica cuatro artículos que impactan sobre este derecho, debilitándolo, que son el 36.6 (resistencia, desobediencia y negativa a identificarse), 37.1 (manifestaciones espontáneas), 37.4 (faltas de respeto) y 36.23 (uso de imágenes de las fuerzas de seguridad).

Esta organización recuerda que desde 2015 las autoridades han propuesto 250.300 sanciones sobre estos mismos artículos, que suponen el 78% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana y expresa su preocupación por el aumento en la aplicación de las sanciones en relación con las faltas de respeto a la autoridad.

En este sentido, señala que en 2021 se aplicaron 26.254 sanciones cuando la media, entre 2016 y 2021, fue de 20.713, es decir un 27% más que la media.

Alude también a la reforma del Código Penal de 2015 que introducía penas más graves para los desórdenes públicos cuando se producen en el contexto de las manifestaciones y al aumento del "poder discrecional" que la ley mordaza otorga a los cuerpos policiales para valorar qué conductas pueden considerarse como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad sin establecer adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas.

Además, la investigación de AI ha observado que los testimonios policiales se toman como verdad cuando son contrapuestos a declaraciones de manifestantes o periodistas, no sólo en ausencia de otras pruebas, sino incluso cuando las pruebas los contradicen directamente.

Denuncia también cómo las fuerzas de seguridad han interferido de forma indebida en el ejercicio del derecho a la libertad de información amenazando a periodistas o personas que grababan imágenes durante las manifestaciones.

Sobre el empleo de pelotas de goma, considera que deben estar prohibidas, mientras pide que las balas 'foam' se reserven exclusivamente contra quienes actúan de forma violenta.

Por todo esto, AI pide modificar en la ley mordaza la sanción por la convocatoria de manifestaciones sin notificación previa, definir de forma precisa cómo se sanciona la resistencia, desobediencia o la negativa a identificarse y eliminar la sanción de la difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad.

En relación al Código Penal, cree que debe modificarse el artículo que define lo que se considera atentado contra la autoridad, atendiendo al principio de proporcionalidad, y diferenciar claramente los actos de resistencia pasiva y los actos de intimidación grave y agresión, así como su diferente reproche penal.

Y en cuanto a la rendición de cuentas por actuaciones policiales, pide que los agentes porten su número de identificación de forma completamente visible, para que puedan ser identificados con claridad en todo momento.