Amnistía Internacional (AI) ha asegurado que, aunque la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, pueda significar "un paso adelante", la situación de los menores migrantes "no se resolverá" hasta que "no se revise profundamente el sistema de determinación de la edad".
La entidad ha denunciado que son estos niños los que sufren "las peores consecuencias de la caótica acogida" del país y, específicamente en Canarias, en donde en donde 1.100 de los 2.424 acogidos en el archipiélago, están "a la espera de pruebas de determinación de la edad" o "pendientes de alguna prueba o trámite".
Según testimonios recogidos por AI algunos, a pesar del paso del tiempo, todavía "no existen" para el sistema, puesto que no han sido registrados de ninguna manera por la Policía.
Es por eso que, aunque la organización ve "positivo" que se apruebe la reforma del reglamento de extranjería para "facilitar la gestión de los permisos de residencia" y asegurar "que lleve aparejado permiso de trabajo a partir de los 16 años", entre otras medidas, cree no es suficiente mientras no se revise el sistema de determinación de la edad o se hagan cambios ante la actual falta de corresponsabilidad territorial en la protección de menores no acompañados.
TRÁMITES CON "INTERMINABLES ESPERAS"
"Muchos menores, debido a la desinformación existente, tienen miedo de revelar su edad cuando llegan", ha explicado el director de AI en el Estado español, Esteban Beltrán. A su juicio, "la falta de mecanismos adecuados para su identificación" provoca que estos niños terminen en centros de adultos "durante meses" o "expulsados" de los centros de menores sin acceso a recursos.
"Otros, a pesar de haber sido considerados como menores, también se han tenido que enfrentar al colapso de la administración. Los retrasos han provocado que algunos estén alcanzando la mayoría de edad sin que su situación se resuelva. Mientras tanto, están en un limbo sin derechos", ha denunciado Beltrán.
AI señala, en este sentido, las "interminables esperas para la realización de todos los trámites" que tienen que sufrir estos menores y que "acrecientan la ansiedad y la inestabilidad" que padecen.
FALTA DE ACCESO A PROTECCIÓN INTERNACIONAL
La organización también denuncia, a través de los testimonios recogidos, que existen obstáculos a la hora de poder acceder a protección internacional por parte de los menores migrantes. Entre otros, ha recabado testimonios que señalan cómo las autoridades exigen a los menores tener al menos 16 años para poder pedir asilo, o tener un decreto de minoría de edad, es decir, haber finalizado los trámites para confirmar que es un menor.
Desde AI advierten de que "esos requisitos no tienen ningún tipo de base legal y no son más que impedimentos para que los niños y niñas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan acceder a la protección a la que tienen derecho". "Es inaceptable que por la falta de diligencia de las autoridades españolas estos menores también terminen indocumentados en situación de calle", ha señalado Virginia Álvarez, responsable del área de Derechos Humanos de la entidad.
Beltran ha criticado, en este sentido, la "falta de un enfoque de infancia para atender adecuadamente a los niños y niñas que están arribando a España", con independencia "del territorio concreto al que llegan". A su juicio, esta situación "está mermando gravemente el acceso a sus derechos".
"Tampoco es aceptable que el gobierno español delegue toda la responsabilidad en una comunidad autónoma que, por otro lado, tiene dificultades para proporcionar atención adecuada a menores no acompañados como también sucede por ejemplo en el caso de Ceuta y Melilla", ha añadido.
PETICIONES
Con este escenario, AI reclama una revisión en profundidad del sistema actual de atención a los niños y las niñas que llegan solos al Estado para garantizar que se cumple con el principio del interés superior del menor.
Además, propone como "medidas urgentes", el establecimiento de instalaciones de acogida adecuadas para los menores con mecanismos ágiles de corresponsabilidad territorial; acelerar los procedimientos relativos a la determinación de la edad; facilitar procesos ágiles de documentación e itinerarios para garantizar su integración en la sociedad; asegurar que los menores no acompañados tienen acceso a servicios, educación y atención médica; y asegurar su acceso a información sobre sus derechos y al procedimiento de asilo.
El Gobierno ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Extranjería, para que los jóvenes migrantes tutelados no se queden sin papeles al alcanzar la mayoría de edad y puedan acceder a un empleo. En concreto, la reforma afectará a 15.000 personas, 8.000 de ellas, menores migrantes no acompañados y 7.000 jóvenes de 18 a 23 años.
"Con este Real Decreto vamos a facilitar la incorporación de estas personas en el mercado de trabajo, que puedan tener una vida independiente, simplificamos la carga administrativa y se ajustan los requisitos a la realidad de nuestro país hoy", ha anunciado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El objetivo, según ha dicho Rodríguez, es "simplificar el procedimiento administrativo, reducir el ámbito de la documentación de los menores evitando que lleguen a la mayoría de edad sin esta documentación" así como "conservar la inversión pública que se ha hecho en ellos", a través de su formación y su acogimiento.
Según explica el Ministerio de Inclusión en un comunicado, la normativa actual provoca que muchos menores caigan en irregularidad sobrevenida al cumplir los 18 años, una situación causada por "la rigidez" de la normativa que el Gobierno modifica ahora.
El Ministerio de Inclusión ha propuesto una serie de cambios en los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento de Extranjería, con un nuevo régimen jurídico que promueve la inclusión de este colectivo y homologa la norma española con la de países del entorno.
En concreto, el objetivo final de la reforma es "promover la inclusión y reducir la vulnerabilidad de estas personas evitando que lleguen a la mayoría de edad menores extranjeros no acompañados indocumentados, consolidando que puedan acceder al mercado laboral a partir de los 16 años (y tras cumplir 18 años)".
Así, se establece un régimen propio para los jóvenes extutelados con requisitos más acordes a su realidad, alargando la duración de las autorizaciones de residencia y permitiendo que los jóvenes extutelados que ahora tienen entre 18 y 23 años y que se han visto abocados a la irregularidad sobrevenida puedan acceder a una autorización de trabajo.
SE SIMPLIFICA EL PROCEDIMIENTO
De esta manera, se modifica el artículo 196 del reglamento de extranjería para simplificar el procedimiento de documentación cuando son menores. En primer lugar, se reduce el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno de 9 a 3 meses; y cuando se superen esos tres meses, las oficinas de extranjería documentarán de oficio a estas personas sin que este procedimiento interfiera en una posible repatriación. No obstante, si la repatriación procediera, se extinguiría la autorización concedida.
En segundo lugar, se incrementa la vigencia de la autorización inicial de uno a dos años y de la autorización de renovación a tres años. En tercer lugar, se exime de la exigencia de acta notarial para la cédula de inscripción y se sustituye por un informe de la entidad de protección de menores. Finalmente, se consolida que las autorizaciones de residencia habiliten para trabajar cuando el menor alcance los 16 años.
Además, con la modificación de los artículos 197 y 198 del Reglamento de Extranjería, se crea un régimen propio para los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad. Para aquellos que llegan a los 18 años documentados (artículo 197), se establece un régimen propio sin referencias a residencia no lucrativa, lo que favorece la continuidad de la autorización que tenía como menor.
Por otro lado, se reduce la acreditación de medios suficientes a una cuantía más adecuada (el Tribunal Supremo estableció en el 100% del IPREM el requisito económico para la autorización inicial y del 400% del IPREM en la segunda renovación), se fija como requisito la cuantía máxima de Ingreso Mínimo Vital que se tendría derecho a percibir como hogar unipersonal (470 euros al mes actualmente) y se permite que se computen los ingresos procedentes de un empleo o del sistema social.
JÓVENES QUE LLEGAN A LOS 18 AÑOS SIN DOCUMENTAR
En el caso de los menores que llegan a los 18 años sin documentar, se modifica el artículo 198 para establecer un nuevo sistema para documentar a aquellos jóvenes que no lo están al llegar a la mayoría de edad. Estos jóvenes accederían a una autorización para residir y trabajar con los mismos requisitos mencionados anteriormente. En ambos casos, tanto para quienes hayan llegado a la mayoría de edad documentados como sin documentar, se tendrán en cuenta los informes sobre esfuerzo de integración, continuidad de estudios o formación.
Finalmente, para aquellos jóvenes extutelados que tienen ahora entre 18 y 23 años y se encuentran indocumentados, se pone en marcha un procedimiento para que puedan acceder a la autorización prevista para los menores que llegan sin documentar a la mayoría de edad. De esta forma, se evita que queden en irregularidad sobrevenida y se generen situaciones de exclusión social.
Según ha precisado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta reforma es fruto de un trabajo en colaboración con las comunidades autónomas, "que venían reivindicando este cambio de regulación porque son ellas quienes se hacen cargo de la gestión de estas personas"; con la sociedad civil y el Tercer Sector, y previo dictamen del Consejo de Estado.
Durante el proceso de consulta pública se recibieron 122 aportaciones, mientras que en el trámite de información y audiencia pública hubo otras 15 contribuciones. Además, 11 comunidades autónomas participaron activamente en los trámites y realizaron una valoración positiva de la reforma. De igual modo, el Consejo de Estado se refirió a este cambio normativo subrayando "la relevancia y el ambicioso alcance de la reforma".
El Ministerio de Inclusión recuerda que, en 2020, ya realizó varias mejoras en la normativa de este colectivo, como la instrucción que habilitaba a los menores a trabajar a partir de los 16 años, de forma análoga al resto de menores, y el Real Decreto que otorgó autorización de trabajo y residencia por dos años para los jóvenes extutelados que trabajaron en el campo durante la pandemia. La mayoría de los jóvenes a los que se les dio esa autorización, según precisa, siguen a día de hoy afiliados a la Seguridad Social y trabajan en sectores muy diversos.