El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, ha defendido que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) no ha cuestionado aspectos de fondo en la implantación de la planta de tratamiento de residuos de Imárcoain y por ello "retramitarán" el PSIS.
En comparecencia en comisión parlamentaria a petición de Navarra Suma, Aierdi ha subrayado que las sentencias dictadas el 23 y 30 de diciembre por el TSJN se refieren únicamente "a cuestiones procedimentales en la tramitación administrativa".
"En ninguna de las dos sentencias cuestiona en ningún momento la idoneidad ni la oportunidad de la instalación de dicha planta de residuos en la Ciudad del Transporte ni su encaje en el PSIS", ha señalado. Ha indicado que se ha querido utilizar esta situación para "torpedear un proyecto que ha concitado un importante consenso".
En este sentido, ha insistido en que "en ningún caso se refieren a dimensión económica en la implantación del centro, a la compraventa de suelo, a las características de este proyecto, a su idoneidad, a sus inexistentes afecciones ambientales, a las condiciones del acuerdo suscrito entre Nasuvinsa y la Mancomunidad ni al propio contenido del PSIS".
Según ha informado, en respuesta a esta sentencia se ha iniciado ya el proceso de participación ciudadana que exige la retramitación de este expediente con su publicación ayer en Gobierno Abierto hasta el 15 de febrero.
"El contenido material va a ser prácticamente el mismo", ha señalado, para destacar que, como todos los informes sectoriales que se solicitaron en su día fueron favorables, "en este caso lo van a seguir siendo" y esto "permitirá en un tiempo razonable realizar la revisión y modificación del PSIS".
La resolución judicial, ha explicado, se basa en la consideración de que dos modificaciones que se introducen después de la aprobación inicial son "sustanciales" y requieren una retramitación y nueva exposición pública, una interpretación que el consejero ha reconocido que no comparten pero que acatarán por la "inseguridad jurídica" de presentar un recurso de casación.
Uno de los puntos modificados, ha indicado, es la no eliminación de la conexión ferroviaria a la Ciudad del Transporte ya que, aunque desde el departamento entendían que "no era justificable ni desde el puto de vista económico ni logístico ni ambiental", se les instó a mantenerla por la existencia de un "informe preceptivo y vinculante" que se lo impedía.
Asimismo, ha apuntado, se incorpora "no una modificación, sino una aclaración a una enmienda presentada por los propios alegantes en relación con los usos previstos en las parcelas allí planteadas" que contaba con un informe que "señalaba que los cambios propuestos no pueden considerarse como sustanciales" y "no precisa de esta nueva exposición pública".
Con este centro, ha indicado el consejero, se quiere "dar respuesta con una solución técnica moderna, innovadora, sostenible" a las exigencias que plantea Europa ante retos de tratamiento de residuos y economía circular puesto que "prohíbe seguir vertiendo residuos sin tratar y obliga a buscar una alternativa al obsoleto y amortizado vertedero de Góngora".
Desde Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha tachado de "lamentable" la actuación del consejero en este proceso y ha subrayado que la sentencia "decreta la nulidad de pleno derecho de toda su recalificación urbanística" y "le condena en costas porque no hay duda de la ilegalidad de todo lo actuado". Ha advertido de que "se prevarica si se siguen haciendo".
Arantxa Biurrun, del PSN, ha insistido en que "no se está cuestionando el fondo", que es la implantación de la planta de tratamiento en Imárcoain, sino que "se está cuestionando la forma" y ha criticado a Navarra Suma echándole en cara que quiere "embarrar" todos los temas en los que está trabajando el Gobierno de Navarra.
La portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, ha referido que "había una necesidad urgente de una planta de tratamiento de residuos" y ha considerado que con el acatamiento de la sentencia el Gobierno "va a acortar los plazos" y demuestra "no había ninguna intención de hurtar ningún espacio de participación".
Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha considerado que "debemos seguir adelante" con el proyecto y ha recordado que éste estaba "ampliamente respaldado hasta que se decidió la ubicación". Ha declarado que, aunque "nadie quiere tener en su pueblo una planta de tratamiento de residuos", tiene que primar "el bien común e interés general".