La tripulación del Aita Mari conocerá mañana martes si zarpa definitivamente rumbo a su novena misión humanitaria en aguas del Mediterráneo central. El barco, que permanece atracado en el muelle de Vinaròs, en la provincia de Castellón, se somete a lo largo de la mañana a su última inspección. Si todo va con arreglo a lo previsto, tan solo será necesario planificar la compra de comida fresca para la tripulación, consultar el parte meteorológico y acto seguido programar la fecha de salida.
Salvo sorpresas de última hora, el atunero con base en Pasaia reconvertido en barco de rescate humanitario zarpará entre el miércoles y el viernes, a la espera de la decisión que adopte el capitán una vez recibido el despacho, que debe ser remitido desde Madrid. “Sobre el papel, hay una predisposición para conceder la inspección de bandera”, revela Mikel San Sebastián, coordinador de comunicación de la Asociación Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), e integrante de la tripulación.
Son en total trece las personas embarcadas en esta nueva misión, ocho de ellas profesionales y cinco voluntarios: dos socorristas, un médico, una enfermera, y la fotoperiodista Ximena Borrazas. Como dicen a bordo en clave un tanto desenfadada, será la misión 9.2, ya que la novena se quiso poner marcha en octubre, aunque no pudo ser. El barco se vio obligado a aplazar temporalmente sus planes ante la petición extraordinaria de la Capitanía Marítima de Castellón, que solicitó aguardar algún tiempo. Entre otras razones, para “conocer mejor" la postura del nuevo gobierno de extrema derecha en Italia.
El vacío que dejan los estados en el mar
Desde 2014, los barcos civiles de salvamento llenan el vacío que los Estados europeos han dejado tras interrumpir sus operaciones de búsqueda y rescate. ONGs como Salvamento Marítimo Humanitario desempeñan un papel esencial para cubrir este espacio y evitar que se pierdan más vidas en el mar. Una tarea constantemente obstaculizada, especialmente por el gobierno italiano, que en octubre cambió de manos y dirige ahora la ultraderechista Giorgia Meloni.
En ese contexto, la Dirección General de la Marina Mercante solicitó a la tripulación del Aita Mari que aplazara la misión hasta enero, ya que el Estado había alcanzado un número máximo de detenciones de buques. Cada país, según la legislación vigente, tiene asignado un cupo de barcos retenidos por no haber superado la inspección, de ahí que la dirección general solicitara “amablemente” esperar, para evitar un posible daño al sector naviero español. Ante una eventual detención "por motivos políticos", y en solidaridad con las personas que podrían verse afectadas en sus empleos, SMH aceptó que permanecer en aguas españolas hasta finalizar el año.
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Trascurrido este tiempo, durante este mes ya ha sido liberado alguno de los barcos que hacían agotar ese cupo, por lo que se cierra ahora el compás de espera. “Reanudamos la misión y en cuanto tengamos permiso marchamos”, resumía este lunes a este periódico el vicepresidente de la asociación.
Aguardan a bordo el momento con una disposición de ánimo a prueba de bombas. “Hay gente muy trabajadora y coordinada, y todos estamos con ganas de salir ya”, reconoce San Sebastián, consciente de la parte que les toca más allá del permiso que conceda Dirección General de la Marina Mercante.
Una maniobra que retrasa los rescates
Desde que Giorgia Meloni se convirtió en primera ministra de Italia, el 22 de octubre de 2022, el gobierno ultraderechista ha ido demorando el desembarco de cientos de personas, como se ha podido comprobar este tiempo atrás con los barcos de rescate Ocean Viking y Rise Above. Según denuncian las ONG de ayuda humanitaria, se trata de “un claro incumplimiento” del principio de no devolución, además de suponer "un trato vejatorio e inhumano” a personas supervivientes de un largo y penoso proceso migratorio.
“ El nuevo decreto italiano que exige que los buques civiles de salvamento se dirijan inmediatamente a Italia tras cada rescate es interpretado como una maniobra para retrasar las operaciones de salvamento ”
Un nuevo decreto italiano exige que los buques civiles de salvamento se dirijan inmediatamente a Italia después de cada rescate. Se trata de una maniobra que retrasa las operaciones de salvamento, ya que los barcos suelen realizar varios rescates a lo largo de varios días. Las ONGs denuncian que aumentará el número de pateras que queden desatendidas en el Mediterráneo central. Esta nueva medida “contradice” la obligación del capitán de prestar asistencia inmediata a las personas en peligro, consagrada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
Este aspecto del decreto se ve agravado por la reciente política del Gobierno de Roma de asignar con mayor frecuencia “puertos lejanos”, que pueden estar hasta a cuatro días de navegación de la ubicación actual de los buques. “Están asignando los puertos lo más lejos posible de la zona SAR (de responsabilidad de búsqueda y salvamento marítimo). La notificación de puerto para desembarcar la están dando rápidamente, pero a una distancia que no parece muy lógica, ni atiende a lo que dice el derecho internacional”, critica la ONG. “Tener que cubrir una travesía de tres o cuatro días rumbo a tierra con muchas personas a bordo tras un rescate, y expuestos a mala mar, no parece muy justo”, opina San Sebastián.
Una veintena de organizaciones civiles dedicadas a actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central ha expresado su preocupación por el intento del gobierno italiano de obstruir la asistencia a las personas en peligro en el mar.