"Al admitir el traslado de un preso a Euskadi no analizamos cuál es el delito sino su arraigo para la reinserción"

Tras varios meses en blanco, Instituciones Penitenciarias sorprendió a finales de julio con 11 traslados de presos de ETA a Euskadi, a los que siguieron otros 12. El juez en excedencia Jaime Tapia, que en 2021 asumió el reto de levantar el sistema vasco de prisiones, habla sobre esta circunstancia y acerca de la concesión de terceros grados a presos por parte del Gobierno vasco.

El acelerón en el traslado de presos de ETA a Euskadi, ¿supone una prueba de la confianza del Estado en la gestión de las prisiones por parte del Gobierno vasco? 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la viceconsejería de Justicia estamos colaborando estrechamente. A mí me corresponde hacer la labor de mediación y nos coordinamos en los traslados y en el resto de temas. El traslado de los presos de ETA hay que contextualizarlo en esa relación fluida y continua que estamos manteniendo. La Secretaría General tiene en cuenta que hay ciertas personas con un arraigo en el País Vasco, nosotros valoramos esas peticiones y decidimos recibirlos o en algún caso, sustancialmente por la falta de arraigo, se rechaza. Pretendemos globalizar estos traslados en una visión más general, tenemos que adoptar decisiones en relación a todos.

Es decir, los traslados no se refieren solo a los presos de ETA.

Claro, hay que tener en cuenta que muchas veces la persona que comete un delito puede ser detenida en Irun pero igual es de Madrid o Sevilla. Entonces, no tiene ninguna vinculación con el País Vasco y hay que trasladarla a su lugar de arraigo. Otras veces deben salir del País Vasco porque tienen que realizarse diligencias judiciales o por tener familiares en otras partes de España. La dificultad es que no hay una norma, hay una regla no escrita para las personas que tengan un arraigo personal, familiar o social en los tres territorios de la CAV. Hay que ir normalizando y viendo qué personas tienen que cumplir sus condenas en el País Vasco y quienes fuera, ir fijando criterios en esta relación con la Secretaría General en un diálogo, no en una imposición.

¿Se puede decir que antes de que acabe la legislatura en el Estado español todos los presos de ETA estarán cumpliendo condena en cárceles de la CAV y Nafarroa?

No se puede hacer de adivino, parece que hay una tendencia en ese sentido pero tampoco lo sabemos muy bien. Hemos estado dos o tres meses sin recibir ninguna petición de traslados y de repente a finales de julio hubo una petición y a principios de agosto, otra. Puede que haya una aceleración o no, en todo caso parece razonable pensar que se van a ir produciendo estas solicitudes de los internos y posteriormente de la propia Secretaría General, en un tiempo que podría ser esta legislatura. Los que estamos gestionando los traslados a nivel técnico no nos movemos en ámbitos políticos para saber qué directrices o criterios se siguen más allá de lo que vemos en los medios de comunicación.

De forma inevitable, le está llegando el turno a reclusos con penas muy amplias tras ser condenados por atentados muy simbólicos.

En general, lo que percibo en la sociedad vasca es que los traslados de las personas que cometieron los delitos perteneciendo a la organización terrorista ETA se ven con cierta normalidad. Es verdad que los medios de comunicación del Estado le dan un bombo y platillo para mí desmesurado, pero la ciudadanía lo asume. Nosotros no examinamos cuál es el delito cometido sino el arraigo de las personas que han cometido el delito, y si lo tienen se va a admitir el traslado. El delito no es un dato a tener en cuenta, el criterio es el arraigo personal, familiar y social, que es el que permitirá que la reinserción -lo que pretendemos para todas las personas privadas de libertad- sea más factible y exitosa por la cercanía con su entorno. 

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ya ha expresado su desacuerdo con esta última tanda de traslados de presos.

Colaboramos estrechamente con la viceconsejería de Derechos Humanos, que forma parte del mismo Departamento, y una de las claves de nuestro modelo penitenciario es tener en cuenta los derechos e intereses de las víctimas. Somos respetuosos con lo que las víctimas del terrorismo manifiestan, es más, cuando se producen los traslados se lo comunicamos, precisamente a través de esa viceconsejería de una manera más personalizada y cercana. Lo que nos trasmiten es que agradecen que se les notifique esa circunstancia. Que luego la AVT o Covite manifiesten su rechazo, la libertad de expresión permite ese tipo de manifestaciones.

Respecto a la concesión de terceros grados, ¿el Gobierno vasco está siguiendo los parámetros y el ritmo previstos? 

Estamos tomando las decisiones en base a criterios técnicos y científicos, cada seis meses recibimos propuestas de las juntas de tratamiento, que a su vez tienen contacto con los equipos técnicos de los propios centros penitenciarios. En unos casos para mantener el segundo grado y en otros nos proponen el tercer grado. Conocen que al margen de los requisitos legales tiene que haber otros relacionados con el delito y con las propias víctimas, nosotros lo analizamos, en su caso pedimos informes complementarios y en la mayoría de los casos hemos ratificado esa propuesta de tercer grado. 

¿Qué requisitos se tienen en cuenta a la hora de admitir estas progresiones de grado?

Que se haya cumplido una parte relevante de las penas, la conducta penitenciaria, la personalidad, el posicionamiento respecto al delito y a las víctimas... Vamos poco a poco, es verdad que las ocho primeras peticiones tardaron un poco más porque era cuestión de fijar unos criterios que pudieran servirnos para los próximos supuestos que pudieran llegar. Nada de valoraciones políticas, y esta decisión debe ser confirmada en última instancia por la Audiencia Nacional.

¿Este proceso es similar en todo el Estado o hay diferencias?

Desde el punto de vista de lo que puede ser una gran novedad, lo que diferencia la antigua situación de la actual tras la asunción de la competencia es la amplia motivación que recogen las resoluciones administrativas. Estas progresiones al tercer grado tienen varias páginas de explicaciones técnicas y jurídicas, y cuando uno las analiza ve que no son decisiones arbitrarias sino que tienen un peso importante y el aval de las juntas de tratamiento, que están continuamente en contacto con las personas privadas de libertad.

Respecto a la Audiencia Nacional, primero se recurrió la progresión de grado de ‘Fiti’ y luego dos presos tuvieron que volver a prisión. Atendiendo al número de terceros grados avalados por la AN, ¿se ven ratificados en su planteamiento y forma de trabajar?

Utilizamos la fórmula del respeto por las decisiones judiciales. Como administración penitenciaria nos toca intentar que las decisiones administrativas se confirmen porque una revocación provoca mucha frustración y un cierto desánimo de la persona afectada. No es una cuestión de sentirnos ratificados o no, la administración penitenciaria tiene una perspectiva que no es estrictamente la misma que la de la justicia. En los casos en los que se han revocado las decisiones, intentaremos que las personas afectadas tengan en cuenta qué es lo que han dicho esas instancias judiciales para que en el futuro podamos seguir manteniendo esa resolución administrativa. Hacemos un trabajo ajustado a la legalidad, honesto y transparente. Trabajamos en una línea constructiva para que las cosas puedan avanzar de manera discreta.

¿Se puede concretar el número de terceros grados que se han concedido y a quiénes?

Pensamos que cuanta menos concreción haya es mejor. Esto se debe hacer de forma que no sea una exposición pública continua, el famoso ruido no favorece. Se les concede el tercer grado, estas personas acceden a su vida, a sus trabajos, a sus relaciones sociales y no creemos que deba ser objeto de publicitación. Lo veo desde una perspectiva más ligada a la reinserción, si se publicaran listados de los terceros grados esos procesos de reinserción de verían perjudicados. Porque la mayoría de las concesiones de terceros grados o libertades condicionales son exitosas, afortunadamente estas personas no vuelven a cometer delitos. Las mismas personas que se ven afectada por esta medida no quieren que se diga porque les perjudica.

¿Cómo casa todo esto con la justicia restaurativa entre presos y víctimas, un concepto clave para el Gobierno vasco?

Casa perfectamente porque siempre decimos que la justicia restaurativa es complementaria del enjuiciamiento y condena de una persona, y de la aplicación de la normativa penitenciaria: los permisos, terceros grados, la libertad condicional, etc. Complementa tanto desde el punto de vista de la víctima como del victimario. Hay víctimas que tienen interés en entrar en procesos restaurativos con la persona que realizó el delito contra su familiar o contra ella misma, o con otro tipo de victimarios. Por otro lado, hay victimarios que, en ese proceso de cumplimiento de la condena durante años, también tienen interés y voluntad de participar en estos procesos.

¿Qué efectos beneficiosos tiene la justicia restaurativa para los intereses de unos y otros?

La propia justicia está teniendo en cuenta a la justicia restaurativa como un elemento que puede ser positivo para progresar hacia regímenes de semilibertad. En las resoluciones de ciertos autos de la AN aparece que es conveniente que los victimarios se sometan, obviamente de forma voluntaria, a estos procesos. Entonces, no supone ningún tipo de entorpecimiento ni de distorsión respecto a lo que puede ser la justicia restaurativa.

¿Y qué próximos pasos se van a dar en este ámbito?

Es un servicio que a partir del próximo trimestre se ofrecerá a unos y otros, poco a poco, de manera sosegada y discreta. De tal manera que tanto víctimas como victimarios, después de una información suficiente de qué supone y de la aclaración de dudas, puedan integrarse. Por experiencias personales, profesionales y por lo que nos dicen los estudios sobre la justicia restaurativa, va a ayudar a unos y a otros a sanar las heridas, a recomponer sus espíritus y sus mentes. En algunas personas puede tener un efecto sanador y eso siempre es positivo. Incluso, y esto ya sería una ambición de la estrategia de justicia restaurativa, que al final ayude a una convivencia pacífica y de reconciliación en el País Vasco, como una perspectiva más a largo plazo.