‘Alakrana’, 15 años del secuestro que lo cambió todo

El 2 de octubre de 2009, el atunero Alakrana, con base en el puerto vizcaino de Bermeo, era secuestrado cerca de las seis de la mañana en aguas del océano Índico por un grupo de piratas somalíes. Lo que parecía una pesadilla pasajera se convirtió en 47 días de angustia, incertidumbre y negociaciones tensas que marcaron un antes y un después en sus vidas y también en la lucha contra la piratería marítima. Hoy, 15 años después, nos preguntamos cómo se recuerda aquel episodio que cambió para siempre la forma en la que los pesqueros operan en las aguas internacionales.

Aquel día, el Alakrana se encontraba a más de 400 millas de la costa somalí, en una zona donde la piratería se había vuelto un riesgo constante para los buques que faenaban en el Índico. Aunque la tripulación había conseguido esquivar un ataque días antes, los 36 marineros no pudieron evitar que un grupo de piratas tomara el control del barco en su segundo intento.

Entre los secuestrados había siete personas de Euskadi, ocho de Galicia y una de Andalucía, lo que convirtió el incidente en un asunto de Estado. Las primeras horas fueron de incertidumbre, ya que las comunicaciones con el barco se interrumpieron, creando una gran preocupación en localidades como Bermeo.

“Recuerdo que fueron los 47 días más difíciles de mi etapa como alcalde”, comenta Xabier Legarreta, quien ocupaba el cargo de primer regidor de Bermeo durante el secuestro. “Aunque fue algo que no nos pilló por sorpresa, ya llevábamos meses preocupados por la amenaza de los piratas. De hecho, justo tres semanas antes del secuestro, asistí al Congreso de los Diputados en Madrid, donde el Grupo Vasco presentó una iniciativa solicitando más protección para los atuneros vascos, debido a esa amenaza constante. Lamentablemente, aquella iniciativa no salió adelante y, tres semanas después, nos encontramos con el secuestro“.

Para Legarreta, el rechazo del Congreso de los Diputados a la propuesta de incluir seguridad armada en los barcos fue un duro golpe. “Lo vivimos como un mazazo, porque cuando se presentó esa iniciativa en el Congreso ya sabíamos que nuestros arrantzales vivían bajo una amenaza real. Si se hubiesen tomado las medidas en su momento, quizás se habría podido evitar lo que vivimos durante 47 días”, reflexiona el entonces alcalde de Bermeo, recordando con amargura cómo la falta de acción política pudo haber tenido fatales consecuencias en el desenlace del secuestro. La respuesta del Gobierno español al secuestro fue rápida. La fragata Canarias, que se encontraba en el Índico en el marco de la Operación Atalanta de la Unión Europea, fue movilizada de inmediato, lanzándose a la búsqueda del pesquero. Aunque no logró liberar al Alakrana, la fragata capturó a Abdu Willy y Raageggesey Hassan Aji, dos piratas que habían salido del barco y se dirigían en un bote rumbo a Mogadiscio, en busca de provisiones. Ambos fueron trasladados a España, donde el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón estaba preparado para imputarles en una causa que posteriormente fue asignada a su compañero Santiago Pedraz.

Este hecho complicó aún más un caso que se convirtió en un desafío para el Gobierno español. Los piratas amenazaron con tomar represalias y ejecutar a alguno de los miembros de la tripulación si no se liberaba a sus compañeros, manteniendo en vilo a los familiares durante varias semanas. Los tripulantes españoles narraron después cómo habían sufrido maltratos y humillaciones.

Cuando el armador se enteró del secuestro, interrumpió sus vacaciones en Tanzania y se trasladó de inmediato a Kenia. Allí asumió personalmente el primer contacto con el portavoz de los piratas, conocido como Jama. No obstante, las negociaciones se detuvieron rápidamente debido a la exorbitante demanda de diez millones de dólares. Kepa Etxebarria, representante de la empresa armadora, fue el encargado de comunicar a los secuestradores que no podían asumir el pago.

Bermeo, en vilo

El secuestro del Alakrana se vivió con especial preocupación en Bermeo, de donde procedían varios de los pescadores, así como el propio atunero congelador, propiedad de la empresa Echebastar Fleet. Miles de personas se movilizaron en la localidad vizcaina y en ciudades como Bilbao para reclamar la libertad de los tripulantes. La presión sobre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero crecía a medida que los días pasaban.

“Bermeo vivió ese episodio con muchísima intensidad. El Alakrana no solo era un barco de aquí, sino que muchos vecinos tenían familiares y amigos a bordo“, explica Legarreta. Durante ese periodo, el ayuntamiento se volcó en apoyar a las familias de los secuestrados y a la empresa, un cometido que no siempre contó con el respaldo esperado. “Nos sentimos muy solos. En ningún momento recibí ninguna llamada del Gobierno central ni del Gobierno vasco de Patxi López; el único contacto que tuvimos fue una reunión con la consejera de Pesca tras insistir los alcaldes de los municipios afectados”, recuerda con cierta desazón Xabier Legarreta.

En medio de la crisis surgió la figura de Pepe, el de los misterios. Descrito en la sentencia como un hombre de unos 45 años, con gran habilidad para la conversación y experiencia en este tipo de situaciones, tomó el relevo del armador y retomó las negociaciones. Desde la Embajada de España en Nairobi (Kenia), logró establecer contacto con los piratas y gestionar discretamente el proceso que culminó con la liberación del atunero y su tripulación. El 21 de noviembre de 2009, los tripulantes vascos regresaron a casa, en un avión del Ejército del Aire que aterrizó en la base de Torrejón de Ardoz.

“Recuerdo con mucha alegría y alivio ese día. Fue una liberación tanto para las familias como para el pueblo. Veíamos cómo otros buques llevaban meses secuestrados y sus negociaciones no avanzaban. Para nosotros fue un gran alivio saber que todo había terminado bien“, comenta el exalcalde. Sin embargo, la presión mediática también fue una preocupación. “Tuve que interceder para que, al llegar a casa, los arrantzales pudieran estar tranquilos. Necesitaban descansar y pasar el duelo de lo que habían vivido”, añade.

La Audiencia Nacional condenó a Abdu Willy y Raageggesey Hassan Aji a 439 años de prisión, además de indemnizar con 100.000 euros a cada uno de los secuestrados. La pregunta clave que quedó en el aire fue si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había pagado un rescate para que los marineros fueran liberados.

Miembros del Ejecutivo negaron cualquier desembolso. Sin embargo, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional contradijo dicha versión al señalar que no fue la empresa armadora sino organismos públicos vinculados al Gobierno español los que realizaron el pago, lo que desató una tormenta política sobre la transparencia y la legalidad de la operación.

Cambios en seguridad marítima

El secuestro del Alakrana no solo sacudió a la opinión pública y política, sino que también transformó la seguridad en la industria pesquera. A partir de entonces, los atuneros y otros barcos comerciales comenzaron a incorporar seguridad privada a bordo y se reforzó la presencia de fuerzas internacionales en las aguas del Cuerno de África, logrando frenar drásticamente los ataques piratas en la región. Según datos del Estado Mayor de la Defensa, de 2009 a 2011, eran pirateados cada año en torno a 50 barcos, unas cifras que han descendido “a prácticamente cero” gracias a estas medidas.

“Aquello supuso una manera diferente de vivir el trabajo en los atuneros”, concluye Legarreta, quien no duda en señalar que, si se hubieran tomado medidas antes, tal vez se podría haber evitado aquella amarga experiencia.

Quince años después, el secuestro del Alakrana sigue vivo en la memoria de Bermeo. “Aunque ha pasado mucho tiempo, este episodio dejó una huella profunda en el pueblo. Cambió la forma de trabajar y entender los riesgos del mar”, reflexiona Xabier Legarreta, quien, a pesar del tiempo transcurrido, no olvida la angustia vivida durante aquellos 47 días.