Las Juntas Generales de Álava han aprobado este viernes los presupuestos de la Diputación Foral para 2023, con el apoyo de los dos grupos que apoyan al Gobierno foral, PNV y PSE-EE, y el rechazo unánime de toda la oposición.
Los tres grupos que no respaldan al Ejecutivo provincial, EH Bilu, PP y Elakarrekin Araba, han acusado al Gobierno de Ramiro González de no haber tenido voluntad de acuerdo, al haber aceptado tan solo 15 enmiendas parciales por un valor de 400.000 euros.
Por su parte, desde los grupos nacionalista y socialista han hablado de que esos grupos han planteado cantidades "desorbitadas" y cuestiones ajenas a la propia negociación presupuestaria.
Los presupuestos de la Diputación de Álava para 2023 superan los 650 millones de euros, 75 más que los de este ejercicio, lo que supone un incremento del 13,1 %.
Las cuentas destinan prácticamente uno de cada dos euros, 286,1 millones de euros, a políticas sociales, lo que representa casi 900 euros por habitante.
Durante el debate del pleno de hoy, la portavoz del PNV, Izakun Moyua, ha destacado la "clara vocación social" de los presupuestos, con una apuesta "sin precedentes" para atender a las personas y sus necesidades.
Ha añadido que son unos presupuestos diseñados "con seriedad, realismo y con ambición" y ha acusado a los grupos de la oposición de estar más preocupados por su posición ante las próximas elecciones locales de mayo del año que viene que "por sumar" y acordar.
Moyua se refería a la portavoz de EH Bildu, Eva López de Arroyabe, quien ha defendido que tras esas próximas elecciones habrá otro presupuesto elaborado por otra mayoría, con una reforma de la fiscalidad ya que el "inmovilismo de este gobierno en esta materia es alarmante".
López de Arroyabe ha criticado el, a su juicio, nulo interés negociador del gabinete de González, ya que su grupo planteó enmiendas por valor de 23 millones de euros y solo se le han aceptado 2 que mueven 185.000 euros, el 0,03 % del presupuesto.
Jon Nogales (PSE-EE) ha hablado de unos presupuestos "expansivos y de clara vocación social", del "liderazgo socialista" y que son los que "Álava necesita".
Nogales ha defendido el actual modelo fiscal como "justo, progresivo y que funciona", aunque ha reconocido que existen "márgenes de mejora que garanticen mejor su función redistributiva", y en este sentido ha comprometido su apoyo a implantar en Euskadi el impuesto a las grandes fortunas.
Iñaki Oyarzabal (PP) ha acusado a los grupos que apoyan al Gobierno de "autocomplacencia" y de desplegar políticas que están "dañando profundamente a las clases medias que no llegan a final de mes y que no pueden acceder a las ayudas públicas".
Esto pasa con un "récord de recaudación gracias a que se les está exprimiendo los bolsillos a esas clases medias", y ha acusado a PNV y PSE-EE de "aplicar el rodillo de su mayoría absoluta", ya que del PP solo apoyaron a 1 de las 129 enmiendas presentadas y transaron otras 4.
David Rodríguez, de Elkarrekin Araba, ha sido muy crítico con la deflactación lineal de las tablas del IRPF en un 2 % el próximo año, que supondrá dejar de recaudar 21 millones de euros, una medida que ha definido como "injusta y regresiva".
Rodríguez ha explicado que con esos millones se podría dotar con 8 millones más al Instituto Foral de Bienestar Social, apoyar con otros 3 millones las prestaciones por cuidado de dependientes, luchar contra la pobreza energética con 2 millones y subvencionar la cesta básica para las personas más vulnerables con otros 2 millones.