El diputado foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, ha anunciado este jueves que en breve se constituirá una comisión de trabajo política y técnica entre el Gobierno Vasco y la Diputación, que dará los primeros pasos para abordar los criterios y programas de inclusión y reinserción de las personas que han pasado por prisión.
La iniciativa surge tras la transferencia en materia de prisiones, prevista para octubre de este año, en la que si bien no hay financiación o proyectos para esa tarea de resocialización de las personas que han cumplido sus penas, si hay voluntad de trabajar en la atención a estas personas, como se viene haciendo desde hace décadas.
Emilio Sola ha realizado esta manifestación en el transcurso de su comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social para explicar a situación actual y a futuro de los recursos de atención a personas presas gestionados por la Comisión Ciudadana Anti-Sida y por ADAP en respuesta a una pregunta realizada por el grupo juntero de EH Bildu.
Recursos gestionados
La coalición había manifestado que se habían perdido plazas en los recursos gestionados por estas dos asociaciones y el diputado aprovechó para realizar un recuento. Recordó que el compromiso de la Diputación Foral de Álava en la atención a las personas privadas de libertad, data aproximadamente de los años 80, momento en el que se comenzaba a excarcelar a las primeras personas internas.
En aquellos años, la Diputación ostentaba la presidencia de la Comisión de Asistencia Penitenciaria, compuesta por el equipo de atención social del centro penitenciario y su dirección, en aquel momento Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz e IFBS.
En aquellos tiempos, junto con el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se pusieron en marcha dos pisos de acogida: uno para hombres y otro para mujeres, en los años 1991 y 1993. Se hizo "mediante sendos convenios de colaboración con entidades del tercer sector que venían trabajando con este colectivo dentro de nuestro territorio, la Comisión Ciudadana Antisida y la Asociación de Ayuda a las personas presas (ADAP). Estos servicios contaron con una pequeña subvención de Gobierno Vasco, de la Dirección de Justicia, hasta 2013". El apoyo, desde entonces siguió desde la Diputación y el ayuntamiento de Vitoria.
Prisión condicional
A esto se añade que "en 2005, se puso en marcha un piso para la incorporación social de hombres en libertad condicional. Por lo que entre los tres recursos se cuenta con un total de 25 plazas residenciales (19 para hombres y 6 para mujeres) y 20 plazas para el disfrute de permisos en régimen de día (12 para hombres y 8 para mujeres).
En diciembre de 1997, "se concedieron las primeras ayudas económicas destinadas al colectivo de personas privadas de libertad, al objeto de prevenir y procurar su reinserción social. Estas ayudas siguen vigentes actualmente y están destinadas a las personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario Araba".
A esto se suma que en 2016 y 2021 se convenió con el ayuntamiento de Vitoria el I y II Convenio Marco para la coordinación Interinstitucional en materia de exclusión social con los que se promovieron diferentes líneas de actuación.
Ampliar la ayuda
Durante todos estos años se ha mantenido la colaboración, calificada por Emilio Sola como "excepcional" y "que son claro exponente del valioso tercer sector social alavés", con la Comisión Ciudadana Antisida de Álava y Asociación de Ayuda a la persona presa, ADAP. En 2018 se planteó que ese trabajo "no se centraría solo en la prestación de servicios específicos para personas privadas de libertad, ni en personas con VIH€, sino para la atención de personas en situación de exclusión social que demandan y precisan un recurso residencial, con diferente intensidad de apoyo".
Por ello se promovió, por parte del IFBS, el desarrollo de un convenio de colaboración con ambas entidades, a través del cual se establecía que el 50% de las plazas residenciales (11 plazas) fuesen para personas privadas de libertad y el otro 50% (11 plazas) se destinasen a personas con reconocimiento de situación de exclusión social en grado leve, moderado o grave, hasta que las competencias en materia penitenciaria fueran asumidas por Gobierno Vasco,
Así se ha mantenido hasta que se ha cerrado el acuerdo del traspaso de competencia de presiones y ahora "ambas entidades han aceptado la propuesta realizada, en sendas reuniones con la Dirección del Departamento de Políticas Sociales y con la Subdirección del Área de Intervención social" para seguir con ese reparto de plazas.
Problemas
El problema que se suscitó es que uno de los recursos, gestionado por la Comisión Ciudadana Antisida, se ha tenido que abandonar, por causas no explicadas en la comparecencia, pero a cambio se les ha cedido tres pisos, cuyo acondicionamiento y amueblamiento ha ido de la mano de la Diputación, para que puedan seguir trabajando.
En el turno de intervenciones de los grupos se preguntó, por parte de Elkarrekin, a Emilio Sola por el uso que se dará a la cárcel vieja de Nanclares; el PP, Ana Morales, mostró su temor a que las competencias reales de prisiones se quedaran en manos de la Diputación, y EH Bildu manifestó su temor a que se desmantelase toda la infraestructura montada estos años de atrás.
El diputado comentó que la transferencia de prisiones afecta a tres centros: Zaballa, Martutene y Basauri, con un total de 966 reclusos de los que 100 son mujeres. A ello se suma que cuando se termine de construir la cárcel de Zubieta ésta pasará al gobierno vasco y se cerrará la de Martutene. Los funcionarios pasarán a engrosar la nómina del gobierno vasco y aunque la transferencia está valorada en 70 millones de euros, esa cifra no llegará nueva, sino que se descontará del Cupo.
Trabajo de gestión
Sola comentó que cuando comience el trabajo de gestión, serán las Juntas de cada prisión, junto con el juez de vigilancia penitenciaria quienes valorarán a los residentes y tras ello será la, las diputaciones, las que se encargarán de los planes de resocialización, reinserción y reeducación como ya se anunció desde el gobierno vasco que se realizará esa política penitenciaria. Por lo tanto,"no se desmantela nada, sino que se avanza en la labor de integración".
Centro de día de Aramaio
A continuación, el juntero de EH Bildu, Luis María Salgado González, preguntó por varios temas para conocer si se habían concertado plazas para las personas demandantes de plaza en centro de día del ayuntamiento de Aramaio. Argumentó que para lograr plaza en ese lugar había que esperar entre 6 y 8 meses, mientras que en el resto de centros del Territorio se resuelve en 1/4 meses.
Emilio Sola explicó que la Diputación tiene dos plazas concertadas en el Valle de Aramaio y que cuando se procedió a licitar el contrato, incluido el transporte de los usuarios, se encontraron con que al concurso no se había presentado ninguna empresa. Con ánimo de poder solucionarlo cuanto antes, la Diputación planteó realizar un procedimiento negociado con alguna de las empresas de la zona, tanto alavesa como gipuzkoana, con el fin de tener operativo el servicio a finales de julio. Uno de los problemas que había es que el Valle de Aramaio es euskaldun y, afortunadamente, el miércoles una empresa se puso en contacto con el departamento, mostrándose interesada en encargarse de ese trabajo.
Llanada
Tras un breve paréntesis en el trabajo de la comisión comparecieron los alcaldes de Aspárrena, Barrundia y Donamiliaga para expresar su malestar porque en los dos últimos años no se han podido reunir con el diputado Emilio Sola para exponerle su proyecto de Centro Rural de Día en Aspuru.
En la comparecencia aportaron un estudio realizado en aquella zona sobre una población potencialmente usuaria de ese servicio de unas 496 personas, de las que 44 son mayores de 65 años con informe de valoración y 22 de ellos podrían ser demandantes de plaza.
La propuesta que realizan, y que han planteado por tres veces en comparecencias en esta comisión, es crear un CRAD en Aspurua, en un edificio que es apto y accesible y que solo necesita la instalación de un ascensor, un arreglo en el baño de la planta baja y la adecuación de la cocina, con un coste de 54.000 euros. Sin embargo, hasta ahora, no han logrado reunirse con el diputado, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones.