La Diputación de Álava sancionará, conforme a la Ley de Patrimonio, el derribo de un edifico protegido como bien cultural en los terrenos de la Casa Palacio del Marqués de Foronda, en dicha localidad alavesa, en la que un promotor privado trabaja en la construcción de una residencia para personas mayores.
Así lo ha asegurado este viernes la diputada de Cultura, Ana del Val, durante su comparecencia en comisión en las Juntas Generales de Álava, a petición de Elkarrekin Araba, en la que ha explicado el procedimiento del expediente sancionador que elabora el Servicio Foral de Patrimonio.
"La capacidad sancionadora es de la Diputación y llegaremos hasta el final, caiga quien caiga y sea quien sea. Nos da igual que se llame Gonzalo Antón o que se llame como sea" el infractor. "Se elaborará la sanción que marca la Ley de patrimonio", ha garantizado Del Val.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Del Val ha informado que se ha iniciado el procedimiento administrativo de incoación del expediente sancionador en su "primera fase de inspección". "La Diputación está estudiando la documentación aportada por el Ayuntamiento que consta de 11 expedientes y 69 archivos. El volumen es muy grande. Son 2.552 páginas y no está exento de que tengamos que pedir más información".
La diputada de Cultura ha comentado que, una vez analizada la documentación, se redacta el expediente sancionador y se reclama la cantidad al presunto infractor, abriéndose un plazo de alegaciones. Así, se pasará de la actual fase de inspección a la de instrucción y, finalmente, a la resolución final. "El plazo para resolver el expediente es de seis meses desde su inicio, aunque pueden ser prorrogables".
"COMPETENCIA MUNICIPAL"
Del Val ha querido aclarar que "la competencia de solicitar los controles es municipal". "Es su obligación verificar el proyecto y si nos solicitan, nosotros estamos ahí. Si ellos no nos informan que ha habido ese derribo, nosotros no lo controlamos", ha añadido.
En este sentido, ha dicho que les "extrañó" el informe, remitido en octubre de 2022 por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, "de tres folios sobre un derribo ocurrido en 2020, sin documentación administrativa ni información sobre las actuaciones técnicas realizadas, ni sobre la empresa". Ante lo cual, llamó personalmente al Consistorio para "requerir cuanto antes la información".
Asimismo, ha manifestado que "el Servicio de Patrimonio actúa desde el 25 de octubre, cuando tiene el informe". También ha aclarado que el inmueble derribado "no consta en los listados como bien cultural vasco, pero sí en el catalogo municipal de edificios sometidos al Plan General de Ordenación Urbana" que establece que el edificio "es de protección básica".
Tras enumerar todos los pasos dados por la Diputación para acceder a la información, ha comentado que la institución foral "constata que el edificio ha sido derribado" el pasado "10 de enero", en una visita de inspección sobre el terreno. Posteriormente, se requirió "información más especifica" al ayuntamiento, la cual se recibió el día 1 de este mismo mes de febrero.
Bajo "el criterio de mantener la prudencia", Del Val ha garantizado que la Diputación cumplirá con la Ley de Patrimonio y ha pedido "dejar trabajar a los técnicos sin presión".
SANCIÓN EJEMPLAR
La procuradora de Elkarrekin Araba Laura Fernández ha calificado de "tremendo" y "surrealista" que un edificio protegido, ubicado en "unos terrenos que la Diputación vende en 2019, ya no exista en 2020 y no nos demos cuenta de ello hasta 2022".
El portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, ha reclamado "ser intransigente a la hora de defender el patrimonio" por lo que ha demandado "una multa ejemplarizante, dentro de la ley". "Gonzalo Antón ha derribado un edificio protegido sin aviso y la ley debe ser la misma para todos", ha añadido.
Por último, el procurador del PP Jorge Ibarrondo ha cuestionado "la colaboración" entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación alavesa, respecto a este asunto, visto el proceder de la administración municipal.