Alcaldes del PNV y Bildu se unen contra el “desprecio” al euskera de la justicia española

Makila en mano, 71 alcaldes del PNV y EH Bildu se han concentrado ante el Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el uso prioritario del euskera en las relaciones internas y externas de los ayuntamientos. Primeros ediles de decenas de municipios de Euskadi – Bilbao, Pasaia, Galdakao, Donostia, Barakaldo, Getxo, Errenteria...– han respaldado con su presencia el llamamiento realizado por Kontseilua en defensa de la normalización del euskera que el fallo del TC ha vuelto a “obstaculizar”. Una defensa que pretenden reforzar con una manifestación el 4 de octubre en Bilbao.

La presidenta de Kontseilua, Alizia Iribarren, ha leído un manifiesto que considera que el fallo del Tribunal español de garantías constitucionales "desprecia tanto al euskera como a las personas vascoparlantes", cuestiona "la capacidad de decisión de la ciudadanía y los ayuntamientos" y va "contra el amplio consenso social" a favor del euskera existente en Euskadi. Kontseilua sostiene que el fallo del Constitucional "es parte de una ofensiva judicial más amplia que se enmarca en la ola reaccionaria contra las lenguas minorizadas". Según Kontseilua, el fallo limita las políticas lingüísticas que se desarrollan desde los ayuntamientos a favor de la normalización y que, a su vez, garantizan los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía, puesto que el artículo 6.2 de la Ley Municipal anulado por el Constitucional “recoge expresamente esta garantía”, reza el manifiesto.

Iribarren ha recordado que el Parlamento Vasco aprobó con amplio consenso la ahora intervenida Ley Municipal y que la última Encuesta Sociolingüística ha demostrado que una amplia mayoría de la sociedad apoya las políticas que tienen como objetivo la normalización del euskera. Ya el pasado 10 de mayo, personalidades de la euskalgintza trasladaron en las mismas escalinatas del TSJPV su preocupación y llamaron a la ciudadanía a participar en la manifestación del 4 de noviembre en Bilbao. Tras esta sentencia, los convocantes se reafirmaron “con aún más fuerza” en la necesidad de esta manifestación “contra la ofensiva, pero sobre todo a favor de la normalización”. Por tanto, ha dicho Iribarren, esta sentencia “no sólo es contraria a la revitalización del euskara, sino que también contraria a un amplio consenso social. En definitiva, cuestiona la capacidad de decisión de la ciudadanía y de los ayuntamientos. De ahí la presencia de alcaldes y representantes municipales en defensa de esta capacidad de decisión”

ATAQUE AL AUTOGOBIERNO 

El alcalde de Bilbao, Juan Maria Aburto, en nombre de los titulares de las corporaciones gobernadas por el PNV, ha manifestado que la sentencia supone "un ataque grave a nuestro autogobierno" y que "niega la autonomía de organización que tienen las entidades locales vascas". Ha afirmado que la Ley Municipal vasca, objeto del recurso que ha dado pie al Constitucional a pronunciarse sobre su contenido, "respeta los derechos lingüísticos de la ciudadanía, tanto de los castellanoparlantes como de los euskoparlantes". Asimismo recordó que "el euskera es una lengua cooficial y es un tesoro de todos, por eso el euskera no merece ni la ideologización que se está haciendo de él, ni tampoco el desprecio que esta sentencia supone".

RECURSO DE VOX

En el origen de esta causa se encuentra el recurso presentado por Vox ante el TSJPV contra el Decreto 179/2019 sobre normalización del uso en las instituciones de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi. La sentencia, que fue adelantada en una nota informativa publicada por el Alto Tribunal, supone la nulidad de dicho precepto y sostiene que la exigencia del desconocimiento del euskera para que las órdenes del día, mociones, acuerdos y actas de las entidades locales sean redactadas en castellano, supone un trato preferente del euskera. El tribunal considera que esto menoscaba los derechos lingüísticos de los miembros de las entidades locales.

No obstante la sentencia se integra también por dos votos particulares de la magistrada Laura Díez y el juez Ramón Sáez contrarios a la interpretación de la mayoría. A juicio de ambos magistrados, “el decreto respeta la jurisprudencia constitucional que dice que el legislador puede adoptar medidas de política lingüística tendentes a corregir eventuales situaciones de desequilibrio y que los poderes públicos deben dirigirse a los ciudadanos y a los miembros de las corporaciones locales en la lengua elegida" y que “ambas condiciones se cumplen escrupulosamente en la norma". Ambos jueces se remiten a la jurisprudencia que señala que la no comprensión de la lengua cooficial ha sido siempre el motivo que sustenta la obligación de los poderes públicos de dirigirse a los ciudadanos en castellano para manifestar que "la norma impugnada no hace más que reflejar ahora esta obligación al ámbito de las corporaciones locales".