La cámara baja del parlamento alemán aprobó este viernes un paquete de medidas que restringen, entre otros, las ayudas a los peticionarios de asilo que ya hayan presentado una solicitud en otro país europeo, y que el Gobierno impulsó en reacción al atentado yihadista que este verano dejó cuatro muertos en la localidad de Solingen.
El ataque fue perpetrado por un sirio cuya solicitud de asilo en Alemania había sido rechazada y que debería haber sido devuelto a Bulgaria, el país por el que había ingresado a la Unión Europea (UE), pese a lo cual no se le deportó y siguió recibiendo ayudas.
Sin embargo, parte del paquete gubernamental fue bloqueado por la cámara alta (Bundesrat), donde están representados los gobiernos de los estados federados.
Las medidas que restringen al mínimo las ayudas a los solicitantes de asilo ya registrados en otros países entrarán por tanto en vigor, pero no otras que le daban más competencias a los organismos de seguridad.
Restricciones a los organismos de seguridad
La Unión Cristianodemócrata (CDU), el principal partido de oposición en Alemania, y su partido hermano la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera justificaron su rechazo a parte del paquete argumentado que se imponen muchas restricciones a los organismos de seguridad para hacer uso de sus nuevas competencias.
La ministra de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, criticó la actitud de la CDU/ CSU que llevó a que parte del paquete fuera bloqueado en el Bundesrat.
"La Unión le niega a nuestros organismos de seguridad competencias que son indispensables en vista de las actuales amenazas", dijo Faeser en un comunicado.
Dentro de las competencias que debían recibir los organismos de seguridad estaba la posibilidad de buscar rostros y voces en internet durante un máximo de tres días utilizando datos biométricos y una aplicación automática pero sólo con autorización ante un tribunal del presidente de la Oficina Federal de lo Criminal (BKA) o su representante.
Parte del paquete que si fue aprobado fue un endurecimiento de la ley de porte de armas que prohíbe, salvo necesidades profesionales, llevar cuchillos en determinadas circunstancias.