Los delitos sexuales entre menores están en aumento y los agresores, pero también las víctimas, tienen edades cada vez más bajas. El fiscal de sala coordinador de menores, Eduardo Esteban, muestra su preocupación y alerta del impacto que tiene en esas conductas el acceso ilimitado a redes sociales y a la pornografía.
Con motivo del Día Internacional de la Infancia, Esteban analiza las principales áreas de trabajo de los fiscales de menores sin eludir otras polémicas, como el goteo de rebajas de condenas de delincuentes sexuales adultos. Como jurista, reconoce su preocupación y confía en una unificación de criterios, pero defiende a los jueces ante los ataques: “Sus decisiones se basan en la ley, no tengo ninguna duda”.
Aunque las estadísticas siguen en cuarentena por el impacto de la pandemia, los datos de diligencias con menores implicados en 2021 no son malos. La Fiscalía observa con inquietud, no obstante, la tendencia al alza en los delitos contra la libertad sexual, delitos contra la vida y la integridad física y violencia doméstica, contra padres y hermanos.
En 2021 se incoaron 2.625 procedimientos por delitos contra la libertad sexual con menores implicados, frente a los 1.661 de 2020 y los 1.934 de 2019. Hubo 439 menores condenados por este tipo de abusos y agresiones, un 12,6% más que un año antes y un 5,5% más que en 2019.
“Sin incurrir en moralismo alguno, se alerta contra la despreocupación y banalidad con que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes”, se alertaba en la última memoria de la Fiscalía General del Estado. Pero no sólo las estadísticas han hecho sonar las alarmas de las fiscalías, explica Esteban. En sus declaraciones en las vistas judiciales sobre lo que hacen o querrían hacer, los actos que se proponen entre ellos a través de las redes, las cosas que se piden son en muchas ocasiones escenas de películas pornográficas, señala.
“Se ve que lo han copiado de ahí”, asegura el fiscal, que subraya el riesgo de que la pornografía sea “su única referencia o su principal referencia de educación sexual” y, asumiendo que es difícil, subraya la necesidad de poner controles al acceso de los menores al porno.
A su juicio, se ha descuidado la educación sexual. “Y los espacios se cubren. Si no hay una educación sexual adecuada lo va a cubrir con otras vías. La curiosidad del menor es infinita”.
“Muchas veces la gran preocupación de la víctima es no perder la relación, porque esa relación le da prestigio en su colectivo y el sexo es algo de usar y tirar”, alerta el fiscal.
Uso de tecnologías
Mientras que los casos de violencia de género entre menores se mantienen en cifras estables y relativamente pequeñas, las memorias de la Fiscalía hablan de un repunte importante de la violencia doméstica, la que ejercen niños y adolescentes dentro del hogar: son más de 4.700 diligencias al año.
Muchos fiscales de menores, explica Eduardo Esteban, lo relacionan con “el uso y el abuso” de las tecnologías, niños que se encierran con sus pantallas, se aíslan de la familia y no tienen “ninguna capacidad de frustración” cuando los padres intentan limitar ese uso, situaciones que pueden derivar en violencia.