Dos de los principales condenados en el caso Miñano, Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, no acudieron a sus respectivos puestos de trabajo ayer miércoles. Un día después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que rebajaba la condena al primero pero que confirmaba la entrada en prisión de ambos por cobrar comisiones aprovechándose de su influencia política, ya extinta, el Gobierno vasco les comunicó su despido de la Fundación Hazi y del parque tecnológico de Araba, donde trabajaban, respectivamente. “Ya se les ha comunicado la decisión adoptada y procederemos a ello a la mayor brevedad”, aseguró Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, del que dependen las dos entidades en las que estaban empleados hasta ahora.
En declaraciones a los periodistas en Astigarraga, Tapia explicó que la sentencia del alto Tribunal “es firme, no cabe recurso y ante ella no cabe otra cosa que comunicar a los gerentes del parque tecnológico de Araba y de Hazi Fundazioa el despido de estas dos personas, dadas las características de la sentencia y la gravedad de la situación”.
De Miguel y Otxandiano fueron condenados en 2019 junto con otras 13 personas por la Audiencia de Araba por crear una red societaria y personal para obtener irregularmente contratos públicos de administraciones gobernadas por el PNV y cobrar comisiones. El Supremo rebajó las condenas impuestas por el tribunal alavés a los principales implicados y absolvió a uno de los procesados, Julián Andrés Sánchez Alegría, al no haberse probado que estuviera al tanto de las irregularidades cometidas.
Respecto a la ejecución del despido de De Miguel y Otxandiano –condenados a 12 y 7 años, respectivamente–, que como funcionarios públicos trabajaban para entidades del Gobierno vasco, Tapia dijo que se producirá “en cuanto podamos y tengamos todo jurídicamente bien armado, evidentemente”. “Cuanto antes mejor”, apostilló.
Cuestionada sobre si estas dos personas acudieron ayer miércoles a sus puestos de trabajo la consejera afirmó que no, que “están en sus casas”. “Si tienen alguna tarea que finalizar la finalizarán, pero ya se les ha comunicado que se va a proceder a su despido, por lo que no tiene mucho sentido encomendarles nuevas tareas y actuaciones”, zanjó.
Devolver el dinero
El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, aseguró por su parte que la sentencia del Supremo demuestra que la actuación de la Ertzaintza a la hora de investigar esta trama de corrupción fue “impecable”. “Las investigaciones que se llevaron a cabo, en coordinación con la Fiscalía y con la judicatura, fueron en la vía correcta para la persecución de una actividad delictiva que tenía que ser investigada y puesta a disposición judicial”, añadió.
Tras participar en un acto en la Academia de Arkaute, recordó que en la fase inicial, la Ertzaintza “llevó a cabo las labores de investigación bajo mandato judicial y bajo las instrucciones de la Fiscalía”, indagaciones que “permitieron hacer las detenciones iniciales y poner en marcha el procedimiento que después finalmente ha desembocado en esta resolución final”.
Erkoreka manifestó además que “los delitos han de ser perseguidos y castigados, independientemente de la identidad y de la vinculación política de las personas que los cometen”. Concluyó que el Ejecutivo vasco “ha estado personado en todo momento en ese procedimiento y dejó claro que su actitud iba a ser firme con la exigencia de devolución o de compensación al Gobierno de hasta el último céntimo de euro” de perjuicio a las arcas públicas que hubiera podido causar esta trama corrupta.
A futuro
Ingreso en prisión. La entrada en la cárcel de los condenados podría demorarse varias semanas o incluso un mes hasta que el Supremo remita la sentencia a la Audiencia de Araba. Esta deberá emitir un requerimiento para el encarcelamiento salvo que existan recursos extraordinarios. Los procesados pueden presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pedir un indulto o recurrir ante el TEDH.