Los gastos básicos y fijos de una familia, aquellos que resulta casi imposible ajustar, consumen ya cerca del 60% del presupuesto de los navarros. Son, sobre todo, la comida, la vivienda, en menor medida el transporte, pero también la sanidad y la educación, dos partidas en teoría cubiertas por el sector público, pero que absorben cada vez más dinero procedente directamente de los bolsillos privados.
Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del análisis de la Encuesta de Presupuestos Familiares desde 2006, que muestra en qué gastan el dinero los navarros todos los años. En un periodo que ha conocido dos graves crisis de muy diferente duración (2008-2013 y 2020), una tendencia se mantiene constante. Los gastos básicos se van comiendo poco a poco una parte creciente del presupuesto familiar. si en 2006 suponían el 42% del total, esta proporción había crecido al 50,5% en 2011. Este mordisco apenas había bajado un punto en 2016 (49,5%) y, en el mejor momento económico de los últimos 15 años (2019) seguía engullendo en 49% de los gastos familiares. El covid y el primer embate de la inflación obligaron a las familias a destinar 18.250 euros a estas partidas (el 55% del total). Y todo indica que la espiral de precios de 2022, que ha disparado la cesta de la compre y la factura energética, acercará este indicador al 60%, el más elevado de las últimas décadas.
En total, el presupuesto familiar medio en Navarra fue de 32.678 euros, una cifra que mostraba todavía el impacto de las restricciones impuestas para controlar la pandemia y que se quedaba muy lejos del máximo histórico de la serie, 36.403 euros, que se alcanzó en 2008, justo durante el estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces, los gastos básicos suponían el 44,5% del presupuesto familiar.
El golpe económico que recibió la sociedad española (y también la Navarra) resultó demoledor. Y a la disminución de la renta disponible, como consecuencia de los bajos niveles de empleo y las reducciones salariales, le ha seguido un encarecimiento progresivo, ahora ya muy acentuado, de los productos básicos. Una combinación demoledora para las clases sociales con menos ingresos y una bomba de activación lenta para una clase media que tiene cada vez menos capacidad de ahorro y generación de rentas.
GASTOS INELUDIBLES
La vivienda y los alimentos suponen más del 95% de los gastos ineludibles. La primera se llevó más de 10.791 euros por familia en 2021, incluyendo aquí el alquiler imputado (el que se pagaría si la vivienda no está en propiedad), otros alquileres y los suministros. Supone exactamente una tercera parte del presupuesto familiar (33%) y siete puntos más que antes de la crisis de 2008, cuando se llevaba apenas una cuarta parte (26%). Las razones son claras: los precios de compra se han recuperado tras caer entre 2010 y 2014, los alquileres se encuentran en máximos y los suministros (electricidad, gas y gasóleo) han iniciado una escalada que ha obligado a los gobiernos a intervenir.
También alimentarse es hoy sensiblemente más caro que hace apenas tres años. Comer en casa absorbió en 2021 el 17% del gasto, frente al 13,4% del año 2006, cuando arranca la serie histórica del INE y el 14,6% de 2019, antes del estallido de la pandemia. El dato de 2021 (5.542 euros) se encuentra condicionado todavía por las restricciones a la hostelería, pero no recoge aún el efecto de una inflación que está encareciendo muchos productos del supermercado a razón de un 10% anual. Este aumento de los precios parece haber llegado para quedarse, si bien la parte del gasto que absorben los alimentos sigue muy lejos sus máximos históricos. En los años 60 y 70, cuando comenzó a conformarse la clase media, el gasto el comida suponía casi 40% del total.
Vivienda y alimentación no son los únicos gastos básicos que se están encareciendo. La sanidad y la educación son públicas, pero la realidad es que el gasto en medicina, colegios, academias y universidades privadas crece. En el caso de la salud, lo hace más de un 30% en la última década, mientras que aumenta en torno a un 20% el gasto educativo. Un incremento que ha coincidido con un deterioro de los servicios públicos. l