Acuerdo sí o acuerdo no. Son las dos opciones entre las que se deben pronunciar desde la medianoche del domingo hasta las 2.15 de la madrugada del martes los trabajadores de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria en un referéndum en torno al preacuerdo de convenio alcanzado el pasado martes por la dirección y la mayoría del comité –UGT, CCOO, Ekintza y PIM–, que ha concitado la atención de todo el espectro económico e institucional del territorio. No en vano, son sobre 5.000 los empleados de esta factoría –que supone el 5% del PIB de la CAV–, a los que hay que sumar los en torno a 30.000 trabajadores empleos indirectos que genera la fábrica gasteiztarra de la multinacional alemana en más de medio millar de empresas.
Según explicaron fuentes sindicales de la planta consultadas, la votación del primer turno transcurrió con normalidad y la participación fue alta, con alguna mesa superando el 90% de su censo.
Un 10% de los trabajadores se habían inscrito previamente para votar a través de la vía telemática habilitada, mientras que se distribuyeron 22 urnas por la factoría para la votación presencial, que arrancó a las 10.15 horas. ELA, LAB y ESK, que defienden el no al preacuerdo, hicieron un llamamiento a la votación presencial tras mostrar su dudas sobre el sistema telemático y criticar que no han tenido acceso al censo.
Pendientes de la inversión
Esta votación es clave, porque los sindicatos firmantes del preacuerdo –incluyendo a UGT, central mayoritaria– ya han anunciado que no firmarán el convenio si no gana el sí en el referéndum. Y en declaraciones a DNA el pasado viernes, el director de la planta, Emilio Titos, ya advirtió de que si la plantilla dice no al convenio, no se volverá a abrir la mesa negociadora.
Un bloqueo que va mucho más allá de la relevancia lógica que todo convenio tiene para empresa y trabajadores, en la medida en que ese preacuerdo es la llave, según ha asegurado la dirección, para abrir la puerta a la anunciada inversión de algo más de 1.200 millones de euros de la multinacional alemana en la factoría alavesa: “Un resultado favorable es lo que habilita esa inversión y si nosotros no la habilitamos, no trabajamos para nuestro propio futuro”. La mayor parte de esa inversión –en torno a mil millones– se orientaría a la ampliación y adaptación de las instalaciones de Gasteiz para la fabricación de nuevos modelos eléctricos.
El anuncio a principios de junio de esta inversión supuso todo un aldabonazo en el largo y proceloso proceso negociador del convenio. Más de año y medio de conversaciones y 38 reuniones que el pasado 22 de junio entraron en una fase de conflictividad con la primera de las nueve jornadas de huelga que ha vivido desde entonces la factoría vitoriana, que ha visto parar su producción los nueve días. ELA, LAB y ESK, sindicatos que se han posicionado en contra del preacuerdo sometido ayer a votación, mantenían –a la espera de los resultados de la consulta– las huelgas previstas para mañana, jueves y viernes.
El preacuerdo
“Hemos tenido que hacer un esfuerzo más allá dentro de lo que la dirección de fábrica teníamos en nuestro presupuesto”, aseguró Titos en sus declaraciones a este diario respecto al preacuerdo alcanzado en la reunión de nueve horas del pasado martes. En este tramo final de la negociación, la dirección renunció a lo que los sindicatos han venido denominando la sexta noche, uno de los principales caballos de batalla sindicales junto a la subida salarial acorde al IPC.
El paso supone retirar de la mesa el turno extra de trabajo nocturno con inicio en domingo. El preacuerdo alcanzado, que comprende el periodo 2021-26, prevé en el apartado salarial una paga única no consolidable de 500 euros a la firma del convenio y también, correspondiente a 2021, una paga única no consolidable de 4.000 euros.
Para este año, el documento plantea un incremento consolidado de un 6% y para el periodo 2023-2026, un aumento consolidado anual de un 2,25%. Además, se establece una nueva paga (de transformación) en septiembre de 1.000 euros al año.
Respecto a la paga de resultados, se fijan hasta 2.250 euros al año en función de determinados indicadores (750 euros al 100% de consecución) y, en caso de rebasar los 200.000 vehículos, una paga de 500 euros al año.
La reivindicación del IPC
No obstante, las centrales que se oponen al preacuerdo –ELA, LAB y ESK– mantienen su reivindicación de vincular los salarios al IPC. “Nos dicen que una subida salarial acorde al IPC es inasumible –afirmaba el pasado viernes el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza–, cuando en el cálculo aproximado del impacto de la masa salarial con el IPC sería el siguiente: 14,35 millones en 2022 y 18,7 millones en 2023 (con una previsión del IPC del 8%). Cantidades perfectamente asumibles: no hay razón alguna que justifique la no subida salarial según el IPC”. Además, estas centrales consideran que el preacuerdo “no avanza en los mínimos marcados sobre el contrato relevo, la regulación de la movilidad o las condiciones de los trabajadores de fines de semana y festivos”.
El documento acordado prevé que los sábados se convoquen diez días antes del fin del mes previo y que se trabajen como norma general –la gestión de la flexibilidad de los sábados ha sido uno de los motivos de fricción en la factoría como consecuencia del efecto en la producción de la escasez de microchips–, así como la conversión de 400 contratos temporales en indefinidos, 150 de ellos a la firma del convenio.
También contempla la jubilación de más de 250 personas a través del contrato relevo y puestos protegidos para 150 personas con limitaciones acreditadas por los servicios médicos de la fábrica.