Amaia Izko: “El principal problema es la progresión de grado, hacia la que hay mucha resistencia”

¿En qué situación se encuentra el colectivo de presos vinculados a la desaparecida ETA?

–Están intentando transitar por la vía penitenciaria. Hace unos años hicieron pública la decisión de que el camino de vuelta a casa lo harían aceptando la legalidad penitenciaria, pero hay poca voluntad política. Pese a querer avanzar en esa legalidad penitenciaria, una vez superada la dispersión, nos encontramos un obstáculo tras otro.

¿Cuál es el principal problema?

–El principal problema es la progresión de grado, donde nos estamos encontrando mucha resistencia. No hay nadie en primer grado. Todo el colectivo está en segundo grado salvo algunas pequeñas excepciones, pero la progresión hacia el tercer grado nos está costando una barbaridad porque se ha enrocado la Audiencia Nacional. Nos está costando acceder a permisos. Y aunque la ley no lo dice, estos permisos son como un primer paso para acceder al tercer grado.

De hecho, últimamente se han revocado algunas progresiones de grado.

–La actitud de la Audiencia Nacional es interpretar la ley en términos más extremos que cuando existía ETA. Ahora se pide lo que nunca se ha pedido.

¿Estamos ante un problema más jurídico que político?

–Ya digo que voluntad política hay poca. Cinco años le ha costado al Gobierno de Sánchez terminar con la dispersión, que es algo básico de derechos fundamentales y que desde el principio dijo que iba a cerrar porque no tenía sentido. Hay voluntad de no entorpecer este final pero no hay voluntad real de coadyudar a que se cierre esa realidad de los presos. Esto se une a un torpedeo judicial de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Es increíble.

Se quejan también de que no todos los centros penitenciarios aplican por igual la legislación.

–Ese es otro gran problema. Hay presos que siendo de Navarra están pidiendo el traslado de Pamplona. El Gobierno Vasco, sin hacer nada que no esté en la ley, la aplica interpretando las circunstancias políticas, sociales e históricas y está permitiendo avanzar. En Iruña está pasando lo contrario. A pesar del cambio de director que se hizo en agosto, que parece que va en la buena dirección, vamos muy despacio. No se está dando a los presos la posibilidad de acceder a puestos de trabajo y a permisos, salvo en un caso, y por supuesto no hay ninguna progresión de grado en gente que reúne todas las condiciones para ello. En términos generales, la llegada del director ha supuesto una racionalización frente al anterior, pero en cuanto a la progresión de grado estamos como estábamos.

¿Sienten discriminación con respecto a otros presos?

–La cárcel de Iruña en cuanto a permisos ha sido muy raquítica para todos los presos incluidos los comunes. Ahora va cambiando pero se ha dado una posición mucho más restrictiva para los nuestros. Pero no me gusta hablar de discriminación porque el colectivo de presos sociales lleva una gran carga.

¿Ven soluciones a corto plazo en la cárcel de Pamplona?

–Al nuevo director hay que dejarle su espacio para ver cómo actúa. Viene de posiciones públicas muy progresistas en cuanto a reinserción, resocialización, régimen y tratamiento. Estamos a la expectativa. Pero si no se avanza habrá que empezar a hacer iniciativas sociales e institucionales para que la situación cambie porque lo que está pasando es que los presos de aquí están pidiendo cambios de destino para ir a cárceles donde se les permita hacer el recorrido penitenciario con estricta aplicación de la legalidad penitenciaria ya que aquí no se les está regalando nada ni muchísimo menos.

Hace 15 años llegó a haber casi 800 presos. Ahora son menos de 180. ¿Atisban alguna fecha de que esto tenga un final?

–Ojalá pudiera decir que sí. Estamos en mejor situación que antes pero veo dos problemas fundamentales. Y los dos son en torno a la interpretación de los mecanismos legales penitenciarios. Mientras no se cambie la interpretación que se hace de esos mecanismos y mientras no se cambie la interpretación de la ley 7/2003 para el cumplimiento íntegro de las condenas, hay presos que no tienen ninguna posibilidad a día de hoy de salir con terceros grados ni libertades condicionales y tienen condenas de 30 y 40 años. Ese es el panorama que se dibuja hoy. Para poner una fecha de final de esto, hay que abrir debates sociales e iniciativas para que estas interpretaciones se acomoden a la realidad de hoy y no a la de cuando ETA estaba en activo, que es cuando se crearon estas interpretaciones. Si no se hace, reduciremos mucho el número de presos, pero sigue habiendo otros que no tienen horizonte de salida. ¿Qué queremos como sociedad desde el plano de la convivencia? ¿Tener este problema para siempre o queremos que se solucione? Habrá que empezar a abrir esos debates para que se acomode la interpretación a la realidad de hoy de una organización desaparecida y sin ningún viso de que esto pueda volver a repetirse nunca.