Amnistía Internacional alerta del daño que se causa al obtener los metales de las baterías

Un estudio de la ONG Amnistía Internacional (AI) revela que los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo no están mostrando debidamente cómo abordan los riesgos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de minerales, dejando a las comunidades en peligro de explotación, riesgos para la salud y daños ambientales causados por la rápida expansión de la minería necesaria para obtener los metales empleados en la fabricación de baterías.

En su nuevo informe, Amnistía Internacional aplica criterios basados en normas internacionales para evaluar exhaustivamente las políticas de diligencia debida en materia de derechos humanos y prácticas autodeclaradas de 13 grandes fabricantes de vehículos eléctricos y elabora una tabla de calificación.

En vista de que la demanda mundial de minerales para baterías va en aumento, Amnistía pide a los fabricantes en su informe que identifiquen y mitiguen los riesgos para los derechos humanos que conllevan sus cadenas de suministro, como desalojos forzosos, daños para la salud derivados de la contaminación ambiental y abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas en países donde se extraen tales minerales, como Filipinas y República Democrática del Congo.

“El gran auge de la demanda de metales para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos está ejerciendo una presión inmensa sobre las comunidades afectadas por su minería”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Los abusos contra los derechos humanos ligados a la extracción de minerales para la transición energética son alarmantes y generalizados, y la respuesta de la industria brilla por su ausencia. Las comunidades sufren desalojos forzosos, problemas de salud causados por la contaminación y dificultades de acceso al agua. Ante el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, los fabricantes deben garantizar que se respetan los derechos humanos”, señala el informe de la ONG.

Resultados dispares

La tabla de calificación de Amnistía, que puntúa sobre 90, evalúa el desempeño de las empresas en función de criterios como el compromiso con políticas de derechos humanos, el proceso de identificación de riesgos, el mapeo y los informes sobre la cadena de suministro, y las medidas de reparación.

Ninguna de las empresas superó los 51 puntos en la evaluación de Amnistía Internacional sobre diligencia debida en materia de derechos humanos. La última empresa de la lista era la china BYD, que sólo obtuvo una calificación de 11/90. La alemana Mercedes-Benz fue la que puntuó más alto, con 51/90. “Aunque hubo algún avance, las calificaciones en general fueron una gran decepción. BYD, uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos, y de crecimiento más rápido, obtuvo el último puesto en nuestra evaluación. Esto pone de manifiesto una grave falta de transparencia sobre su diligencia debida en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de baterías”, advirtió Agnès Callamard.

“La falta de transparencia en torno a las cadenas de suministro mostrada por estas empresas es un grave problema si se tiene en cuenta la probabilidad de que estén abasteciéndose de baterías fabricadas con minerales como el cobalto o el níquel, cuya minería se realiza en condiciones que pueden perjudicar los derechos humanos”, afirmó Agnès Callamard.

Impacto en comunidades indígenas

Si bien es imperativa para acelerar la descarbonización y ayudar a frenar el ritmo de subida de la temperatura global, la transición rápida de los vehículos impulsados por combustibles fósiles a los vehículos eléctricos tiene un coste oculto. En este sentido, investigaciones anteriores de Amnistía Internacional han demostrado que el cobalto industrial está relacionado con los desalojos forzosos de la República Democrática del Congo. Ante esta situación, AI solicita que todas las empresas tienen el deber de respetar todos los derechos humanos dondequiera que operen.