Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que más de 56.000 personas detenidas en el noreste de Siria tras la caída del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en 2019 han estado expuestas a torturas, muertes evitables y otros abusos de los que culpa a las autoridades kurdosirias con apoyo de Estados Unidos.
"Las autoridades autónomas han cometido los crímenes de guerra, de tortura y trato cruel, y probablemente cometieron el crimen de guerra de asesinato", indicó la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, en declaraciones recogidas en un informe publicado este miércoles.
El estudio 'Secuelas: injusticia, tortura y muerte durante la detención en el noreste de Siria' documenta la situación de miles de personas recluidas en 27 centros de detención y dos grandes campamentos de esa región, controlada por una autoproclamada administración autónoma liderada por kurdos.
Durante la derrota territorial del EI en el país árabe hace cinco años, sus fuerzas detuvieron a decenas de miles de personas sospechosas de estar vinculadas con el grupo terrorista, la mayoría de los cuales AI afirma que permanecen recluidos de forma "arbitraria" e "indefinida".
En su informe, basado en más de 300 entrevistas a detenidos y expertos, la ONG asegura que los centros operados por las fuerzas locales registran casos de tortura "sistemáticamente", en muchos casos dirigidas a obtener "confesiones forzadas" de los reclusos.
Según sus estimaciones, entre las 56.000 personas que todavía permanecen retenidas en la región hay unos 30.000 menores, la gran mayoría de ellos en los infames campamentos de Al Hol y Al Roj.
Sin embargo, alrededor de un millar de niños o jóvenes que fueron detenidos antes de la mayoría de edad están internados en otro tipo de instalaciones, donde son sometidos "a algunas de las mismas violaciones que los adultos, en algunos casos incluyendo torturas y maltrato".
AI también acusó a la administración local de separar por la fuerza a menores extranjeros de sus madres o tutores, trasladándolos de los campos a centros de detención para evitar su radicalización y no por el mejor interés de los niños.
La administración kurdosiria ha alertado en diversas ocasiones de que los campos de Al Hol y Al Roj son un hervidero de radicalización donde los jóvenes son a menudo adoctrinados con las ideologías del Estado Islámico, y ha pedido con éxito limitado a la comunidad internacional que repatrie a sus ciudadanos.
Según el informe, estas instalaciones presentan condiciones "insalubres" e "inhumanas", carecen de un acceso adecuado a servicios básicos y privan a sus residentes de la oportunidad de disputar su detención ante una autoridad judicial independiente.
Apoyo de Estados Unidos
En la última década, unas 9.600 personas con presuntos vínculos con el grupo yihadista han sido juzgadas por tribunales especializados en el noreste de Siria, en procesos que Amnistía calificó como "fuertemente manchados de violaciones de los derechos humanos".
AI afirmó que en algunos casos se utilizaron confesiones bajo tortura y siempre sin la presencia de un abogado, por lo que "simplemente la acusación de que una persona esté afiliada con el EI la puede condenar a años de detención arbitraria".
Casi todos los juzgados hasta la fecha han sido ciudadanos sirios, aunque las autoridades anunciaron el pasado verano que comenzarían a juzgar a presuntos yihadistas extranjeros que todavía no han sido repatriados.
Por otro lado, AI acusó a la coalición internacional de lucha contra el EI, liderada por Washington, de construir algunos de los centros de detención, de visitarlos frecuentemente y de participar en operaciones conjuntas durante las que nuevos prisioneros acaban en manos de las autoridades kurdas.
La alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), uno de los principales componentes del tejido administrativo local, es un aliado clave de la coalición antiyihadista.
"El Gobierno de Estados Unidos contribuyó a establecer y expandir un sistema de detención ampliamente ilegal, caracterizado por unas sistemáticas condiciones inhumanas y degradantes; asesinatos extrajudiciales y el uso generalizado de la tortura", zanjó Callamard.