Amnistía Internacional ha denunciado una alarmante escalada de represión en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024, señalando graves violaciones de derechos humanos cometidas contra menores de edad. Entre el 29 y el 31 de julio, al menos cinco niños y una niña fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. Cuatro meses después, 198 niños y niñas continúan detenidos injustamente, enfrentan cargos penales infundados o sufren las secuelas físicas y psicológicas de los abusos por parte de las autoridades venezolanas.
“La detención y tortura de niños cruza una línea inaceptable”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Exigimos la liberación inmediata de estos menores y el fin de estas prácticas crueles, que reflejan el desprecio del gobierno de Nicolás Maduro por los derechos humanos”.
Detención y tortura: una política sistemática
Estos abusos forman parte de un patrón más amplio de represión y violaciones de derechos fundamentales que el gobierno de Maduro ha intensificado desde las elecciones presidenciales. Según cifras oficiales, en el primer mes, más de 2,000 personas fueron detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria, incluyendo menores y personas con discapacidad.
Las condiciones de detención de los niños son inhumanas, y aquellos liberados continúan bajo procesos penales sin fundamento. Las víctimas enfrentan daños psicológicos y físicos profundos, según Amnistía Internacional, que también ha documentado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y ataques sistemáticos contra defensores de derechos humanos en el país.
Crisis de derechos humanos en Venezuela
La situación en Venezuela ha sido catalogada como una crisis de derechos humanos profunda y multidimensional que se extiende por más de una década. Según la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, las autoridades venezolanas han cometido crímenes de lesa humanidad, utilizando el sistema de justicia como herramienta para la represión política. Su informe de 2024 concluyó que existen "motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido" durante el último año.
La Corte Penal Internacional también mantiene abierta una investigación desde 2021 sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela, incluyendo torturas, violaciones y persecución política, perpetrados por fuerzas de seguridad estatales y colectivos progubernamentales.
Un llamado urgente a la comunidad internacional
Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a exigir el respeto de los derechos humanos en Venezuela y a apoyar las investigaciones en curso, como la de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La organización subraya la importancia de mecanismos como la jurisdicción universal y el escrutinio de organismos internacionales para asegurar justicia y reparación para las víctimas.
“Es inconcebible que casi 200 niños sean víctimas de una política de represión que lleva años devastando a la sociedad venezolana”, expresó Callamard. “El mundo no puede permanecer indiferente ante estos crímenes”.