Amnistía Internacional y la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) han elevado a 37 fallecidos y hasta 77 desaparecidos las víctimas de los sucesos ocurridos hace un año en la valla de Melilla, cuando alrededor de 2.000 migrantes y refugiados subsaharianos intentaron cruzar la frontera desde Marruecos.
A pesar de estas cifras, Amnistía Internacional denuncia que las autoridades españolas y de Marruecos no han hecho hasta ahora una investigación "efectiva e independiente" sino que por el contrario, han "encubierto" y "obstaculizado", lo que deja a decenas de familias en una situación de "angustia".
"Las familias de las personas fallecidas o en paradero desconocido están atrapadas en la incertidumbre mientras el aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes obstaculizan sus intentos de averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y sus esfuerzos para obtener justicia, verdad y reparación", ha manifestado Amnistía Internacional, la víspera del primer aniversario de aquellos sucesos.
Tal y como ha señalado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, las autoridades españolas y marroquíes "no sólo siguen negando cualquier responsabilidad, sino que frustran los intentos de averiguar la verdad".
Callamard ha precisado que al menos 22 cuerpos siguen en una morgue en Marruecos y ha denunciado que "son bloqueados" los esfuerzos para identificar a las personas fallecidas y que las autoridades "no han hecho ningún intento" de repatriar los restos de las víctimas.
Además, Amnistía Internacional ha añadido que las autoridades no han facilitado una lista completa de nombres de las víctimas y de las causas de su muerte, ni tampoco imágenes de las cámaras de vigilancia que podrían servir de base para una investigación.
En concreto, lamenta que las autoridades españolas se negaron a abrir una investigación independiente y, en diciembre de 2022, la fiscalía archivó su investigación sobre las muertes alegando que no habían encontrado indicios de conducta delictiva por parte de las fuerzas de seguridad españolas.
Respecto a las autoridades marroquíes, la organización señala que no han abierto ninguna investigación sobre el uso de la fuerza por sus agentes de fronteras y han hecho "prácticamente imposible" que familias y ONG busquen a las personas en paradero desconocido y a las fallecidas.
Mientras tanto, Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades españolas "han seguido llevando a cabo prácticas ilegales en las fronteras, como expulsiones colectivas, en las que a menudo se hace uso excesivo de la fuerza" y que, en el lado marroquí de la frontera, "siguen impidiendo que las personas subsaharianas negras alcancen territorio español para solicitar asilo".
"Sólo somos inmigrantes y somos seres humanos. No somos animales. Necesitamos respeto como cualquier otra persona", ha expresado a Amnistía Internacional Aboubida, de Sudán, que denuncia haber sido golpeado y rociado con gas lacrimógeno.
Por todo ello y de cara a las elecciones generales del 23 de julio, Amnistía Internacional pide a los partidos políticos que "Ceuta y Melilla dejen de ser lugares donde es prácticamente imposible pedir asilo". Además, se unirá este sábado a la 'I Marcha por la Justicia 24J' en Melilla, y mantiene abierta una recogida de firmas para reclamar justicia para las víctimas y sus familiares.
Muchos interrogantes
Por su parte, la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de que los hechos ocurridos el 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla siguen dejando "muchos interrogantes", ha denunciado que sigue sin haber "justicia, verdad y reparación" y ha exigido que se lleve a cabo una "investigación exhaustiva, transparente e independiente".
Según señala CEAR, la mayoría de los jóvenes que protagonizaron los hechos procedían de Sudán, Sudán del Sur y Chad, personas con un alto índice de reconocimiento de protección internacional en el Estado por los conflictos que sufren sus países.
Si bien, denuncia que las autoridades les impiden el acceso al puesto fronterizo para solicitar asilo, especialmente a las personas de origen subsahariano, y añade que tampoco el Estado habilita la posibilidad de que puedan hacerlo en embajadas y consulados.
CEAR reclama "poner fin a la externalización de fronteras" y facilitar el acceso a la protección de forma "legal y segura", poniendo fin a "acuerdos opacos" que "no garantizan el acceso a los derechos humanos y que en muchas ocasiones tienen como resultado la pérdida de vidas humanas".
También exige acabar con las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla, que son "totalmente contrarias" a los tratados internacionales. En concreto, denuncia que en los sucesos de la valla de Melilla se produjeron 470 devoluciones ilegales.
"El hecho de que no se haya resuelto y que se cierren las investigaciones en falso deja la puerta totalmente abierta a que una tragedia así vuelva a suceder, poniendo en peligro la vida de miles de personas que buscan refugio. Una de las peores tragedias en nuestra frontera sur, junto a la sucedida en el Tarajal en 2014, no puede volver a quedar impune", ha sentenciado la directora general de CEAR, Estrella Galán.