Ana Ollo pone en marcha el procedimiento para solicitar en Navarra la declaración de condición de víctima de violencia ultra y policial

El Gobierno de Navarra dio ayer inicio formal al procedimiento para reconocer a las víctimas de la violencia policial y del Estado. Mediante una orden foral, el Departamento de Relaciones Ciudadanas ha abierto el plazo de presentación de solicitudes que permitan tramitar la declaración de la condición de víctima de motivación política. “Toda víctima tiene el derecho a ser reconocida y reparada, de manera individualizada, sin equiparaciones sobre las causas de su victimización, sin marginaciones ni exclusiones”, defendió ayer la consejera Ana Ollo, que abogó por asegurar “todos los mecanismos necesarios para resarcir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de aquellas personas que han sufrido vulneración de derechos humanos”.

La nueva orden foral supone un paso más, casi definitivo, en el largo camino hacia el reconocimiento oficial de las otras víctimas de la violencia, que en muchos casos llevan más de 40 años reclamando justicia frente al olvido institucional. Casos como los de Mikel Zabalza, Germán Rodríguez, José Luis Cano o Gladys del Estal, que nunca han sido juzgados y que por lo tanto carecen de una verdad judicial que hasta ahora ha impedido a las instituciones reparar su memoria. Un vacío que, al menos en el ámbito administrativo, trata de suplir la ley aprobada por el Parlamento foral en 2019.

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo. Unai Beroiz

Ésta será una labor de la comisión de reconocimiento y reparación, constituida el pasado septiembre y presidida por Martín Zabalza, director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Una vez registradas las solicitudes, tendrá un mes para decidir si tramita el caso y un año más para entrar en el fondo. No obstante, el Gobierno confía en que en unos pocos meses puedan resolverse varios de los casos más significativos de vulneración de los derechos humanos. Algunas de estas víctimas, como Mikel Zabalza, ya han sido reconocidas como tales por el Gobierno vasco, por lo que la labor de investigación realizada para la elaboración de los respectivos expedientes puede facilitar ahora los trabajos en Navarra. En cualquier caso, la comisión no actuará de oficio, por lo que para el reconocimiento será necesaria una solicitud formal que permita iniciar los trabajos técnicos de estudio.

Según recoge la ley de 2019, estas solicitudes podrán ser promovidas por aquellas personas que hayan visto vulnerados sus derechos humanos en las circunstancias y con las consecuencias siguientes: “Que las vulneraciones se hayan producido en un contexto de actuaciones de motivación política; que se hayan realizado en un contexto de actuaciones de motivación política en las que hubieran podido intervenir funcionarios públicos o particulares que actuaban en grupo o de forma aislada e incontrolada; que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya producido un perjuicio a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas”. Tendrán también legitimación activa las personas o entidades que, “sin estar comprendidas en el mencionado ámbito, hayan tenido conocimiento directo y riguroso de hechos que entren dentro de la aplicación de la mencionada ley”.

En caso de se reconocidas, las víctimas tendrán derecho a una reparación económica equivalente a la de las víctimas de ETA y que será de 250.000 euros en caso de fallecimiento, así como apoyo psicológico y un reconocimiento institucional.

Reconocimiento y reparación de las otras víctimas de la violencia

Marco legal. El Parlamento de Navarra aprobó en 2019 la ley de reparación y reconocimiento de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Objetivo de la ley. Restaurar las “vulneraciones de derechos humanos” caecidas en un contexto de “violencia de motivación política”. Para ello se instituye “un procedimiento administrativo con el que, sin menoscabo del deber de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales”, se pretende corregir el vacío legislativo.

Ámbito de aplicación. Se dirige a reparar el daño sufrido por personas asesinadas o agredidas en el contexto de violencia de motivación política desde 1950. Será de aplicación a las personas físicas que hayan sufrido daños en Navarra o que, ostentando la condición política de navarros, hayan sufrido daños fuera.

Constitucionalidad. La norma fue avalada por el Tribunal Constitucional tras un recurso del PP. Antes había anulado una ley similar, aprobada también por el Parlamento de Navarra en 2015, por considerar que la Comisión de Reparación sustituye la labor de la Justicia. En la ley de 2019 se mantiene la comisión, pero se limitan sus funciones a un reconocimiento institucional y administrativo, sin capacidad de atribuir responsabilidades políticas ni penales.

La comisión de reparación. Es el órgano encargado de examinar las solicitudes de reconocimiento de víctima y, en su caso, de proceder a la homologación de derechos con el resto de afectados por acciones de similar naturaleza. La declaración como víctima podrá implicar, además de asistencia sanitaria, el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños físicos, psicológicos y materiales.

Sus miembros. Participan como miembros natos, el director de Paz y Convivencia, Martín Zabalza, y el director del Instituto Navarro de la Memoria, José Miguel Gastón. A ellos se suman dos peritos forenses y un psicólogo, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal, con experiencia en materia de víctimas. Completan la comisión los cuatro miembros elegidos por el Parlamento de Navarra: la profesora de Sociología de la UPNA Marta Rodríguez; el asesor del Departamento de Paz y Convivencia, Mikel Berraondo; el historiador Roldán Jimeno y la profesora de Derecho Penal de la UPNA, Soledad Barber.

Los plazos. Una vez presentada la solicitud, la comisión tiene un mes para decidir si tramita o no el caso. si la respuesta es afirmativa, tiene un plazo de un año para resolver. Una vez tomada una decisión, el responsable de Paz y Convivencia tendrá tres meses para dictar resolución. No obstante, el Gobierno foral confía en que al menos los casos más significativos se podrían resolver antes de que acabe la legislatura en mayo.

La indemnización. Se establecen prestaciones concretas a favor de las personas que han sufrido violencia por motivos políticos en los mismos términos que las víctimas de ETA. Serán 500.000 euros en caso de gran invalidez y 75.000 euros por incapacidad permanente parcial. El fallecimiento se repara con 250.000 euros, la incapacidad permanente absoluta con 180.000 y la incapacidad permanente total con 100.000 euros.

Otras ayudas. La asistencia sanitaria y/o psicológica correrá a cargo del SNS-Osasunbidea y, cuando no fuera posible, se abonarán los gastos devengados por servicios y tratamientos individuales en otros centros.

Daños materiales. Las compensaciones por daños materiales tendrán carácter subsidiario respecto de los reconocidos por las administraciones públicas o contratos de seguro.