Ana Urchueguía reconoce haber prevaricado y malversado fondos en el ‘caso Somoto’

La exalcaldesa de Lasarte-Oria, Ana Urchueguía, reconoce haber cometido sendos delitos "continuados" de prevaricación y malversación de fondos públicos con las ayudas que el Consistorio destinaba a la localidad nicaragüense de Somoto, hechos que tuvieron una amplia repercusión gracias al trabajo de investigación que publicó NOTICIAS DE GIPUZKOA a comienzos de 2011.

Las partes personadas en la causa abierta han alcanzado un acuerdo de conformidad firmado hace dos semanas por el cual se evita la celebración del juicio oral, que parecía inminente una vez agotado el plazo de presentación de los escritos de acusación, inicialmente previsto para este pasado mes de marzo. 

A falta de que la Audiencia de Gipuzkoa dicte sentencia, Urchueguía, que como persona acusada está citada en sede judicial para dar conformidad, habría asumido la comisión de irregularidades en la concesión de subvenciones municipales en el ámbito de la cooperación internacional a la localidad nicaragüense de Somoto cuando la socialista era alcaldesa de Lasarte-Oria.

El acuerdo alcanzado con las acusaciones rebaja el reproche penal a cambio de reconocer su responsabilidad en los hechos, sobre los cuales un interventor municipal llegó a elaborar 35 informes demoledores en los que se aseguraba que al menos casi el 40% del dinero enviado entre 2005 y 2008 a la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria (OHLOS), a la Alcaldía de la localidad nicaragüense y a la Asociación de Desarrollo Comunitario no llegó a los fines que se proponían. En total, entre los años 2000 y 2010 se enviaron alrededor de dos millones de euros para ayudas a la cooperación a dicha localidad. En el acuerdo firmado por la exalcaldesa, se alude a 81 expedientes en los que habría procedido al margen del procedimiento legal en la concesión de subvenciones así como otros 39 casos de fondos que tuvieron un destino distinto al aprobado.

Según informan fuentes cercanas a la investigación, el pacto permite a Urchueguía eludir el ingreso en prisión -se vale para ello de una de las últimas reformas del Código Penal- puesto que a pesar del delito de malversación "no se ha podido demostrar que se haya lucrado personalmente".

La asunción de los hechos le inhabilita para el ejercicio de todo cargo público durante 18 años y le obliga a abonar asimismo las costas del proceso judicial y una multa de 2.160 euros, según queda recogido en un documento de una veintena folios en el que se detallan los términos del pacto, que debe ratificar la Audiencia de Gipuzkoa dictando sentencia. El contenido del acuerdo ha sido abordado en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria en un pleno monográfico que se celebró a puerta cerrada. 

Causa reabierta por la Audiencia de Gipuzkoa

Se cierra así una causa reabierta por la Audiencia de Gipuzkoa en mayo de 2021, tras el recurso presentado contra la decisión del juez de instrucción de archivar temporalmente por falta de colaboración judicial del país centroamericano el llamado caso Somoto, una ciudad de unos 35.000 habitantes enclavada al norte de Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras, y hermanada con Lasarte-Oria.

La decisión inicial de la justicia de archivar el caso provocó la reacción del Ayuntamiento, con los votos de EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos, y de la acción popular, que presentaron en febrero de 2020 recursos que posteriormente resueltos. 

"La investigación prácticamente estuvo parada durante seis años tras el encargo de un peritaje que se prolongó en el tiempo", según indican fuentes cercanas al caso. El auto de reapertura detallaba que la oficina de hermanamiento entre la localidad guipuzcoana y Somoto, entidad por la que se canalizaban los fondos, carecía de entidad jurídica; y que el personal que trabajaba en dicha institución tenía capacidad para abrir y cerrar cuentas bancarias sin mayor fiscalización, ya que lo gestionaba la propia Urchueguía mediante decreto.

Ante la disparidad de criterios a la hora de clarificar lo que a todas luces parecía una oscura gestión, el juez dictó un auto de apertura de juicio oral y es en ese intervalo de tiempo en el que se han mantenido conversaciones a cuatro bandas. 

Uno de los intervinientes ha sido el abogado Miguel Castells, cuyos servicios contrató el Ayuntamiento de Lasarte-Oria cuando era gobernado por EH Bildu en la legislatura 2011-2015. La coalición soberanista desbancaba a los socialistas de un municipio que únicamente había sido dirigido por el PSE desde su creación en 1986. Fue entonces cuando se interpuso la querella contra la exalcaldesa con el apoyo del PNV y la Plataforma Ciudadana de Lasarte-Oria por un presunto delito de malversación y prevaricación en la gestión de subvenciones en proyectos en Somoto entre 2000 y 2010.

El proceso abierto vivió diferentes vicisitudes una vez que el gobierno municipal cambió nuevamente de manos, pasando al socialista Jesús Zaballos. "El alcalde de Lasarte-Oria ha creado una situación imposible para el ejercicio de mi función como letrado. En mis 59 años de ejercicio profesional, jamás me había ocurrido algo así", llegó a confesar a este periódico en una entrevista Castells, quien anunciaba entonces su renuncia a dirigir la acusación contra Ana Urchueguía. El prestigioso abogado ha continuado en el caso a instancias de la acción popular impulsada en 2016 por quien fuera sucesor en la Alcaldía en 2011, Pablo Barrio (EH Bildu). 

El Consistorio designó entonces a un nuevo abogado, Carlos Querejeta, en representación de la acusación que ejerce el Ayuntamiento. El letrado ha sido otro de los interlocutores en la ronda de contactos para sellar el pacto, junto con el abogado de la acusada y la Fiscalía.