Nuevo choque del PSE con el PNV, aunque podría ser de nuevo una de esas tormentas con fuerte aparato eléctrico, mucho relámpago y, finalmente, poca precipitación. El PSE, que es el socio del PNV en el Gobierno vasco y las principales instituciones y también es clave para aprobar cualquier reforma fiscal en las Juntas Generales de los tres territorios, ha interpretado este jueves que los jeltzales pretenden jugar al dumping fiscal, bajar los impuestos para competir con otras comunidades y atraer más empresas. El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, se refería a las intenciones del PNV y del lehendakari Pradales de poder regular desde las instituciones vascas el alcance y contenido de la tasa sobre las empresas energéticas si el Gobierno español la convierte en un impuesto permanente.
Andueza respondió marcando una posición ideológica, poniendo el foco en que el PNV, a su juicio, quiere “perdonar impuestos a su compañero de partido”, en referencia al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. Avisó de que el PNV necesita sus votos en las Juntas para regular este impuesto, pero lo que no dijo es que, antes de dar ese paso, el socialista Pedro Sánchez necesita al PNV en Madrid porque, sin sus cinco votos, no habrá siquiera impuesto, ni alto ni bajo. Y, en este sentido, y ahí viene la duda sobre el recorrido real de esta polémica, fuentes del Euzkadi Buru Batzar del PNV consultadas por este periódico aclaran que el Gobierno español ya conoce “desde hace semanas” la posición de los jeltzales y “no hay ningún tipo de discrepancia ni de conflicto en torno a este asunto, más bien todo lo contrario”.
La posición del PNV no es nueva y ya alcanzó un acuerdo con el Gobierno español en diciembre de 2023 sobre esos mismos ejes. Ahora, sin embargo, parece que el asunto ha cobrado actualidad por las críticas de la patronal o Repsol al impuesto y se ha generado un enredo que ha tomado por sorpresa a los jeltzales.
El PNV, cuyos cinco votos son imprescindibles para Sánchez y para que la medida vea la luz en el Congreso de los Diputados, quiere asegurarse de que el gravamen no ponga en riesgo las inversiones previstas por estas empresas en materia de transición ecológica ni amenace los puestos de trabajo. Para ello, el PNV quiere poder recaudarlo y regularlo con capacidad normativa, pero para conseguirlo es necesario que los gravámenes se conviertan en impuestos al uso, para poder concertarlos en la Comisión Mixta del Concierto Económico. En realidad, ya alcanzó un acuerdo con el Gobierno español en diciembre de 2023 con estos mismos principios (en el marco del decreto anticrisis, pactó que las tasas se concertaran cuando se convirtieran en impuestos, y que se fijaran incentivos para las inversiones). El PSOE ha prorrogado la negociación para estudiar las inquietudes del PNV y otros socios sobre las inversiones, que también plantea Junts.
Ni siquiera está claro que vaya a haber impuesto pero, si finalmente lo hay, se aprueba y las instituciones vascas pueden concertarlo, las palabras de Andueza parecen anticipar que podrían producirse fricciones entre el PNV y el PSE a la hora de bajar a la letra pequeña y concretar el alcance de esa fiscalidad en Euskadi. O no, porque en cierto modo, parece que el PSOE se toma con mayor normalidad la idea de los incentivos. En el Estado, es Sumar quien tiene una oposición numantina.
¿Del lado de Imaz?
Y las fuentes del EBB consultadas por este periódico responden a las lecturas que se han hecho sobre sus palabras y al intento de situarlos del lado de Imaz. Creen que es más sencillo que todo eso: una defensa del autogobierno y la concertación de impuestos por la foralidad vasca. “El PNV no se posiciona en este debate ni con unos ni con otros, sino que se alinea con Euskadi. Por ello, el PNV va a luchar siempre por defender y maximizar la capacidad normativa, tributaria y recaudatoria de las instituciones vascas, así como por la competitividad de la industria vasca y por la creación del mayor número de empleo industrial de calidad en Euskadi”.
Andueza ve "intereses personales o de partido"
Andueza realizó sus declaraciones a las puertas del Parlamento Vasco, donde acusó al PNV de plantear un dumping fiscal que responde a “intereses personales o de partido” con el objetivo de “perdonar impuestos a su compañero”. En ese sentido, avisó de que al PNV “le hace falta una mayoría en las Juntas Generales de la que no dispone”, y lo aconsejó actuar con más “mesura y prudencia” y esperar al devenir de los acontecimientos. Pero esa misma mayoría le hace falta también a su jefe en Madrid, a Pedro Sánchez, para sacar adelante la medida. Sin los votos del PNV, no habría impuesto de ninguna clase.
El PNV no permitirá "nunca" que quede en manos del Estado
En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, avisó en Radio Popular de que el PNV “no va a aceptar nunca que esto siga como un gravamen” porque en ese caso el dinero quedaría en manos del Estado y los vascos no olerían ni un euro (estos años solo se ha podido pactar una compensación económica, no recaudarlo); advirtió de que, “o es un impuesto, o no es nada”, y añadió que, si se convierte en impuesto, “tendrá que ser concertado y con capacidad normativa por nuestra parte” para poder “graduarlo” para impulsar la inversión. Esteban admitió que, como concepto, no termina de ver esta figura porque puede provocar una doble imposición, y además cree que lo que hay que hacer es incentivar la inversión, porque del sector energético dependen “puestos de trabajo para el futuro y bien remunerados”.
Cuando se le preguntó si esto no se puede interpretar como un “chantaje” de Repsol, admitió que es un arma que tienen las empresas y que, para bien o para mal, cada vez es más fácil mover la sede de una empresa de un lugar a otro porque “el dinero no tiene lealtades ni patria, por desgracia”. Reconoció que coincide con algunos planteamientos de Imaz, pero cree que tampoco es necesario lanzar ciertos mensajes.