Ni Osakidetza, ni la vivienda ni la situación en la Ertzaintza. Los principales roces en esta nueva legislatura entre PNV y PSE, los dos socios que componen el Gobierno vasco, están llegando por el flanco de la ampliación del autogobierno o el nuevo estatus. En puridad, este debate ni siquiera lo tiene que liderar el Ejecutivo, sino que queda en manos de los partidos y el Parlamento, pero el socio minoritario, el PSE, sigue saliendo al paso para tratar de marcar el terreno al PNV en esta discusión. Y las declaraciones que ha realizado este lunes Eneko Andueza han entrado ya en un terreno poco habitual en el lenguaje entre dos socios. En concreto, recurrió a la situación interna en el PNV, que se encuentra en pleno proceso de renovación y actualización tras el desgaste de los últimos años. Andueza lanzó como hipótesis que su presidente, Andoni Ortuzar, ha recuperado el debate del nuevo estatus como cortina de humo, para tapar su “ruido interno”. Además, dejó caer que, si el PNV se adentra en “aventuras”, estaría incumpliendo su acuerdo para gobernar en coalición. En este punto, cada cual puede interpretar a su manera lo que dice el pacto. Pero Andueza puso el acento en el cumplimiento de la legalidad vigente y, por otro lado, aportó un nuevo matiz que pretende restar profundidad y calado al pacto de investidura del PNV con el presidente Pedro Sánchez: dijo que ese documento promete “hablar, no acordar”.
En una entrevista en Radio Popular, Andueza respondió de esa manera al discurso de Ortuzar en el Alderdi Eguna. En ese marco, el presidente del EBB había lanzado advertencias al PSE y a EH Bildu por la forma en la que tratan de condicionar el debate. Para los socialistas, optó por leer el contenido del acuerdo del PNV con Sánchez. En ese documento, se menciona que el reconocimiento nacional de Euskadi, el blindaje de las competencias, la bilateralidad y la foralidad serán “ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos”. Es cierto que se habla de dialogar y negociar y no de acordar literalmente, pero el acuerdo con el PNV marca una diferencia crucial con respecto al pacto con Junts: en el caso del PNV, Sánchez sí accede a dialogar sobre esos conceptos y fija un marco común, mientras que, con Junts, el pacto se limita a levantar acta de las posiciones que defiende cada uno por separado. Ese dato no lo mencionó Andueza.
El secretario general del PSE interpretó que el PNV está “mencionando cosas para tapar el ruido interno que puedan tener en su proceso”. “Yo en casa tengo las cosas ordenadas”, remató. Además, aunque reconoció que una parte del acuerdo del PNV con Sánchez se refleja en su pacto para gobernar en coalición en la comunidad autónoma vasca, trató de puntualizar que “ese acuerdo se compromete a hablar, a dialogar, no a acordar”. “En cualquier caso, en Euskadi firmamos que cualquier cosa que acordemos entre los partidos estará dentro de la más estricta legalidad. Si quieren irse a otras aventuras, estarán incumpliendo el acuerdo de gobierno”, añadió.
Cuestiona que vayan a llegar todas las transferencias
En materia de transferencias, Andueza dejó caer que hay algunas que quizás no puedan materializarse “por una cuestión de legalidad”. El acuerdo PNV-Sánchez compromete al Gobierno español a cumplir íntegramente el Estatuto de Gernika, y el Gobierno vasco contabiliza que aún quedan 29 materias pendientes. Todo este proceso se va a abordar a finales de octubre en una reunión de la Comisión Permanente, y Andueza comienza a cuestionar ya que vayan a llegar todas las materias. Este planteamiento no es novedoso. El propio Sánchez aseguró en la pasada legislatura que algunas materias eran difíciles de transferir porque el Estatuto de Gernika está sin renovar y no es muy explícito a la hora de concretar el alcance de algunas competencias. El Gobierno español se refería sobre todo al litoral, pero este argumento está ya desfasado: el Tribunal Constitucional avaló la transferencia a Galicia, cuyo artículo es calcado al vasco.
Andueza añadió que hay “dificultades” y que puede haber “riesgo jurídico” con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social porque “nuestra cuenta de las pensiones es deficitaria”. “Si tienes que asumir un déficit de 4.000 millones, el sistema es insostenible no a largo plazo, sino a corto”, dijo.