El debate de la Ley de Vivienda del Estado se ha colado en la precampaña vasca para las elecciones municipales y forales del 28 de mayo. Los socialistas han recibido el proyecto del Gobierno español como un balón de oxígeno, aunque la euforia por los límites impuestos a la subida del precio del alquiler ha derivado en un cruce de declaraciones con sus socios del PNV, que comparten el objetivo de actuar en este campo, pero piden una simple percha jurídica para que las instituciones autonómicas competentes en la materia puedan actuar, y que no se produzcan invasiones competenciales ni se fijen los requisitos desde el Estado. En ese contexto, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha acusado este lunes al PNV, por un lado, de hablar de lealtad y de dejar solo al mismo tiempo a Sánchez con la reforma laboral o las ayudas al transporte público y, por otro lado, ha insinuado que el PNV no es tan puntilloso a la hora de detectar invasiones competenciales en otras leyes, como en la de Empleo, donde no hubo “ninguna reacción” de los jeltzales. En los tres casos, la crítica no se corresponde con lo que sucedió realmente.
Ley de Empleo
Se da la circunstancia de que, en la Ley de Empleo, el PNV presentó una enmienda a la totalidad que después retiró tras acordar con el Gobierno español que se reconociera la singularidad vasca, con un total de veinte enmiendas parciales sobre las políticas y el fomento del empleo. Por lo tanto, en este caso, no es cierto que no hubiera reacción del PNV ni que se produjera una dejación de funciones en defensa del autogobierno. Además, tampoco hubo deslealtad, porque finalmente respaldó la ley tras ese acuerdo con el ministerio de Trabajo y Economía Social, que en ese caso dirige Yolanda Díaz.
En un acto en Etxebarri con el candidato a la alcaldía, Iñaki Martínez, Andueza había dicho que al PNV “se le llena la boca hablando de la defensa del autogobierno”, pero que nadie puede dar lecciones a los socialistas porque estuvieron en la redacción del Estatuto de Gernika y ahora en su defensa, y “otros no pueden decir lo mismo”. En cuanto a la Ley de Empleo, dijo que Euskadi también tiene “competencias exclusivas”, pero que su aprobación “no provocó ninguna reacción” del PNV.
Descuento en el transporte público
Andueza aseguró que “defender la Ley de Vivienda es defender el autogobierno vasco” porque va a proporcionar más herramientas a Euskadi para aplicar mejor sus políticas, y va a poner a disposición de los ayuntamientos y las diputaciones un paraguas legal para actuar, según dijo. Lamentó que el PNV hable de lealtad pero “no esté en la reforma laboral, ni en las ayudas al transporte público, ni en la Ley de Vivienda”. En el caso de las ayudas al transporte, pese a lo sostenido por Andueza, el PNV sí votó finalmente a favor de mantener el 50% del descuento en el transporte público autonómico en el primer semestre de 2023, en un debate que se sustanció en el Parlamento Vasco. Es cierto que ese debate vino precedido por el desencuentro entre PNV y PSE en las Juntas Generales, pero la discrepancia tenía que ver con la forma de financiar ese descuento.
Las ayudas las activó el Gobierno español en 2022, y el PNV registró una enmienda a los Presupuestos estatales para que Sánchez mantuviera su parte, un 30%. Es algo que finalmente se consiguió, en un decreto posterior que se votó en el Congreso, tras la presión ejercida en solitario por los jeltzales. La medida se prorrogó dentro de un nuevo decreto de medidas del Ejecutivo español para frenar la inflación, agravada por la invasión de Rusia a Ucrania.
El delegado del Gobierno español en suelo vasco, Denis Itxaso, había acusado al PNV de pretender que el Estado pagase “una ronda que no le corresponde” y de hacer un ejercicio de escapismo pero, cuando la prórroga del 30% comenzó a parecer verosímil, cambió de registro y aseguró que le constaban “gestiones” para que el Estado mantuviera su parte. Itxaso había defendido que la competencia era vasca, pero el PNV recordó que la ayuda la activó de manera unilateral el Estado, que además había descubierto una bolsa de 20.000 millones de euros de ingresos adicionales, y que Euskadi tenía que pelear para ahorrarse esa inversión y poder destinarla a otras actuaciones en tiempos de crisis. En cualquier caso, había matizado que, si el Estado no ponía su parte, las instituciones vascas estaban dispuestas a pagarlo todo hasta el 50%.
Reforma laboral
En cuanto a la reforma laboral, es cierto que el PNV votó en contra en el Congreso de los Diputados, pero lo hizo porque no se garantizaba la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Es decir, porque no se recogía en esa reforma el blindaje del acuerdo interprofesional vasco de 2017 que daba prevalencia a los acuerdos autonómicos (normalmente con mejores condiciones) sobre los estatales. La vicepresidenta Yolanda Díaz quiso hacer valer, intacto, el acuerdo que alcanzó en la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal para que no se desmarcaran los empresarios, pero muy poco después decidía elevar el salario mínimo sin el concurso de la patronal.
Sea fruto de un lapsus o sea argumentario de campaña, desde el PSE confirmaron que Andueza se expresó en esos términos a pesar de estas contradicciones. Los socialistas reciben con los brazos abiertos la Ley de Vivienda del Gobierno español, en un momento en que el presidente Pedro Sánchez está volcado en lanzar titulares sobre los nuevos límites al precio del alquiler o la salida al mercado de las casas del banco malo (aunque la movilización de viviendas de la Sareb solo rozará a la CAV y Nafarroa de refilón con apenas un centenar de activos en la lista).
La fiscalidad y el alquiler
Por otro lado, el PSE ha vuelto a poner sobre la mesa la fiscalidad como herramienta que puede dar respuesta al desafío de la vivienda, un planteamiento que el PNV no ha visto con malos ojos. Ambos partidos tendrán que abordar una reforma fiscal después de las elecciones forales, cuando se constituyan las Juntas, una reflexión que ha comenzado de manera incipiente, a través de una evaluación de resultados de lo que han dado de sí las últimas modificaciones de impuestos.
En este contexto, la candidata socialista a diputada general por Bizkaia, Teresa Laespada, apostó por “revisar las bonificaciones, reducciones y exenciones, con una política fiscal para incentivar más y mejor el alquiler y mejorar la emancipación de la juventud y el acceso del conjunto de la ciudadanía a una vivienda de alquiler”.