El PSE-EE ha anunciado este martes que propondrá en las instituciones vascas la aprobación de medidas para subvencionar el transporte público en 2023 y aumentar las deducciones fiscales por alquiler de vivienda, para lo que aún no cuenta con el acuerdo del PNV, socio de coalición de los socialistas en Euskadi.
En una rueda de prensa convocada en Bilbao, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que el PNV "conoce" las intenciones de los socialistas en dichas cuestiones, aunque ha añadido que, por el momento, no han recibido "ningún tipo de respuesta" por parte del partido nacionalista. "Tendrán que analizarlo en las instituciones y dentro del PNV", ha indicado.
Ha explicado que las medidas propuestas por el PSE para extender las ayudas al transporte en 2023 y aumentar las deducciones fiscales por alquiler de vivienda tendrían un coste de 180 millones de euros. Ha indicado que no es una cifra "inalcanzable" y que hay "muchas fórmulas" para aportar esa cantidad con recursos públicos.
Acompañado de los diputados forales de transportes Rafaela Romero (Gipuzkoa), Carlos Ibarlucea (Araba) y Miguel Ángel Gómez Viar (Bizkaia) y la concejala de Movilidad y Sostenibilidad de Bilbao, Nora Abete, y con el acuerdo del consejero en el Gobierno Vasco Iñaki Arriola, todos ellos del PSE-EE, el secretario general de este partido ha explicado que los representantes socialistas han "cerrado una propuesta" que van a plantear en todas las instituciones vascas.
Andueza ha indicado que uno de los objetivos es alcanzar "un nuevo compromiso" para habilitar nuevas ayudas al transporte en 2023 -como continuidad de las que ya están en vigor hasta el final del año- y que estén garantizadas durante todo el próximo ejercicio.
Después de que el Gobierno español haya decidido ampliar a 2023 la gratuidad de los servicios de Renfe, Cercanías y Media Distancia, la intención del PSE-EE es que los servicios de transporte público en Euskadi (metro, tranvía, autobuses...) extiendan a todo el próximo año la rebaja del 50% en el precio de los billetes.
"Esta es una competencia nuestra y como responsables de la misma tenemos que dar una respuesta eficaz a la ciudadanía", ha dicho Andueza, quien ha cifrado en 80 millones de euros el coste de esta medida.
Ha reiterado que la deflactación fiscal del 2% para el próximo ejercicio acordada por el Consejo Vasco de Finanzas es "claramente insuficiente en un contexto de inflación" como el actual, por lo que ha considerado que las instituciones vascas "pueden y deben adquirir un mayor compromiso".
La segunda propuesta del PSE-EE supone modificaciones en la fiscalidad, al aumentar las deducciones por alquiler de vivienda, tanto para los arrendatarios como para los arrendadores.
Los socialistas proponen que estas deducciones, actualmente del 20% y de entre el 25% y el 30% para determinados colectivos, se incrementen hasta el 35% con carácter general y hasta el 50%, al menos para las personas menores de 35 años, las familias numerosas y los colectivos de especial necesidad.
"Creemos que es necesario hacer una reflexión profunda sobre la fiscalidad de la vivienda, que se puede abrir en este momento con una medida consecuente con ese escenario de iniciativas destinadas a aliviar la situación de numerosas familias y hogares", ha agregado Andueza.
En 2021, las deducciones por alquiler de vivienda sumaron 102,5 millones de euros en los tres territorios. La propuesta del PSE-EE supondría casi duplicar esa cantidad porque requeriría de un gasto estimado de unos 100 millones de euros anuales, ha puntualizado la dirigente del PSE-EE Begoña Gil.
Con el incremento de las deducciones se pretende "aliviar las economías de los contribuyentes en un momento de dificultad", además de "favorecer el acceso a la vivienda con una política de fomento del alquiler, y contener los precios", ha agregado Gil.
"Nuestro socio, el PNV, conoce nuestras intenciones porque se han ido trasladando a los diferentes responsables institucionales y a las respectivas Haciendas. No deben suponer una sorpresa, ni son inalcanzables", ha añadido Andueza.
"No estamos proponiendo un gasto improductivo sino una inversión social", ha destacado Begoña Gil, quien ha considerado que estas medidas están "sobradamente justificadas".