La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y medio de cárcel y una multa de cerca de 250.000 euros para el expresidente del Banco Popular Ángel Ron y tres de sus colaboradores por los delitos de falseamiento de cuentas y de información económico-financiera de los ejercicios 2015 y 2016, según un escrito al que ha tenido acceso Efe.
Se atribuyen al ex consejero delegado Francisco Gómez, al exvicepresidente Roberto Higuera y al que fuera miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea los mismos delitos; y se pide para los tres las mismas penas e idénticas multas que para Ron.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó el pasado 4 de marzo procesar a Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. Junto con Ron, Gómez, Higuera y Oroviogoicoechea, Anticorrupción señala como cooperadores necesarios a los ex directores financieros del Banco Popular Javier Moreno y Francisco Sancha Bermejo, al exdirector de Riesgos José María Sagardoy Llonis, al que fuera director del departamento de Auditoría Jesús Arellano Escobar y a los socios auditores de PwC Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda.
Asimismo, incluye como cómplice al exdirector de los Servicios Jurídicos Tomás Pereira. La Fiscalía señala a las aseguradoras Chubb, Zurich, XL, Liberty y Lifeguard como responsables civiles directos; y al Santander y a PwC como responsables civiles subsidiarios.
Para Anticorrupción, la ampliación de capital del Popular de mayo de 2016, por un importe de 2.505,5 millones de euros, se llevó a cabo proporcionando a los potenciales inversores "una información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica y patrimonial de la entidad".
Ello impidió que adoptaran una decisión "libre y no viciada", añade el texto, que explica que, en las cuentas anuales del año 2015 y en los estados financieros a 31 de marzo de 2016 incluidos en el folleto de ampliación de capital, se ocultó a los inversores, entre otras irregularidades contables, el déficit de provisiones existente.
Dicha omisión provocó que la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del grupo Banco Popular reflejara un beneficio de 105,4 millones de euros, cuando el resultado real, "que se mantuvo oculto a los suscriptores de las acciones, fue de pérdidas por, al menos, 2.553,2 millones".
El déficit de provisiones se mantuvo "parcialmente oculto" en los estados financieros intermedios y en las cuentas anuales de 2016, de tal manera que el resultado económico del grupo en el ejercicio 2016 no fue de 3.485,36 millones de euros de pérdidas netas declaradas, sino un resultado negativo de pérdidas contables netas "de al menos 4.414,53 millones", destaca Anticorrupción.
De este modo, la información proporcionada a terceros, especialmente inversores, a través de las cuentas anuales y estados financieros intermedios de 2015 y 2016 "impidió que adoptaran una decisión libre y no viciada sobre la realización de inversiones en adquisición de acciones en el mercado secundario, bonos, instrumentos financieros y de capital de Banco Popular".