El 23 de noviembre el consejero Eduardo Santos entregó en el Parlamento las notas simples de los 2.952 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Navarra. Al calor de este hito, la UPNA acogió unas jornadas sobre los retos y dilemas que se plantean ahora, que incluyó la ponencia Inmatriculaciones de la Iglesia: Una cuestión de Estado, de Antonio Manuel Rodríguez.
¿Hasta qué punto es importante la entrega al Parlamento de las notas simples de esos 2.952 bienes inmatriculados?
-Navarra fue el germen que reveló el escándalo de las inmatriculaciones y, tras quince años de movilización y denuncia ciudadana, ha conseguido un hito jurídico que servirá de referente para que podamos conocer con detalle su magnitud y la naturaleza de los bienes apropiados por la jerarquía católica. Es cierto que primero Euskadi y después Catalunya fueron las primeras en conseguir el listado completo de los bienes inmatriculados por la Iglesia sin más prueba que la palabra del obispo. Pero la aportación de las notas simples en Navarra permitirá un informe riguroso que, a mi juicio, debe servir como referente para el resto del Estado.
Además de templos de culto (el 33%), hay viviendas, huertos, campos de arbolado, trasteros, parques, bajeras, frontones, cines parroquiales... ¿le sorprende el listado o ya está curado de espanto?
-Es muy peligroso que nos deje de sorprender porque significaría normalizar este atropello. Si un concejal o ministro hubiese perpetrado una milésima parte de lo inmatriculado por la jerarquía eclesiástica, abriría todos los telediarios.
La pregunta la plantearon varios parlamentarios. Y ahora... ¿qué? ¿Cuál debe ser el siguiente paso del Gobierno?
-Sin duda, la transparencia. No se trata de una cuestión religiosa, en absoluto, sino de defensa de la legalidad constitucional y del patrimonio público. No es de recibo que un Estado que se proclama social y democrático de derecho exija transparencia a la corona, a los partidos o a los sindicatos, y no haga lo propio con la iglesia católica, una institución que ha sido considerada históricamente como parte del Estado y que se aprovechó de esta identidad para hacer acopio de un patrimonio desproporcionado con normas franquistas y flagrantemente inconstitucionales. De ahí que el siguiente paso deba ser la elaboración de un informe serio sobre la naturaleza de los bienes inmatriculados, especialmente, comunales y los que se estimen que no podrían ser objeto de enajenación, en consecuencia, de todos y todas.
Navarra es la única comunidad que ha recopilado las notas simples de todos los bienes inmatriculados. ¿Por qué cree que es pionera?
-Sin duda, por la tenacidad de su movilización ciudadana y por la organización municipalista de su plataforma. Tenga en cuenta que los vecinos de los numerosos municipios de pequeño tamaño ayudaron a levantar y mantener sus ermitas, que saben y sienten como propias. Cierto que ayuda el cariz progresista del gobierno navarro, receptivo desde hace muchos años a estas reivindicaciones. Pero porque siempre sintió el aliento en la nuca de la ciudadanía. Fíjese que no ocurre lo mismo con el gobierno del Estado, el "más progresista de la historia", que pretende dar por amortizada la cuestión tras lo pactado en las catacumbas con la jerarquía eclesiástica. A pesar de nuestras movilizaciones, el apagón mediático impuesto sobre la materia y el temor reverencial que los gobiernos siguen teniendo a todo lo relacionado con la Iglesia, les sirve de coartada para mirar hacia otro lado. De ahí que Navarra sirva de ejemplo para el resto del Estado.
¿La iniciativa de Navarra puede ser un acicate para otras comunidades autónomas?
-Así debería ser, en especial en aquellas gobernadas por gobiernos progresistas para no caer en la incoherencia política. Empezando por el mismo Gobierno del Estado. Estoy convencido que se certificaría que el escándalo es mucho mayor del que pensábamos.
Desde Recuperando han denunciado la suspensión de la nueva Ley de Patrimonio. ¿A qué se debe este bloqueo del Partido Socialista?
-Ojalá lo supiera, porque se trata de cuestiones que se quedan en las oscuras negociaciones del Gobierno con la jerarquía católica. Un choque de trenes, a cuál más poderoso. No lo dude: las inmatriculaciones de la Iglesia, más que por codicia o afán de enriquecimiento, se realizaron para detentar poder. Resulta paradójico que en pleno siglo XXI se estén vaciando los templos, cada vez sea mayor la distancia que separa la moral católica con la ética ciudadana, y nunca como ahora la iglesia haya sido tan poderosa. Piense que ha podido inscribir a su nombre más del 80% del patrimonio histórico del Estado. Que la Conferencia Episcopal puede tener tanto o más poder patrimonial que el mismísimo Vaticano. Y cuando el Gobierno planteó unas mínimas soluciones para gestionar los bienes patrimonio mundial de una manera democrática y profesionalizada, tal como recomienda Unesco, o que los bienes eclesiásticos no puedan ser objeto de especulación mediante enajenaciones a particulares, que la Iglesia pusiera todo su poder sobre la mesa.
Aunque no suele pronunciarse sobre este asunto, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aseguró este mismo año que "la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo". ¿Qué le parece?
-Tiene razón la jerarquía católica cuando dice que la inmatriculación no concede la propiedad. Siendo así, entiendo que no tendrá problema en que se declaren nulas todas las inmatriculaciones practicadas sin prueba alguna desde la entrada en vigor de la Constitución Española, porque mantendrían intacto su derecho para registrarlas igual que usted y que yo aportando un título que lo demuestre. Y por la misma razón, tampoco debería negarse a que se declaren nulas todas las inmatriculaciones de bienes de dominio público, es decir, de todos aquellos inmuebles que no pueden ser objeto de venta y, en consecuencia, tampoco adquiribles por usucapión o la posesión en el tiempo. Pero si no lo hacen, es la iglesia la que teme perderlos, sin duda, porque no eran suyos.
Argüello también dijo que esos bienes están "al servicio del bien común" y defendió que las inmatriculaciones se hicieron al amparo de la ley.
-¿Cuándo se refiere "al servicio del bien común" quiere decir que fueron rehabilitados con el dinero público, sean o no creyentes? ¿Cuándo se refiere "al servicio del bien común" quiere decir que pagará los impuestos por aquellos bienes no destinados al culto? ¿Cuándo se refiere "al servicio del bien común" quiere decir que declarará y sabremos a qué destina los ingresos millonarios que perciben por las entradas a los monumentos inmatriculados? En efecto, todas las inmatriculaciones se hicieron al amparo de una ley, pero franquista que equiparaba a la Iglesia con una administración y a los obispos con notarios, propia de un Estado confesional. Pero tras la entrada en vigor de la Constitución, ¿es la iglesia una administración pública? No; ¿los obispos son funcionarios? No. En consecuencia esa ley de la que hablan es inconstitucional y nulas de pleno derecho todas las inmatriculaciones realizadas a su amparo. Otra cosa es que ningún juez y ningún político quiera abrir la caja de Pandora, llevando a cabo lo que ordena la Constitución en un Estado de derecho.
Por último, la derecha apunta a las "obsesiones" de la izquierda y su "anticlericalismo" para referirse a las inmatriculaciones. ¿Se trata de una obsesión de la izquierda?
-Se llama proyección psicológica el atribuir a los demás los males propios. ¡Ay si en España existiera una derecha republicana, laica y federal, como en el resto de Europa, para darse cuenta de que este escándalo sólo se ha dado aquí! ¡Ay si un día nuestra derecha abriera los ojos y descubriese que la Catedral de Nôtre Dame es del pueblo francés o que la Catedral de Lisboa es del pueblo portugués! ¡Ay si en un futuro no muy lejano la derecha española no se anclara en el nacional catolicismo como elemento identitario! Quizá ese día se dé cuenta que la Catedral de Pamplona es de la Iglesia y también nuestra, que no puede tener dueño porque es de nadie. Y ojalá que ese mismo día también se dé cuenta la izquierda y el Gobierno, sea del color que sea, no permita estas apropiaciones amparadas en leyes de otro tiempo. Por supuesto que la Iglesia puede ser titular de bienes, pero que devuelva lo que es dominio público y que pague por lo que demuestre que le pertenezca.
EL PERFIL
Amodóvar del Río (Córdoba), 15-12-1968. Antonio es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, coordinador del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de esa universidad, vicepresidente de la Federación Ateneos de Andalucía y patrono de la Fundación Blas Infante. Escritor y activista, es portavoz de Recuperando, coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado.