El Parlamento Vasco ha aprobado la Ley de Potestad Sancionadora de Euskadi, que simplifica y establece un único proceso sancionador de las administraciones públicas vascas y actualiza la normativa vigente y la adapta a la legislación básica.
La norma ha salido adelante sin ningún voto en contra, con el apoyo de PNV, PSE-EE y EH Bildu, y la abstención de Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs.
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha defendido la norma en el pleno de la Cámara y ha explicado que además de adaptarse a la normativa orgánica unifica el procedimiento sancionador para todos los niveles institucionales vascos "atendiendo a las peculiaridades de Euskadi".
También se adapta a los procesos de digitalización y actualiza la terminología jurídica en euskera con una novedad por la que se establece que si no se respetan los derechos lingüísticos en la notificación de la sanción, esta solo tendrá efecto desde el momento en el que se subsane el error.
Desde los grupos que apoyan al Gobierno vasco, Josune Berasaluze (PNV) ha ensalzado el carácter educativo de la norma cuando afecta a menores y a personas con discapacidad y ha reconocido que las aportaciones de los grupos mejoran la norma, mientras que el socialista Ekain Rico ha subrayado que ofrece una visión garantista para administraciones y ciudadanos.
El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha hecho hincapié en que se trata de una ley muy importante y con carácter práctico. "Hemos hecho una buena ley, progresista, innovadora y con una mejor protección de los derechos de los administrados", ha defendido.
Gonzalo Angulo (Elkarrekin Podemos-IU) ha reconocido que la ley aprobada es mejor que la que estaba en vigor, pero ha explicado que su abstención se debe a que tiene carencias y podría haber sido mejorada todavía más.
Por último, Luis Gordillo (PP+Cs) ha opinado que algunas de las incorporaciones al proyecto de ley original "generan confusión".