Aprobada la Ley vasca de Centros de Culto con el rechazo de la oposición

El Parlamento Vasco, con el rechazo de toda la oposición, ha aprobado este jueves la Ley de Lugares o Centros de Culto y Diversidad Religiosa que obliga a los ayuntamientos a reservar espacios en sus planes urbanísticos para los centros religiosos y que impide conceder licencias que supongan discriminación hacia alguna confesión.

PNV y PSE, socios en el Gobierno vasco, han respaldado esta nueva normativa, mientras que EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox han votado en contra.

En la presentación de la ley, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha hecho un breve repaso de esta norma cuyo fin, ha insistido, es proteger la diversidad religiosa y la convivencia entre las creencias y asegurar el ejercicio de la libertad de culto con el principio de "no discriminación".

En el mismo sentido se ha expresado el parlamentario del PNV Jon Andoni Atuxa, quien ha recordado que la diversidad religiosa es cada vez una realidad más relevante, lo que requiere un reconocimiento normativo que dé más garantías jurídicas a los centros de culto.

Miren Gallastegui (PSE-EE) ha destacado que con la ley se consolida el procedimiento que garantizará la apertura de los lugares de culto y prevé una mejor planificación municipal.

LA OPOSICIÓN NO APOYA LA LEY POR ESTAR VACÍA DE CONTENIDO

Lore Martínez (EH Bildu) ha señalado que la nueva legislación se centra en la normativa urbanística que ya está regulada en la Ley del Suelo, ha opinado que se invaden competencias municipales y ha lamentado que no se hayan recogido sus aportaciones dirigidas a garantizar la laicidad y la diversidad religiosa.

Gustavo Angulo (Elkarrekin Podemos-IU) ha dicho que la ley no ha convencido a su grupo porque se centra en el planeamiento urbanístico pero deja fuera cuestiones relacionadas con la educación, la sanidad y no recoge en sus principios la "laicidad".

En la explicación de su voto en contra, Carmelo Barrio (PP+Cs) ha dicho que la libertad religiosa ya está regulada, por lo que a su juicio no hace falta una nueva normativa, mientras que la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha optado por no explicar en el pleno las razones de su negativa a apoyar la ley.

PROTEGER LA DIVERSIDAD RELIGIOSA

El objeto de la ley es proteger la convivencia y la diversidad religiosa y garantizar, en relación con la apertura y utilización de lugares o centros de culto, el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de las personas y de las diferentes iglesias, confesiones y comunidades religiosas, todo ello sin que pueda producirse ninguna discriminación entre las mismas.

El texto señala que se produce discriminación directa cuando una confesión recibe, en algún aspecto relacionado con la apertura y funcionamiento de lugares o centros de culto, un trato diferente del recibido por otra en una situación análoga.

También se considera discriminación indirecta cuando un plan de ordenamiento urbanístico municipal o una licencia ocasionan una desventaja a una comunidad religiosa respecto a otras en el derecho a disponer de un lugar para el culto.

EVITAR DISCRIMINACIONES

La ley regula que los planes municipales de ordenación urbanística que se aprueben contemplen, en función de la disponibilidad de suelo existente, reservas para equipamientos colectivos privados de carácter religioso, de acuerdo con las necesidades que hayan sido detectadas en cada municipio.

Los ayuntamientos "no podrán actuar con criterios que puedan producir una discriminación directa o indirecta, o una restricción arbitraria, en el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa y de culto, en especial a la hora de decidir o asignar reservas para equipamientos colectivos privados de carácter religioso".

En los procesos de planeamiento urbanístico municipal, las confesiones participarán en el procedimiento de determinación y asignación de los espacios reservados a estos centros.

SE CREA UN CONSEJO INTERRELIGIOSO

En la ley también se crea el Consejo Interreligioso Vasco, como órgano de diálogo y colaboración institucional con las diferentes confesiones y comunidades religiosas.

Su misión será preservar y promover una convivencia interreligiosa e intercultural basada en el respeto al pluralismo religioso.

Asesorará a las instituciones vascas en el desarrollo de las políticas orientadas al ejercicio de la libertad religiosa y a evitar cualquier forma de discriminación.

Estará integrado por representantes del Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos, iglesias o confesiones y distintos expertos.

Esta normativa llevaba varios años de retraso. En 2019 el Gobierno vasco aprobó un proyecto de ley similar que decayó al concluir la legislatura en junio de 2020. Un año más tarde, el nuevo Ejecutivo vasco aprobó un texto normativo prácticamente con el mismo contenido y desde entonces el trámite parlamentario ha ido con lentitud hasta que su aprobación ha culminado este jueves.