Aprobada la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que permitirá regularizar a 900.000 migrantes en tres años

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del reglamento de la ley de extranjería que reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en el Estado sin papeles, del que podrían beneficiarse unas 300.000 personas cada año en los próximos 3 años.

Así lo ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que ha detallado los principales cambios de la que ha calificado como "la reforma más integral y ambiciosa" de este texto desde que entró en vigor, hace 13 años.

Entre sus novedades, esta modificación reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en el Estado necesario para acceder a las figuras de arraigo, establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año, refuerza la protección para los trabajadores de temporada y mejora la reagrupación familiar.

En resumen, el nuevo reglamento acorta plazos, simplifica procedimientos y aporta más garantías y rigor jurídico de acuerdo a las necesidades del mercado laboral en el Estado y de los migrantes, la legislación europea y el reto demográfico del país, según ha señalado la ministra.

Saiz ha recordado algunos datos en favor de la inclusión de las personas migrantes en el mercado laboral, como que, según diversos organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el Estado español necesita entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar.

Se reduce el tiempo de residencia exigido para acceder al arraigo

Una de las principales novedades del nuevo reglamento es la reformulación de las figuras de arraigo, el mecanismo que permite a las personas extrajeras que residen en el Estado en situación administrativa irregular conseguir los papeles y que ha sido puesto en valor por la ministra por ser único en la Unión Europea.

El reglamento pasa de recoger cuatro tipos de arraigo (social, laboral, familiar y para la formación) a cinco: social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad, este último de nueva creación.

De esta forma, las figuras se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en el Estado español necesario para acceder a ellas de 3 a 2 años, se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a sus beneficiarios a trabajar desde el primer momento.

Un grupo de migrantes rescatado en El Hierro. EFE

Todas estas autorizaciones serán de un año, salvo la familiar, que será de cinco.

Según ha explicado la ministra, a finales de 2023 había 210.334 personas con autorización por arraigo, 84.983 más que en 2022 y entre 2022 y 2023 aumentó un 30,4 % la afiliación entre personas beneficiarias de este tipo de permiso.

"Hemos estimado que con esta reforma puedan regularizarse, de media, 300.000 personas al año durante los próximos 3 años", ha apuntado Saiz.

Todos los visados serán de un año

El nuevo reglamento crea un título específico para los visados, simplifica los procedimientos, delimita las competencias entre consulados y oficinas de extranjería y establece que todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro.

Esto servirá para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida, algo que también se ha querido evitar al simplificar los trámites para el cambio de una situación de residencia a otra: por ejemplo, no será necesario abandonar el país para obtener la residencia de larga duración después de una temporal.

La modificación también extiende el visado para la búsqueda de empleo de tres meses a un año.

Más protección para los trabajadores de temporada

Según ha señalado Saiz, el nuevo reglamento se apoya en tres ejes para fomentar la inclusión de la población extranjera en el Estado: el trabajo, la formación y la familia.

En el ámbito laboral, la mayor parte de las autorizaciones habilitará para trabajar desde el primer momento sin tener que solicitarlo expresamente, incluidas las personas que vienen al Estado a estudiar.

Además, se ha creado una autorización específica de residencia y trabajo para las actividades de temporada que facilita la contratación individual y colectiva y mejora la protección de los derechos de los trabajadores, ya que estos deberán tener información concreta y escrita en un idioma que comprendan de sus condiciones laborales, de estancia y otros gastos.

Se mejoran sus condiciones de habitabilidad y la seguridad del trabajador desde que sale de su país hasta que se da de alta en la Seguridad Social y se incluye la posibilidad de cambiar de empleador en caso de abuso u otras causas que hayan impedido desarrollar la relación laboral, como una plaga en la cosecha.

Mejora de la reagrupación familiar

En el nuevo reglamento también se ha mejorado la reagrupación familiar a través de la creación de una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles.

Entre las novedades, se amplía la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años, se incluyen otras realidades como las parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación afectiva análoga y se permite la reagrupación de los hijos y progenitores de víctimas de trata, violencia sexual o de género.

La mayoría de las personas que se van a beneficiar de esta medida son personas que han obtenido la nacionalidad española en los últimos años y podrán traer a su familia.

En cuanto a la formación, las personas que vengan al Estado para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios.

Además, mientras estudian, podrán trabajar un máximo de 30 horas semanales.