Junts se frota las manos y Pere Aragonès lo sabe. ERC acabó accediendo ayer jueves a las exigencias del PSC, relativas a la carretera B-40, el tramo de la Ronda Nord del Vallès que se había presentado como el principal obstáculo para el acuerdo presupuestario, y lo hizo a cambio de poder tener unas nuevas Cuentas dejando la pelota en el tejado de Salvador Illa, aunque el president es consciente del coste que le puede acarrear dentro del mundo independentista. “Asumo la contradicción, el coste y el desgaste político y personal”, reconoció sin tapujos hasta el punto de admitir que aceptar punto por punto la propuesta del principal partido de la oposición “es el precio de servir a la ciudadanía”. Durante el debate en el hemiciclo y de forma inesperada, el diputado republicano Ferran Estruch anunció así el voto a favor de su grupo al punto de la moción que insta al Govern a hacer efectivo el convenio con el Ministerio de Transportes y ejecutar las obras de la B-40, un movimiento que, según fuentes del Ejecutivo catalán, supone que ya no haya “escollos ni excusas que valgan” para que pueda cerrarse un pacto. “Apelamos a la responsabilidad y a la generosidad de todos. Si esta moción vale para desbloquear los Presupuestos, los desbloquearemos. Por parte nuestra no quedará. Movemos ficha, y votaremos sí”, argumentó, ante la contrariedad también de la CUP y los comunes.
El PSC valoró el gesto de Esquerra aunque advirtió de que desbloquear este asunto no será suficiente en sí mismo para llegar a un consenso, ya que hay una serie de medidas sobre las que todavía hay discrepancias, entre las que se encuentran la ley de barrios, la ley de ciencia o el 25% de recursos a la atención primaria. Antes de la votación cundía la sensación de que los puentes entre el Govern de ERC y el PSC estaban medio rotos, si bien nadie se atrevía a dar por muerto el pacto. Desde los comunes, el diputado Marc Parés tildó de “chantaje” la actitud de los socialistas aunque mantendrán su acuerdo con la Generalitat. Republicanos y socialistas también constataron sus diferencias en otras vertientes en discusión, como la política exterior de la Generalitat. La consellera Meritxell Serret ratificó que el Ejecutivo estudia la posibilidad de abrir nuevas delegaciones más allá de las siete que en la actualidad están creadas en el papel pero que aún no se hallan en funcionamiento. Esto choca frontalmente con la pretensión del partido de Illa, que en su propuesta presupuestaria exige frenar las nuevas aperturas e incluso baraja cerrar algunas de las ya existentes.
“La disyuntiva no es entre Presupuesto y prórroga, la decisión a tomar es entre atender a las necesidades del país o frenar el país por electoralismo”, avisó Aragonès a Illa. “No hay más tiempo que perder. Hay que actuar con realismo y responsabilidad [...] No contemplamos otra opción que no sea la aprobación del presupuesto”, remarcó. Y prosiguió el president: “La negociación del Presupuesto parece una subasta continua [...] Nos hemos movido en una cuestión muy importante. Todas las partes tienen que hacer cesiones. Había una serie de condiciones que se habían hecho públicas y estas condiciones se han cumplido. Hay que dar respuesta a la situación económica y social tan dramática, dejar 3.800 millones sin asignación presupuestaria no sería responsable. La decisión corresponde al PSC”.
Un avance no definitivo
Los republicanos están seguros de que la pretensión de Illa es provocar una presión insoportable al Govern que derive en una convocatoria de elecciones. El primer secretario del PSC agradeció el gesto, que cree que supone un avance aunque no definitivo: “Estamos más cerca, pero queda trabajo y puntos pendientes”. “Se da un paso en la buena dirección, pero no les puedo decir que haya un acuerdo cerrado”, señaló Illa desde el Parlament después del cambio de postura de ERC sobre la B-40. Es más, se limitó a reprochar que hayan hecho falta cinco semanas de cara a este paso. Por su parte, desde la barrera, Junts asiste a este intercambio de movimientos confiando en recoger los frutos políticos.
Oriol Junqueras
Abogacía
Pide rebajar su inhabilitación. La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que rebaje de 13 a 7 años la pena de inhabilitación absoluta que se impuso a Oriol Junqueras en virtud de la reforma del Código Penal que ha derogado el delito de sedición y modificado el de malversación. En concreto, solicita también que rebaje de 12 a 6 años y 9 meses la pena de inhabilitación de los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Para Joaquim Forn y Josep Rull plantea bajar de 10 años a 6; en el caso del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, reclama que se les cambie la pena de inhabilitación absoluta de 9 años a otra de 4 años. Y para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, modifica la pena de 11 años de inhabilitación a una de 6 años.
Estrasburgo
Priorizará el ‘procés’. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha recibido una quincena de demandas que tienen que ver con el ‘procés’ que considera “extremadamente importantes” y a las que va a dar prevalencia. “Como casos de impacto, se les dará prioridad”, subrayó ayer la presidenta del Tribunal de Estrasburgo, Síofra O’Leary.