Pere Aragonès no echa el freno pese a la soledad en que se desenvuelve ahora su gobierno monocolor y emplaza a Pedro Sánchez a acordar la carpeta de la desjudicialización en un plazo de dos meses, desligando los Presupuestos del Estado de las negociaciones para la mesa de diálogo y de las posibles reformas del Código Penal que se deriven, como en el caso del delito de sedición. La Generalitat asegura trabajar discretamente en este terreno hasta el extremo de que esquiva todo tipo de preguntas sobre este último punto. “La certeza es que el Código Penal contiene delitos de naturaleza política que todas las instancias internacionales dicen que se han de reformar. Suiza, Alemania o Francia lo hicieron para adaptarlos a la democracia y los derechos humanos”, se ha limitado a precisar ayer la portavoz Patrícia Plaja. Interpelada sobre los mensajes procedentes desde la Moncloa en relación a que no existen ahora mismo las mayorías parlamentarias suficientes para reformas de ese calado, la dirigente republicana ha matizado que “se debe trabajar para esos nuevos acuerdos antes de final de año. Y si se llega a ellos, la mayoría estará”.
El Ejecutivo catalán rechaza cualquier “intercambio” de cromos entre ambos gobiernos en esos ámbitos, ciñendo las Cuentas estatales a la acción de los partidos en el Congreso. En todo caso, insta al Gobierno español a reformar la sedición siguiendo recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo de Europa y Naciones Unidas: “Son la mejor hoja de ruta a seguir”. “Es una evidencia que con la inclusión de delitos como la sedición y otros no hace más que ratificar y constatar que el Estado español hoy tiene un déficit democrático”, ha valorado Plaja. Pese a no posicionarse públicamente sobre cuál es la reforma del Código Penal que quiere el Govern, ha indicado que “el Gobierno sabe cuál es la mejor de las opciones”. Ha citado asimismo como ejemplo el informe aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los presos del 1-O elaborado por el presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos, Boris Cilevics, que defiende la reforma de los delitos de sedición y rebelión, y retirar las euroórdenes.
Paralelamente, el gabinete de Aragonès ha aplaudido el reciente informe suscrito por la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, donde se corrobora que la libertad de expresión ampara los llamamientos de políticos a favor de la independencia por vías pacíficas y legales, si bien dicho documento no alude a ningún caso concreto. “El Consejo de Europa vuelve a clamar lo que hace años que el Estado español no quiere ver y la Generalitat no dejará de defender. No se puede perseguir al independentismo, un movimiento político, democrático y pacífico”, ha manifestado Plaja. Según la interpretación del Govern, el Consejo de Europa “recuerda que las sanciones penales no son aplicables a quien utilice la libertad de expresión de forma pacífica”, al tiempo que “recoge la importancia de examinar la legislación penal para evitar sanciones desproporcionadas”.
Bajo el título Libertad de expresión política: un imperativo para la democracia, en el informe se expone que los políticos tienen derecho a "hacer propuestas siempre que los medios defendidos sean pacíficos y legales y los objetivos no vayan en contra de los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos". "Eso incluye", añade, "llamados a cambiar una constitución centralista en federal o confederal, o viceversa, o cambiar el régimen jurídico y las atribuciones territoriales entidades (locales y regionales), incluso para otorgarles un alto grado de autonomía o incluso independencia".
A través de Twitter, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha aseverado que "el Consejo de Europa lo dice bien claro: promover cambios pacíficos y democráticos en un estado es libertad de expresión. La comunidad internacional sigue ampliando la protección de los derechos humanos y todos los estados deberán hacer los deberes. ¡Seguimos!".
En un comunicado, ERC ha aplaudido también dicho informe. "Lo que dice Pejcinovic es especialmente relevante, porque el Secretariado General representa la rama más política del organismo", ha recalcado la senadora Laura Castel, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Aunque la formación republicana admite que Pejcinovic no menciona explícitamente ningún caso concreto, como podría ser el de Catalunya, sí inciden en que "basa su informe" en el conocido como informe Cilevics de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que sí aludía directamente al caso catalán. La diputada de ERC en el Congreso, Montse Bassa, ha ido más allá y ha interpretado que se trata de "otro triunfo que nos facilitará ganar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ya que el informe "vuelve a dar la razón" al independentismo, al estimar que apunta a que "defender la independencia no es delito, hay que reformar el delito de sedición" y acabar con la "represión".