Aragonès desvela que pactó con Sánchez no "impugnar" el 25% de castellano en las aulas

Pere Aragonès desveló este pasado jueves durante una entrevista en TV3 que alcanzó un acuerdo en la mesa de diálogo con el Gobierno español para no aplicar la sentencia del 25 % de castellano en el sistema educativo catalán. En concreto, Aragonès señaló que el pacto consistía en no "impugnar" la ley del catalán en la escuela, es decir que el Ejecutivo no la recurriera ante el Tribunal Constitucional (TC). Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez han salido al paso afirmando que lo que se acordó fue garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas.

En un momento de la entrevista, el president señala que era imprescindible en la mesa de diálogo que "no nos impugnan la ley del catalán en la escuela" porque "si empiezas una negociación y lo primero que hacen es impugnar la ley que defiende el modelo por una amplia mayoría del Parlament, ya podemos plegar".

Al hilo de estas declaraciones, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha recordado que existe una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que aplicarán lo que decidan los tribunales. Asimismo, ha insistido en que el acuerdo con Aragonès era para garantizar la convivencia del catalán y el castellano en el sistema educativo catalán.

Bolaños, al ser preguntado hoy sobre esta cuestión, se ha remitido al documento pactado en el mes de julio, cuando se reunió la mesa de dialogo en Madrid y firmaron dos acuerdos, uno sobre el catalán y otro sobre la "desjudicialización del conflicto" en Cataluña, según indica el texto.

El ministro ha señalado que ese documento es "absolutamente público" y lo que se pactó fue "garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas", ha sostenido.

Sin embargo, ha recordado que existe un procedimiento judicial, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC que "se está dilucidando", ha apuntado. "Por supuesto lo que finalmente los tribunales decidan es algo que las administraciones públicas no tenemos nada que decir, hay que aplicarlo sin más", ha añadido.

Reforzar una y otra lengua

En el citado acuerdo firmado en julio tras la reunión de la mesa de diálogo, el Gobierno plasmó por escrito su apoyo a la ley aprobada en el parlamento catalán que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas y además se comprometió a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan tanto oral como escrito en catalán a quien lo solicite.

De esta forma, el Gobierno Central reconoce la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua en función de su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament, según destacó Bolaños. Esta norma ignora una sentencia del TSJC que establece un mínimo del 25% de clases en castellano.

A este respecto, el ministro elogió la norma al señalar que es un "muy buen ejemplo" de los acuerdos amplios y transversales que defiende el Gobierno. Asimismo ha sostenido que es una norma "perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario", según ha expresado.

Sin embargo, el TSCJ ya señaló que veía "vicios de inconstitucionalidad" en la ley y presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Advirtió además de la "imposibilidad legal" de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza.