Por si el patio político estaba poco revuelto, Catalunya acudirá por sorpresa a las urnas el próximo 12 de mayo. El portazo de los comunes a las cuentas que pactaron ERC y PSC ha empujado a Pere Aragonès a adelantar las elecciones nueve meses, coincidiendo además con la aprobación y desarrollo de la ley de amnistía, una convulsión inusitada en el Estado español y más dudas que certezas en el mundo independentista. “Las líneas rojas y el bloqueo entre unos y otros ha comportado que el presupuesto con más recursos de la historia de la Catalunya haya sido rechazado”, ha justificado su decisión el president en una comparecencia de seis minutos donde ha reprochado los vetos cruzados que “no van contra el Govern sino contra los intereses de los ciudadanos y los servicios públicos”, tildando de “irresponsables” a los grupos parlamentarios que le han forzado a adoptar esta decisión.
Aunque Esquerra llega a la cita mermada por sus últimos resultados electorales, los republicanos entienden que la fecha marcada es propicia porque no están tan lejos del partido de Salvador Illa, que podría acusar el desgaste que sufren los socialistas a nivel estatal por la concesión de la medida de gracia y la corrupción, en tanto que el caso Koldo planea también sobre la figura del exministro de Sanidad. También podrían pillar desnortado a Junts, que maneja la opción de presentar a Carles Puigdemont como candidato, sin un nombre claro en el horizonte y tratando de sacar rédito a su liderazgo; y con la CUP en pleno proceso de refundación durante el próximo trimestre. El PP cuenta con hacerse con la desaparición de Ciudadanos y con un desgaste de la extrema derecha de Vox.
El Parlament ha rechazado la tramitación de los presupuestos al prosperar las enmiendas a la totalidad que habían presentado cuatro grupos. La votación, rodeada de mucha tensión por la búsqueda desesperada de apoyos de última hora por parte del Govern, ha finalizado con 68 votos a favor y 67 en contra. ERC y PSC contaban con el respaldo de la diputada del grupo mixto Cristina Casol pero les falta un voto que no llegó. Los comunes de Jéssica Albiach pidieron como condición para retirar su enmienda que Aragonès rechazara de manera nítida el polémico proyecto del megacasino en Tarragona, el Hard Rock. Ante el bloqueo, el líder de Junts, Albert Batet, ya había adelantado horas antes: “No pueden alargar esta agonía. O hay una propuesta clara y sólida o le corresponde convocar elecciones”.
Aragonès afirma buscar con este volantazo un Ejecutivo “con mucha más fuerza” para continuar avanzando y acelerar las transformaciones sin depender de los inmovilistas. El president ha lamentado que los grupos dijeran “que no a 1.000 millones de euros para combatir la grave sequía”, así como a incrementar un 10% el presupuesto de Educación, a 1.400 millones de euros para el sistema de salud y a 1.200 euros para políticas de vivienda. También precisó que se rechaza el presupuesto “más alto de cultura y lengua de toda la historia”, además de 1.000 millones para investigación, desarrollo e innovación, y 700 para industria. “Estos son unos buenos presupuestos y, si han dicho que no y han tenido la irresponsabilidad de decir que no, no me quiero imaginar qué responsabilidad podríamos esperar ante unos presupuestos diferentes”, ha matizado, anunciando que las cuentas de próximos años no podrán ser tan expansivas como éstas. En su balance, ha defendido que actualmente hay “más maestros, más sanitarios, más Mossos que nunca” y que Catalunya tiene la tasa de paro más baja de los últimos años. “Donde había represión, era imprescindible abrir caminos de libertad, a través de la negociación y el diálogo para liberar a los presos políticos, como así ha sido, y para alcanzar la amnistía, como así será”, ha subrayado, para situar este paso como el prólogo para que Catalunya decida libremente su futuro.
“Hoy en Cataluña hay dos proyectos políticos, dos formas de entender el país: una es una visión conformista, anclada en el pasado, que está cómoda con la dependencia del Gobierno del Estado y que propone soluciones antiguas a problemas nuevos”, ha censurado Aragonès. Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reaccionado casi a modo de lema: “El PSC está preparado y yo estoy preparado”. “Catalunya necesita un presidente, no un candidato, para prosperar. Los catalanes votarán entre avanzar o retroceder. Los catalanes decidirán y votarán entre pasar página o volver al pasado”, ha considerado. Los comunes no se inmutan pese a que su marca no pasa por el mejor de los momentos. Detectan que hay un nicho de crecimiento en el voto ecologista y el proyecto del Hard Rock es paradigmático para levantar esa bandera, afeando al PSC como la izquierda que abona los grandes macroproyectos e infraestructuras con el argumento del crecimiento y la creación de ocupación, y acusando a ERC de “no tener una política climática clara” y cediendo ante el interés de socialistas y de los “lobbies especulativos” a la hora de defender el macrocomplejo, la B-40 o la ampliación del aeropuerto.
Puigdemont en el horizonte
Por su parte, el calendario previsto respecto a la ley de amnistía es que regrese al pleno del Congreso a mediados de mayo para levantar todas las enmiendas que haya recibido en el Senado, en su mayoría procedentes del PP. De esta forma, la norma que borra toda responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el procés y abre la puerta al regreso de Puigdemont podría entrar en vigor a finales de mayo. Al final, el día de su vuelta y su papel en estas elecciones lo decidirá el expresident, sobre el que vuelve a pivotar la política catalana, siempre azarosa. De repente, todas las miradas vuelven a dirigirse a Junts y hacia él hasta el punto de que el propio partido no descarta que pueda ser su candidato pese a que iba a liderar la plancha de las elecciones europeas del 9 de junio. La táctica de JxCat es explotar al máximo el potencial de su líder y enarbolarlo como en 2017. El hecho de que regrese para cuando se celebren los comicios, algo improbable, es lo de menos según ha reconocido el secretario general, Jordi Turull. A su juicio, ERC ha buscado que las urnas lleguen sin que la amnistía haya beneficiado a los líderes del procés y pillarles con el pie cambiado. Entiende que gracias a la ley que hoy posiblemente aprobará el Congreso, Puigdemont podrá volver a Catalunya y asistir al debate de investidura posterior a las elecciones convocada por Aragonès “por sectarismo, por cálculo electoral”, pensando que JxCat no tendría decidido su candidato y la medida de gracia aún no se estaría aplicando.
“Presentaremos al mejor candidato a president de la Generalitat, alguien que tenga la nación en la cabeza y en el corazón, no como los que nos han precedido, que quizá tienen más vocación de ser gobernador civil o delegado del Gobierno en Catalunya”, ha aseverado Turull, que cree que es “un momento muy trascendente”. Interpelado sobre cuál será el nombre del candidato, habla del president en el exilio: “Cada vez que me han preguntado quién sería el candidato de JxCat, me han oído decir quién queríamos que fuese”, ha comentado, en velada alusión a Puigdemont, que ya concurrió a las elecciones catalanas de 2021 como simbólico número uno de Junts, aunque la candidata efectiva era Laura Borràs. “El cálculo le puede salir mal a Aragonès. Esta convocatoria de elecciones anticipadas es la historia de un fracaso” de un president que “se comprometió a culminar el proceso hacia la independencia” pero que “ha deshecho la unidad independentista” y “ha mostrado más complicidad con el Gobierno del PSOE”, ha cargado Turull. Puigdemont ha añadido que no había tenido tiempo de hablar con sus abogados para sopesar si se presentará como candidato. “Con el calendario que propone el presidente Aragonès es evidente que podré estar presente en el debate de investidura y me haría mucha ilusión”.