El espionaje a más de 60 políticos independentistas, "el más grave de la democracia" en palabras de Pere Aragonès, puede abrir un boquete en la legislatura española difícil de arreglar si Pedro Sánchez no se aviene a dar explicaciones y responder lo más raudo posible en puertas de tener que validarse el decreto anticrisis. Tras la reunión que el president mantuvo ayer jueves en el propio Congreso de los Diputados con las formaciones políticas víctimas de esta actuación mediante el programa Pegasus, además de con Unidas Podemos; el líder republicano aseguró tener "confianza cero" en el Ejecutivo de coalición y advirtió de que le resultará "inviable" colaborar con Moncloa si no depura ya responsabilidades. "El solo paso del tiempo no va a ser la fórmula que el presidente o el Gobierno puedan tomar", en tanto que las medidas deben ser "claras, concretas e inmediatas" y con unas explicaciones que "no se pueden eternizar", valoró Aragonès. "La pelota está en su tejado", zanjó visiblemente enfadado y reiterando la necesidad de una investigación interna "transparente" ante un hecho que "no puede quedar impune".
El espionaje masivo desvelado por la plataforma Citizen Lab, con un software que "solo pueden comprar los Estados", ha puesto patas arriba un escenario político de por sí enrevesado y contaminado por el conflicto bélico, y puede volver a servir de pegamento a la relación entre las fuerzas soberanistas. Un episodio "extremadamente grave" que el Jefe del Govern avisa de que puede marcar un antes y un después, conminando a que se aclare quién ha sido espiado, quién lo ordenó, quién lo sabía, qué datos se han obtenido, qué se ha hecho con esa información y el porqué, exigiendo que se proceda a abrir una comisión de investigación que aclare si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha tenido algo que ver y que los partidos implicados quieren que también se produzca en el Senado. "Si pretendes que tu socio te siga dando apoyo ante la sospecha clara de que organismos del Estado están vinculados a un espionaje masivo como el que hemos conocido tienes que tomar decisiones, tienes que ser muy claro y tienes que llegar hasta el final", alegó el president, aventurando que "a partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno español, también el Gobierno de la Generalitat y los partidos políticos van a adoptar las suyas sobre el futuro de la legislatura". No en vano, sin el respaldo de Esquerra o de otros aliados, el Ejecutivo tiene casi imposible sacar adelante leyes pendientes por aprobar como la de Memoria Democrática, la Ley Audiovisual o la nueva ley de Vivienda.
El PNV interpelará a Robles
De la importancia de la presencia de Aragonès en el Congreso da fe lo raro que resulta que un president acuda allí, y más si no es por algún tipo de celebración u homenaje. Aterrizó Artur Mas en 2014 a rendir tributo al expresidente Adolfo Suárez, cuando se abrió su capilla ardiente; y José Montilla, en el Día de la Constitución de 2009. El líder de ERC mantuvo ayer además una charla telefónica con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que se mostró "profundamente preocupado". "Nadie, y me incluyo, tiene certeza de no ser espiado por los servicios de inteligencia. Es grave en cualquier caso, pero siendo representantes políticos pone aún más de relieve el nivel de calidad democrática del propio sistema de gobierno", manifestó el dirigente jeltzale. En este sentido, el próximo miércoles trasladará a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la siguiente pregunta en Pleno: "¿Qué artículo de qué ley le impide dar datos a este Parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado".
A la cumbre con el republicano acudió la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien acusó al Gobierno español de "minusvalorar la gravedad" de un espionaje político que "no puede quedar impune". "El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto con urgencia. Esto no puede quedar así. Su inacción puede tener consecuencias políticas", puso de relieve una vez que los grupos afectados acordaron coordinar acciones.
Particularmente dura se mostró la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, para quien el Ejecutivo de Sánchez está "contribuyendo a blanquear un sistema absolutamente podrido" que no solo vulnera la intimidad de los diputados independentistas sino los de toda la Cámara. Así, urgió a PSOE y Podemos a elegir cómo afrontar "esta gran crisis democrática". "Deben explicarse, investigar y depurar responsabilidades, si no lo hacen son cómplices" de lo que tacha de "persecución ideológica", toda vez que recordó que en 2015 se creó dentro del CNI la unidad de defensa de los principios constitucionales que identificó con la unidad nacional. Más prudente fue el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, quien aseveró que "a nadie le puede pasar por la cabeza que esto pase como un calentón de primavera", pero su marca no quiere condicionar su posicionamiento respecto al plan anticrisis con este suceso. "No estamos instalados en el no a todo pero no estamos como antes de las vacaciones".
Quien se pronunció sin complejos, como verso suelto, fue el diputado socialista por Gipuzkoa, Odón Elorza, para quien "el ciberespionaje socava los principios del Estado de Derecho y, en ese escenario, la democracia debe responder, en especial en el Congreso, con mecanismos de investigación, transparencia, control parlamentario y rendición de cuentas".
Investigar desde el Senado
Para más inri, 21 senadores de ERC, Bildu y Junts registraron la petición para crear la comisión de investigación también en la Cámara Alta con el fin de "conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado" en estas "intromisiones ilegales", pese a que en el Senado solo pueden ser promovidas por al menos 25 senadores que no pertenezcan al mismo grupo.
Sánchez, ayer jueves en Kiev para arropar al presidente ucraniano Volodomir Zelenski, tendrá que recoger el guante. O se le torcerá la legislatura.